El ejecutivo del PCE aprueba la propuesta de destitución de seis miembros del Comité Central

El Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España (PCE) se reunió ayer durante todo el día para estudiar la propuesta del secretariado de someter al Comité Central del partido, en la sesión que celebrará los próximos días 10 y 11, la decisión de expulsar de sus cargos orgánicos, aunque no del partido, a los seis miembros del Comité Central que convocaron el acto donde Roberto Lertxundi y Mario Onaindía explicaron la fusión del EPK y ElA. El ejecutivo aprobó la propuesta del secretariado después de una reunión que culminó pasada la medianoche. Los seis afectados son: Pilar Brabo, Carlos Alonso Zaldívar, Pilar Arroyo, Jaime Sartorius, Julio Segura y Manuel Azcárate.

En la reunión del ejecutivo participaba uno de los encausados, Manuel Azcárate, ya que es miembro de este órgano. Según fuentes del sector opuesto a la línea dominante, Azcárate tenía la intención de pedir la anulación de las sanciones por considerarlas totalmente injustificadas, tanto en lo que respecta a los miembros del Comité Central como a los militantes expedientados en la federación de Madrid.En un descanso de la reunión, a mediodía, el vicesecretarlo Jaime Ballesteros manifestó que el problema de fondo del PCE es que algunos de los que en el pasado congreso defendieron el reconocimiento de las tendencias se niegan a aplicar las resoluciones contrarias a esa tesis, y están presionando sobre la dirección y el conjunto del partido para lograr imponer su parecer por la vía de los hechos.

El mismo dirigente indicó que la dirección no puede echar por la borda lo aprobado en un congreso donde las opiniones se expresaron libremente y el nivel de democracia fue «altísimo», y en consecuencia el secretariado ha propuesto someter al Comité Central la conveniencia de cesar en sus cargos orgánicos a quienes han roto la disciplina, al intentar encabezar esa tendencia.

Sin embargo, Ballesteros dijo que no se propone ninguna medida de expulsión del partido de estos militantes, ni tampoco en relación con el escaño de la diputada Pilar Brabo. Esta, en todo caso, no puede ser sustituida en ese puesto. En cuanto al problema municipal en Madrid, advirtió que era cuestión del Comité Provincial, pero estimó que las medidas se harán con el mayor cuidado para no paralizar los ayuntamientos democráticos, y aludió al precedente de Alonso Puerta y el PSOE para avalar esa posibilidad.

El vicesecretario comunista calificó la situación política española de «muy delicada», y dijo que viene determinada por la inclinación del Gobierno de Calvo Sotelo a una salida de predominio de la gran derecha, la intervención directa de la CEOE en la política y los fenómenos «sobradamente conocidos» de amenazas involucionistas, o la crisis de Unión de Centro.

En esta línea de argumentación afirmó que la convocatoria de elecciones anticipadas sería «desacertado», «peligroso» y «un error político mayúsculo», ya que la democracia necesita que se cumplan los plazos constitucionales y que el poder civil se consolide, por encima de las diferencias entre los políticos.

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