El problema de los desaparecidos, principal obstáculo para la "concertación"deseada por el régimen militar

"Vuelve el miedo", titulaba una revista argentina hace unas semanas. El temor a las despariciones a los Ford "Falcon" sin matrícula que tripulan los grupos parapoliciales, está de nuevo presente en el país, mientras la Junta Militar se resiste a explicar qué ha ocurrido con los desaparecidos, entre 10.000 y 30.000 personas secuestradas durante los últimos años, en lo que puede ser uno de los mayores genocidios de la historia desde la segunda guerra mundial.En pleno conflicto de las Malvinas, cuando la mayoría de los argentinos todavía apoyaban la decisión del Gobierno del presidente Gal...

"Vuelve el miedo", titulaba una revista argentina hace unas semanas. El temor a las despariciones a los Ford "Falcon" sin matrícula que tripulan los grupos parapoliciales, está de nuevo presente en el país, mientras la Junta Militar se resiste a explicar qué ha ocurrido con los desaparecidos, entre 10.000 y 30.000 personas secuestradas durante los últimos años, en lo que puede ser uno de los mayores genocidios de la historia desde la segunda guerra mundial.En pleno conflicto de las Malvinas, cuando la mayoría de los argentinos todavía apoyaban la decisión del Gobierno del presidente Galtieri de ocupar militarmente las islas, las Madres de Mayo, una asociación de familiares de los desaparecidos, continuaban manifestándose, como cada jueves, en la histórica Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, el palacio presidencial, y exhibían una pancarta significativa: "Las Malvinas son argentinas; los desaparecidos, también".

La represión desencadenada por los militares argentinos durante la llamada "guerra sucia" contra la guerrilla y los grupos de oposición, que tuvo su punto álgido entre los años 1975-1978, se ha convertido en el principal obstáculo para la normalización democrática del país. La grave crisis económica, la deuda externa inexplicada al país de 40.000 millones de dólares, incluso la humillante derrota militar en las Malvinas, son problemas más fácilmente superables, ante la sociedad argentina y ante la opinión pública mundial, que el de los millares de personas desaparecidas sobre las que nadie quiere dar cuenta.

Cadáveres no identificados

Cuando, el pasado 23 de octubre, se denunció el hallazgo de más de 400 cadáveres no identificados en el cementerio de Grand Bourg, a unos cuarenta kilómetros de Buenos Aires, cierta luz se vertió sobre el dramático problema. Otros centenares de cuerpos sin identificar aparecieron después y la sospecha de que buena parte, sino todos, de los desaparecidos podrían haber sido asesinados cobró mayor entidad y colocó en una situación aún más difícil a la Junta Militar argentina, que lleva años dando largas a la explicación que demandan las Madres de Mayo, la mayor parte de los argentinos y los gobiernos democráticos del mundo.

"Sabemos que muchos de los desaparecidos están vivos, que hay campos de concentración y cárceles secretas donde están detenidos", asegura una de las Madres de Mayo que tiene a su hijo y a su nuera en paradero desconocido desde que fueran secuestrados por fuerzas parapoliciales en 1977. Otras fuentes son menos optimistas: "Creemos que la mayor parte de los desaparecidos han sido torturados y asesinados. Si no, la dictadura habría revelado sus paraderos, aunque no les dejaran en libertad".

El líder radical Raúl Alfonsín declaraba recientemente, refiriéndose a la decisión de "no revisar" la lucha contra la subversión: "Queremos saber si es una resolución de las cúpulas militares actuales o de la institución ( ... ) porque si es una decisión institucional, entonces que sigan gobernando porque no pueden hacernos canallas a todos".

El escritor Ernesto Sábato manifestaba a EL PAIS en Buenos Aires: "El general Bignone ha hablado de explicar al país lo sucedido en estos años del Proceso; pues eso, que expliquen qué ha pasado con los desaparecidos". Y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, señalaba: "las organizaciones en pro de los derechos humanos son hoy día una fuerza a tener en cuenta en Argentina".

