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Posibles represalias de Suráfrica contra el ANC en países vecinos, tras el atentado de Pretoria

Soledad Gallego-Díaz

El Ministerio de Defensa del régimen surafricano puede desencadenar en los próximos días operaciones de represalia contra las bases del movimiento de liberación Congreso Nacional Africano (ANC) en países vecinos. Suráfrica acusa a este movimiento de liberación de ser el responsable del atentado perpetrado el pasado viernes en el centro de la ciudad de Pretoria, que causó 17 muertos y 197 heridos.

La bomba, probablemente instalada en un coche, estalló en las proximidades del Cuartel General del Ejército del Aire y del edificio del Servicio de Inteligencia Militar, pero muchas de las víctimas son simples paseantes, blancos y negros, que abarrotaban la calle. Nadie ha reivindicado la paternidad del atentado, pero el ministro de Ley y Orden, Louis le Grange, acusó inmediatamente al ANC, el más importante movimiento de liberación de la mayoría negra surafricana.El ministro de Defensa, general Magnus Malan, acudió al Parlamento (exclusivamente integrado por diputados blancos) para afirmar que el país se encuentra inmerso en "una guerra revolucionaria encubierta", que puede convertirse en cualquier momento en una guerra convencional. Malan amenazó con lanzar operaciones de castigo contra las supuestas bases del ANC en países fronterizos con Suráfrica, como Lesoto, que ya fue objeto de un mortífero ataque militar en diciembre de 1982.

El ANC había reducido últimamente sus actividades terroristas. En los dos últimos años se le atribuyen 42 acciones, frente a las 51 que realizó en 1981. Si finalmente se confirma su paternidad en la explosión de Pretoria, significará que el ANC ha variado su estrategia hacia un tipo de terrorismo más indiscriminado.

Los observadores resaltan que el atentado se produce en un momento especialmente delicado desde el punto de vista político. En las elecciones parciales celebradas este mismo mes, el Partido Nacional, en el poder, ha perdido por primera vez en su historia un escaño a manos del Partido Conservador, de ultraderecha. El primer ministro, Pieter W. Botha, ha presentado un proyecto de reforma constitucional a fin de otorgar limitados derechos políticos a las minorías india (900.000 personas) y colored, es decir, mezcla racial (2,5 millones). Su proyecto, que deja al margen completamente a la comunidad negra, que supone el 70% de la población de Suráfrica, ha sido rechazado tajantemente por los conservadores, quienes afirman que pone en peligro los fundamentos de la sociedad de apartheid. Los ultraderechistas pretenden, por el contrario, recluir a asiáticos y colored en reservas (homelands).

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