El Gobierno negocia con el Grupo Popular una profunda reforma en la composición de los cuerpos de funcionarios

El acceso a los puestos de la escala directiva en la Administración central sólo podrá tener lugar en el futuro mediante la obtención del correspondiente diploma otorgado por la Escuela Nacional de Administración (ENA). La regulación de las modalidades de este diploma, así como las características que tendrá esta escuela, -que sigue el modelo administrativo francés- están siendo negociadas entre socialistas y miembros del Grupo Popular, como parte fundamental de las conversaciones para llegar a un consenso parlamentario en torno a la reforma de la función pública.

La ENA contará con cuatro cursillos de especialización: administración general (cuyo diploma será obligatorio para aspirar a cualquier dirección o subdirección general no específica), servicio exterior (que englobará, entre otras, a la escuela diplomática), administración tributaria y financiera, y administración social (que comprenderá, entre otras especialidades, la inspección de trabajo). Todas las especialidades de la escala directiva del servicio civil de la administración del Estado deberán incluirse en estos cuatro apartados.Tanto la idea de crear la ENA como la de exigir la obligatoriedad de los correspondientes diplomas emanados de cualquiera de los cuatro cursillos especiales que impartirá la escuela resultan originales en la legislación española y guardan cierta similitud con el modelo francés de administración pública. Ni el anteproyecto presentado por el Gobierno ni el texto alternativo de medidas urgentes para la reforma de la función pública elaborado por la oposición conservadora incluían estos conceptos, sobre los que ahora gira el vértice de la negociación en el Congreso de los Diputados.

En la búsqueda del consenso sobre la reforma de la función pública participan, por el Grupo Socialista, su presidente, Javier Sáenz Cosculluela; su secretario general, Eduardo Martín Toval; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, y el diputado Justo Zambrano. Por el Grupo Popular participan su portavoz, Miguel Herrero, y el especialista en temas administrativos Arturo García Tizón. El texto resultante del acuerdo entre los dos grupos mayoritarios del Congreso será sometido a los restantes grupos parlamentarios.

Se planea la inclusión en el proyecto de ley de un amplio capítulo de medidas transitorias que haga posible que los funcionarios que ya se encuentran en las distintas especialidades de la escala directiva reciban automáticamente sus correspondientes diplomas sin necesidad de pasar por la ENA.

Por otro lado, la ENA establecerá conciertos con otras escuelas similares de posible creación en las comunidades autónomas para garantizar tanto la profesionalización de las administraciones como la necesaria coordinación en la selección y formación de altos funcionarios. Todo el funcionariado del Estado pasará a depender genéricamente del Ministerio de la Presidencia, aunque pueda quedar bajo la dependencia específica de sus respectivos departamentos ministeriales. Presidencia se configura así como un importante ministerio de control y gestión sobre la ENA.

Tanto socialistas como populares han llegado al acuerdo tácito de concluir sus negociaciones en breve, de manera que la ley que reforma la función pública sea enviada al Boletín Oficial del Estado el próximo día 30 de junio como fecha límite.