Persecución en la catedral

Otra de las Madres de Mayo recordaba los primeros años de su protesta silenciosa, cuando la policía las dispersaba y perseguía hasta la misma catedral, en la Plaza de Mayo. "Muchas veces nos cerraban las puertas de la iglesia para que no nos refugiáramos y otras uno de los deanes acompañaba a la policía dentro del templo, para que nos detuvieran allí mismo, a sólo unos pasos de la tumba del general San Martín, El Libertador, que debe estar pugnando por salir de su sepulcro ante la injusticia que hoy impera en Argentina".

Las Madres de Mayo han estado siempre a la vanguardia en la denuncia del dramático problema de los desaparecidos. Creada hace algo más de cinco años, la asociación agrupa hoy a unas 2.500 madres de todo el país. Sus componentes insisten en que no son una organización política y que su única fidelidad es salvar las vidas de sus familiares desaparecidos o, al menos, tener la certeza de cuál ha sido su destino.

La presídenta de la asociación, Hebe Pinto de Bonafini, que tiene a dos hijos y a una hija política desaparecidos, manifestaba recientemente que las Madres poseen testimonios que confirman la existencia de campos de concentración clandestinos. Y añadía: "Si nuestros hijos no estuviesen vivos eso significaría que se ha cometido un genocidio contra millares de argentinos. Y ese crimen genocida no prescribe; será inútil buscar la impunidad y el olvido..."

Mientras tanto, el general Llamil Reston, ministro del Interior, calificaba hace poco en Córdoba la situación actual de Argentina como "un oasis de paz". Y cuando se le preguntó que cómo hacía compatible esa paz con la vigencia del estado de sitio, respondía: "Gracias al estado de sitio tenemos en el país esa tranquilidad y esa paz, ya que si fuera levantado aquellos que tuvieron que Ver con la subversión podrían volver del exterior y que todos los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional tendrían que salir ( ... ) Por eso aún se mantiene el estado de sitio".

La precaria estabilidad de la Junta Militar argentina se debilitó aun más a principios de octubre, cuando apareció en un barrio residencial de Buenos Aires el cadáver del hombre de negocios Marcelo Dupont, que había sido secuestrado una semana antes. Su hermano, el diplomático Gregorio Dupont, manifestó que el asesinato de Marcelo había sido un "aviso" para él, tras su denuncia de que el ex comandante en jefe de la Marina, almirante Emilio Massera, había estado implicado, en 1978, en la muerte de Elena Holmberg, de 43 años, agregada de prensa de la embajada argentina en París.

Antes de morir, Elena Holmberg habría denunciado la vinculación de Massera con el grupo guerrillero argentino Montoneros, y que el entonces jefe de la Armada les entregó en París más de un millón de dólares. Massera niega cualquier implicación en esta muerte y se querella contra Gregorío Dupont. Pero la bola de nieve sigue creciendo y aparecen nuevas denuncias de conexiones con la desaparición del antiguo embajador argentino en Venezuela, Héctor Hidalgo Solá, y con la pertenenecia a la logia masónica italiana Propaganda Due (P-2) de altos jefes militares y de conocidos personajes del mundo financiero y empresarial argentino. La detención en Suiza del Gran Maestro de la P2, Licio Gelli, ha causado más de una pesadilla a numerosas personalidades argentinas, según informaciones publicadas en los medios de comunicación del país.

El Gobierno ha ido dejando en libertad a algunos presos políticos y, según datos oficiales, sólo quedaban a mediados de noviembre unas 320 personas "a disposición del poder ejecutivo", es decir, detenidas sin cargos ni proceso judicial contra ellas. "Esto supone la tercera parte de los presos políticos que había hace un año, pero no resuelve el problema de los desaparecidos, que la Junta no puede aclarar", comentaba un peronista radical. La aparición de varios "cementerios clandestinos", en los que se hallaron cadáveres de casi uni millar de personas, sería, según otras fuentes, un intento gubernamental de ir "aireando" paulatinamente el asunto de los desaparecidos, con el fin de preparar a la opinión pública para algo que parece obvio a muchos observadores: ninguno de ellos está vivo.

