El Consejo Supremo de Justicia Militar suavizó las sanciones a firmantes del 'manifiesto de los cien'

El Consejo Supremo de Justicia Militar rebajó en varios casos las consecuencias de las sanciones impuestas a militares firmantes del denominado Manifiesto de los Cien, de claro contenido desestabilizador, que fue difundido en diciembre de 1981 suscrito por cien oficiales y suboficiales de la I Región Militar (Madrid). Cuatro capitanes firmantes, entre ellos el hijo del dirigente ultra Blas Piñar, sufrieron un arresto de cuatro meses, espacio de tiempo que debían haber perdido a efectos de antigüedad en el escalafón, pero esta consecuencia fue anulada en varios casos por el Consejo Supremo de Justicia Militar.

El entonces capitán general de Madrid, teniente general Guillermo Quintana, impuso arrestos de dos meses, por falta leve a 39 del centenar de firmantes, a la vez que orden , ó la apertura de un expediente judicial a ocho capitanes y un brigada, considerados los promotores del manifiesto.Como consecuencia de ese expediente, fueron sancionados con cuatro meses de arresto, como autores de una falta grave, los capitanes Blas Piñar, Rogelio González Andrada, Eugenío Martín Peralta y José Lorenzo Esperante, que cumplieron sus arrestos en castillos militares.

El artículo,428 del Código de Justicia Militar dice, entre otras cosas: "El arresto de dos meses y un día hasta seis meses producirá la pérdida del tiempo de servicio y, por consiguiente, de la antigüedad durante el mismo". Esto significa que numerosos compañeros de los arrestados situados por debajo de éstos en los escalafones hubieran debido saltar por encima de los sancionados.

Sin embargo, varios de los arrestados -no ha sido facilitada su identidad- recurrieron ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, que en su día consideró como falta leve la actuación de varios de los sancionados motivo por el que no fue aplicada la pérdida parcial de antigüedad en el escalafón. Al parecer, las autoridades judiciales militares tuvieron en cuenta que, con la legislación actual, los procedimientos seguidos por expedientes militares no contemplan con suficiencia garantías para los implicados, como la asistencia letrada o, los plazos adecuados para la preparación de la defensa.

En el previsto Régimen Disciplinario para. las Fuerzas Armadas, las pérdidas de libertad impuestas a militares por faltas graves -que quedarán comprendidas entre un mes y un día y dos meses, en lugar de los dos meses y un día y seis meses actualesestarán precedidas de procedimientos judiciales en los que se contemplen garantías similares a los procesos civiles.

Día de la Constitución

El Manifiesto de los Cien, que fue calificado de golpista en numerosos círculos, fue difundido íntegramente por la agencia Europa Press en la noche del 5 de diciembre de 1981, sólo una hora antes de comenzar la jornada en la que se celebra anualmente el Día de la Constitución. En el escrito, se decía, entre otras cosas, que "el poder político debe respetar la necesaria autonomía ole los ejércitos en cuanto a organización y funcionamiento interno". Criticaba los "ataques, insultos, injurias y calumnias generalizados o directos contra miembros de las Fuerzas Armadas", así como "los intentos de desprestigio de la Legión y la Guardia Civil'. En ambos casos, las críticas eran dirigidas a los medios de comunicación.

Igualmente, el citado manifiesto incluía críticas a "la retirada de los nombres de las calles de nuestros pueblos y ciudades de aquellos que, vistiendo el uniforme militar, desempeñaron los puestos de mayor responsabilidad en la historia reciente de la patria".

"Los insultos y ataques a nuestros compañeros", decía, "los consideramos dirigidos a la colectividad con las consecuencias que ello dé lugar, pues tenemos el Código de Justicia Militar para corregir debidamente al que cometa alguna falta, y nuestra fama y prestigio no puede estar enboca de cualquiera".

El manifiesto fue llevado a la agencia Europa Press por varios de los oficiales firmantes, alguno de los cuales también acudió con el texto a diversos medios de comunicación, cuyos responsables se negaron a publicar el documento.