"La notificación de la detención al Colegio de Abogados debe ser inmediata", según Pedrol
"No advertimos razón alguna para que, en el caso de los detenidos no incomunicados, no se notifique inmediatamente al Colegio de Abogados el hecho de la detención". Esto manifestó el presidente de los abogados españoles, Antonio Pedrol, en relación con la regulación de la asistencia letrada al detenido aprobada el pasado jueves por la Comisión Constitucional del Congreso. Por su parte, el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), José María Mohedano, consideró negativo que esta ley no acabe con la incomunicación, "que favorece la tortura".
Entre las reacciones suscitadas en sectores jurídicos y promotores de los derechos humanos por el texto aprobado por la citada comisión (ver EL PAIS de 1 de julio), es de destacar la de¡ presidente del Colegio de Abogados de Madrid y del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol, quien aunque hizo una valoración global positiva de la nueva regulación, no ocultó a este periódico sus críticas sobre algunos extremos.Pedrol resaltó los aspectos "fundamentalmente positivos" del proyecto, "que da satisfacción a las reivindicaciones constantemente expresadas por la abogacía sobre la irrenunciabilidad y la participación activa del abogado en las diligencias policiales y sumariales". Estimó especialmente valioso que se ponga fin al "inexplicable volumen de renuncias a la asistencia letrada, que alcanzan en algunas comisarías al 50% de los detenidos y suele no bajar del 20%". Con la nueva normativa, "sólo será posible la renuncia en los casos de infracciones de tráfico, que carecen de interés", añadió.
"Falta de imaginación" de los diputados
Antonio Pedrol reconoció como "un avance" que los detenidos incomunicados puedan contar con la asistencia de abogado, "aunque sea de ofÍcio". Sin embargo, recordó que el Consejo General de la Abogacía se ha manifestado repetidamente -no ahora, con ocasión de la elaboración de esta ley, sino desde mucho antes- por la libertad plena de todo detenido a la elección de abogado, "por lo que yo me pronuncio", dijo, "absolutamente en favor de la designación libre de letrado". En cuanto a la supresión de la exigencia de que la detención se comunique "de inmediato" al Colegio de Abogados, Pedrol manifestó que se produce un retroceso respecto a la práctica actual, en que se comunica inmediatamente al colegio el hecho de la detención, aunque sea más tarde cuando se avise para que acuda el abogado a prestar su asistencia.Juristas expertos que no quisieron revelar su identidad, para evitar, según dijeron, la susceptibilidad de los parlamentarios, denunciaron a este periódico la "falta de imaginación" de los diputados que, deseando, a tenor de sus afirmaciones en la comisión, evitar la inmediatez de la asistencia letrada para los detenidos incomunicados, la suprimieron para toda clase de detenidos. Como fórmula posible aventuraron la de que se mantuviera la regla general de la inmediatez, y que en el artículo que se refiere a los incomunicados se introdujera una fórmula tal como que la notificación al Colegio de Abogados para que designe abogado de oficio se realizará "cuando lo permitan las diligencias".
Desde una perspectiva más exigente, el presidente de la APDH, José María Mohedano, consideró que la clave de los derechos del detenido es que no se produzcan torturas, por lo que "resulta negativo que la nueva ley no acabe con la fórmula de la incomunicación". Sobre la posición del PSOE en este tema, Mohedano manifestó que "no se puede subordinar la moral al utilitarismo". Para Mohedano, lo decisivo es que no exista incomunicación y para ello cualquier fórmula es buena: "asistencia letrada, presencia del médico, de la familia o de quien sea".
En esta misma línea, contra la incomunicación de los detenidos, se manifestaron recientemente en Ginebra juristas de varios países, con ocasión de un seminario organizado por las Naciones Unidas sobre la aplicación de la regulación internacional de los derechos humanos al derecho interno, en el que participó una delegación del Ministerio de Justicia español.