El ex presidente Arturo Frondizi, de 74 años, declaraba hace un par de semanas que "no ha habido solamente desaparecidos en Argentina; ha habido millares de muertos". El líder del Movimiento de Integración y Desarollo (MID) añadía que "hay cientos de fosas comunes" y exigía a la dictadura militar que "citen los nombres de todos los muertos o, por lo menos, que digan dónde se encuentran sus restos". Para Frondizi, las Fuerzas Armadas "deben explicar a la nación por qué mataron a esas personas y cómo las mataron".

La presión internacional contra el régimen se acentuó durante los últimos meses, después de que varios gobiernos europeos se interesaran por la suerte de sus ciudadanos desaparecidos en Argentina. Para un funcionario argentino, este repentino interés en el tema demostrado por varios países de Europa sólo se explica gracias a una hábil maniobra de los servicios secretos británicos, que pretenden desprestigiar internacionalmente a la Junta Militar.

"¿Desprestigiarles más aún?", se pregunta, irónico, un sindicalista de la central CGT-Brasil. "Estos señores tomaron el poder por la fuerza para arreglar el país, qué han hecho?: hundirnos económicamente, privarnos de las libertades básicas, masacrar a miles de personas y, encima, pierden una guerra que ellos mismos iniciaron".

La pretendida concertación que desea la Junta Militar, cuyos detalles se anunciaron oficialmente el pasado doce de noviembre, incluye los apartados "lucha contra la subversión" y "desaparecidos". El comunicado oficial pretendía claramente evadir responsabilidades y señalaba que "esta crisis, ni la más grave ni la primera que hemos vivido los argentinos, es la suma de todos los errores que cada uno y a su tiempo cometimos".

Rumores de golpe

Algunas denuncias difundidas en las últimas semanas han apuntado a personas concretas, como al general Américo Daher, uno de los jefes militares de la guerra de las Malvinas, al que el líder del sindicato Luz y Fuerza acusó hace unos días de ser responsable de la desaparición del sindicalista Oscar Smith, en 1977. Daher era entonces subsecretario de Trabajo y Smith se había entrevistado con él y amenazado con convocar una huelga en la empresa estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires.

Las especiales características de la represión desencadenada por la Junta Militar desde 1976 hicieron que el grado directo de implicación de los oficiales de los tres ejércitos en las torturas y "desapariciones" haya sido muy alto. "A nadie le interesa hoy en las Fuerzas Armadas que se destape ese asunto de la "lucha contra la subversión" porque todos están manchados", afirma un diplomático extranjero que vivió en Buenos Aires los años álgidos de la represión. "Y no hay que olvidar que los generales de hoy eran los coroneles de hace seis años, los que mandaban los regimientos donde se encarcelaba, interrogaba y torturaba a los detenidos".

Es este grado de implicación lo que hace temer estos días no sólo en el retorno de los grupos parapoliciales, como demostraría el asesinato de Marcelo Dupont y las amenazas recibidas por varios periodistas, sino en un intento de golpe de estado, fundamentalmente dirigido a impedir las investigaciones sobre los desaparecidos. Varias declaraciones de altos mandos militares, como el general Calvi o el almirante Franco, acusaban a los movimientos pro derechos humanos que reclaman el paradero de los desaparecidos de estar "financiados por los terroristas". En círculos militares se considera que el asunto ha llegado ya demasiado lejos y se habla abiertamente de detener el proceso de institucionalización, lo que significa prolongar la dictadura por uno u otro medio, sin excluir un golpe duro contra los actuales dirigentes, considerados demasiado débiles por los sectores más ultras de las Fuerzas Armadas.