El PDP desea encauzar la actitud de los funcionarios opuestos a la reforma administrativa socialista
Cuatro organizaciones de funcionarios han expresado su apoyo al centenar largo de enmiendas presentadas por el Partido Demócrata Popular (PDP) a los proyectos de ley sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración y sobre medidas para la reforma de la función pública. Al terminar las reuniones desarrolladas en Madrid el viernes y el sábado para debatir dichas propuestas, el PDP anunció que presentará varias proposiciones al Parlamento y reunirá las firmas de 50 diputados para instar un recurso de inconstitucionalidad contra la supresión de pensiones para quienes reciban remuneraciones estatales, contenida en la ley de Presupuestos del Estado para 1984.
El foro de encuentro entre representantes de los funcionarios y las iniciativas y hombres del PDP ha sido el primer debate de las Aulas de Humanismo Juan Luis Vives. Se trata de clubes de opinión, promovidos con la participación de antiguos miembros de UCD, que pretenden traducir el pensamiento humanista en alternativas concretas a la crisis política, ideológica y de valores. Habían sido invitados, aunque no asistieron, representantes de los sindicatos CC OO y UGT, cuyo frecuente papel de interlocutores ante la Administración -atribuido a su presencia en las consultas parciales registradas en diversos colectivos- fue cuestionado por todos los presentes, partidarios de que haya elecciones ya en la Administración, sin demorarlas hasta 1986.Los sindicatos con representación en los debates -la Federación de Cuerpos (Fedeca), la Confederación Española de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CESIF), la Unión Sindical de Trabajadores de la Administración (USTA-USO), y la Confederación de Trabajadores Independientes (CTI)- expresaron su apoyo general a las enmiendas del PDP, que sometieron a análisis y criticaron en diversos aspectos.
Fruto del intercambio de opiniones será un texto alternativo del PDP a la ley de incompatibilidades, con el fin de darle contenido de norma básica y de extenderla a todo el sector público, si bien por la CTI Ceferino Maestu opinó que las incompatibilidades no deben extenderse al personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud (Insalud). Asimismo, el PDP, por boca de José Manuel García-Margallo, anunció el citado recurso de inconstitucionalidad y una proposición no de ley para que el Gobierno retire todos los proyectos que afectan a los funcionarios y no han sido consultados a los mismos, remita a las Cortes un proyecto que permita celebrar elecciones inmediatamente, consulte a las comunidades autónomas y elabore un proyecto estatutario.
Juan Damián Traverso, de Fedeca, entidad que agrupa a una treintena de altos cuerpos de la Administración, se comprometió a participar en grupos de trabajo con el PDP para desarrollarlas. Román Rodríguez Touza, de CESIF, expresó su confianza en que mediante estas iniciativas se forme la fuerza más importante entre los funcionarios. Enrique Álvarez, de USTA-USO, también expresó su acuerdo y apuntó como objetivo el conseguir un estatuto de los funcionarios. Ceferino Maestu, de CTI, pidió igualmente elecciones inmediatas.
Otro representante del PDP, José María Álvarez del Manzano, portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, mostró enorme preocupación ante cómo se deteriora la función pública por la falta de sensibilidad de quienes detentan el poder", y reclamó para la misma participación, estabilidad e independencia.
En síntesis, el PDP opina que los proyectos del Gobierno atentan contra la estabilidad de la Administración y la buena marcha de los servicios públicos, rompen el pacto constitucional entre Administración central y comunidades autónomas, consagran la arbitrariedad y el clientelismo, ignoran el principio de seguridad jurídica, y no permiten la real participación de los funcionarios.
Una de las enmiendas del Partido Demócrata Popular pide mayor participación en el Consejo Superior de la Función Pública, así como la necesidad de que emita dictámenes preceptivos sobre todas las disposiciones que afecten a los funcionarios, ofertas anuales de empleo, etcétera.
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