El Grupo Popular estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad

El Grupo Popular ha comenzado los estudios previos para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto relativo a las organizaciones deportivas que, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, impedirá a Pablo Porta -en algunos sectores se considera que se trata de una medida dirigida especialmente a él y a otros 15 presidentes presentarse a las reelecciones.La reacción del Grupo Popular ante el decreto alega que es anticonstitucional "al privar de libertad a unas personas que pueden ser elegidas como manda la Constitución" y Felipe Benítez, su portavoz en el Congreso de los Diputados, lo calificó de auténtico revanchismo y anunció que sus servicios jurídicos ya están trabajando para formular una interpelación o una llamada de atención al Gobierno socialista.

José María Ruiz Gallardón, diputado aliancista, afirmó que "es el mismo caso que el de la ley de incompatibilidades de diputados y senadores", contra el que el Grupo Popular tiene presentado un recurso previo de inconstitucionalidad, añadió, para concretar que "es un atentado al artículo 14 de la Constitución" y que "al tratarse de un recurso ordinario, el asunto puede demorarse unos tres meses y, entonces, suponiendo que hubiera habido alguna elección, cabría la posibilidad de que el presidente entrante tuviera que volver a cederle el paso al anterior; recuérdese lo de los concejales readmitidos".

Fernando García Falla, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y letrado del Congreso de los Diputados, manifestó ayer a EL PAÍS que "como norma de justificación para que no haya perpetuación de las personas en los cargos presidenciales, puede que la normativa no resulte tan discriminatoria como, a simple vista, parece. Establecer requisitos justificados no es discriminar, porque no apunta a personas individualizadas".

Fernando García Falla declaró que "en principio, cualquier decreto que resulte discriminatorio para una colectividad sin causa justa es anticonstitucional. Pero, por lo que yo conozco hasta ahora, sin poder hacer un pronunciamiento formal mientras no vea el texto íntegro, el real decreto realiza unas limitaciones en términos tan generales como la de impedir optar a la reelección a las personas que lleven ya tres legislaturas". En cualquier caso, una sola coma puede convertir el real decreto en discriminatorio y, por lo tanto, en anticonstitucional, según el artículo 14 de la propia Constitución". "El texto no hace un retrato de las personas que se sienten discriminadas, pero sí es verdad que afecta a unos individuos concretos, por lo que cabría el caso de que ellos pudieran invocar el artículo 14", concluyó.

Javier Solana afirmó ue "existen en múltiples instancias, no sólamente nacionales, sino también internacionales, limitaciones en la duración de los mandatos mucho más estrictas de las que se plantean en este decreto, en el que se indica que los presidentes no puedan durar más de doce años".