El pleno rechazó las enmiendas críticas a los nuevos estatutos
La ponencia de Organización y Estatutos fue la única que, como se advirtió en la sesión del sábado, generó ayer un verdadero debate congresual. El actual vicepresidente primero de AP, Fernando Suárez, votó en contra de la misma, porque, según dijo a EL PAÍS, no comparte la filosofía que se desprende de los nuevos estatutos: "La organización del partido debe ir de abajo arriba; es jurídicamente insostenible que un comité electoral nacional pueda alterar las propuestas de candidaturas de las bases". El ponente, Juan Ramón Calero, se empleó a fondo para evitar que prosperasen las enmiendas defendidas por la delegación de Valladolid, que pretendían evitar que los recién llegados al partido pudieran ocupar cargos directivos en la organización o formar parte de candidaturas electorales, salvo en condiciones extraordinarias. La mesa del congreso organizó el debate y la votaci6n de la forma más desfavorable posible para los discrepantes, por lo que protestó un portavoz de Valladolid.Los enmendantes plantearon con claridad sus objetivos: "Se trata de evitar las aproximaciones de carácter oportunista; las puertas de AP están abiertas siempre, no sólo en épocas electorales; que vengan hombres a, servir y no a servirse, que vengan los generosos de corazón y no los ambiciosos de poder" afirmó Félix Alonso Zancada, el enmendante. Calero le replicó con dureza, acusándole de sembrar la desconfianza en las asambleas de militantes, "que son las que eligen cargos y, candidatos". Pero utilizó otro argumento más político y más real: si AP pone condiciones a las nuevas incorporaciones no podrá encuadrar a la clase política de la derecha aún no organizada, que se irá a otros, partidos, incluso coaligados. Las enmiendas fueron ampliamente derrotadas, aunque alcanzaron 137 votos a favor y motivaron los únicos silbidos y aplausos discrepantes con los argumentos oficiales.
Miguel Herrero se puso ayer el congreso en el bolsillo. Los aplausos de los compromisarios puestos en pie atronaron el Palacio de Deportes de Barcelona cuando el portavoz parlamentario del Grupo Popular terminó su defensa de la ponencia política. No hubo necesidad de someterla a votación. El presidente del congreso, Juan de Arespacochaga, se limitó a preguntar si alguien votaba en contra o se abstenía. Un generalizado grito de "Nooooo" retumbó en la sala. Se dio por aprobada por unanimidad.
Herrero cortejó hábilmente a los viejos aliancistas -cuyos resquemores han provocado los pocos conflictos de este congreso-, rindiendo homenaje a quienes "desde el primer momento estuvieron con Fragá", y cuya "clarividencia y valentía" abrió el camino que "muchos seguimos después hasta ser legión". Definió a la patria como un "ser cuasi carnal" -y fijó los objetivos de AP en la construcción de una España "libre, progresista y progresiva", abierta a la historia y al futuro. "El destino está en nosotros mismos, porque los hados conducen, pero nunca arrastran", dijo. Lanzó vivas a la libertad creadora, al enriquecimiento colectivo y a la pluralidad, y acabó afirmando que la "Historia de España, en mayúsculas, llama a las puertas de AP y nos emplaza a ganar las próximas elecciones generales", pero advirtió que "la Historia no llama muchas veces a la misma puerta".
Por unanimidad también fue aprobada la ponencia económica, defendida por José Ramón Lasuén, quien propuso la profunda transformación del papel del Estado en la economía, como ha ocurrido históricamente con ocasión de cada crisis económica. Lasuén abogó por la flexibilización del mercado de trabajo, del control de cambios y del mercado de capitales, y negó que el Estado que se propone sea un Estado antisocial. Ese nuevo Estado deberá producir más bienes públicos, reducir las subvenciones a las empresas estatales ruinosas y a la Seguridad Social en bancarrota y favorecer el ahorro y la inversión privada. Deberá reindustrializar antes de reconvertir. Mantendrá el impuesto progresivo -paga más quien más gana-, pero complementando este principio con otro criterio igualmente justo: que pague más quien más gaste y menos quien más ahorre. Señaló, por último, que lo que debe preocupar -"para evitar el deterioro del Gobierno actual"- es que no se tomen decisiones y se hagan promesas que luego no se puedan cumplir, cuando tengamos que ejecutarlas".
