La dirección del PCE está dispuesta a mantener la disciplina interna hasta sus últimas consecuencias

La decisión de la dirección del Partido Comunista de España (PCE) de no permitir la más mínima actitud discordante en el seno de la organización ha desatado una crisis sin precedentes, que puede conducir, a corto plazo, a la salida o expulsión del llamado sector renovador, que en el pasado congreso se opuso a la línea dominante. El detonante de la crisis sigue siendo la polémica sobre la fusión del PCE de Euskadi (PCE-EPK). A la convocatoria en Madrid de una conferencia de Roberto Lertxundi y Mario Onaindía, el partido ha respondido sancionando a los principales madrileños del sector renovador, entre los que figuran cargos locales de Madrid y varios miembros del Comité Central.

El conflicto interno del PCE, que había producido incidentes en el País Vasco, Cataluña y otras provincias, estalló ayer en Madrid, al decidir el comité provincial sancionar a los firmantes de la convocatoria, exigiéndoles la dimisión de sus cargos públicos y recomendando a las agrupaciones que tomen medidas contra los discordantes, medidas que pueden llegar a la expulsión, bajo la acusación formal de realizar «trabajo fraccional».Según manifestó ayer Simón Sánchez Montero, el partido está en la necesidad de optar entre hacer cumplir lo aprobado en el reciente X Congreso o desmoronarse, siguiendo en la situación actual. Para este dirigente, el llamado sector renovador no sólo está conculcando la prohibición de las tendencias organizadas, sino que está realizando una actividad claramente fraccional.

No se trataría, pues, de una discusión ideológica, sino de una cuestión de disciplina. La acusación de trabajo fraccional puede dar lugar, en base a los estatutos del partido, a la expulsión de la organización de estos militantes.

La convocatoria de la conferencia de Lertxundi y Onaindía ha producido movimientos en varias instancias del PCE, dada la diversidad de adscripción orgánica de los convocantes. Diversas fuentes comunistas informaron que hubo conversaciones para intentar que se retractasen de su acción, las cuales terminaron sin resultado positivo alguno.

Entre los militantes encausados están varios miembros del Comité Central, como Carlos Alonso Zaldívar, Pilar Arroyo, el economista Julio Segura, la diputada Pilar Brabo y el miembro del comité ejecutivo y secretario de relaciones internacionales, Manuel Azcárate. La suerte de éstos, probablemente la expulsión, se decidirá en la reunión que el Comité Central celebrará en Madrid los próximos días 10 y 11. El comité ejecutivo se reunirá hoy.

Pilar Brabo manifestó ayer que la actuación de la dirección es una medida inusual y desproporcionada, y la comparó con el comportamiento que ha provocado la disolución del PCE de Euskadi. También precisó que la decisión que pueda adoptar el partido respecto a ella no le afecta en su cargo de diputada, porque no puede ser sustituida en él.

En el ámbito de Madrid han sido sancionados Eduardo Mangada, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid; Luis Larroque, vicepresidente de la Diputación provincial, y los concejales madrileños Cristina Almeida José Luis Martín Palacín y Pilar Vilallonga. Además, el comité provincial decidió, según una nota difundida ayer, suspender a los comités de la federación Oeste y de Getafe. Fuentes del partido indicaron que también son posibles medidas similares en la federación Este, donde los renovadores tienen una fuerte implantación.

La nota del comité provincial afirma que la situación interna se caracteriza por «el intento de demoler el Partido Comunista de España mediante actividad claramente fraccional», cuya «expresión más acabada» es la convocatoria del acto con Lertxundi y Onaindía. Esta actividad «vulnera de forma antidemocrática la voluntad mayoritaria del PCE» y supone una «decidida voluntad de enfrentamiento y desacato hacia los órganos de dirección del partido, elegidos democráticamente».

Por su parte, el dirigente provincial Norberto Buenache, como portavoz del comité, manifestó que la convocatoria del acto en cuestión ha sido la gota que ha colmado el vaso de una política de agresión

al partido, que se concretaba en un funcionamiento como partido paralelo. Según este dirigente, hay constancia de reuniones y otras actividades de este tipo. Para Buenache, los llamados renovadores pretendían forzar una negociación con la dirección, pero se van a encontrar con que se les aplicarán con rigor las resoluciones del pasado congreso.

Los sancionados de Madrid acudieron ayer a una reunión con el comité provincial, en la que Adolfo Piñedo, secretario de la federación, les exigió la dimisión de los cargos que ocupan, porque el partido les había retirado la confianza. Mangada y Larroque, en nombre de los sancionados, rechazaron tal exigencia y replicaron que debía abrirse una discusión en del partido para evaluar su actuación en los cargos que ocupan.

Ante esta postura, el comité decidió incoar expedientes individuales de expulsión del partido, por una doble falta de disciplina: la convocatoria del acto y la propia negativa a dimitir. La cuestión, en lo que a los cargos públicos se refiere, acabará, por tanto, ante la Junta Electoral. Los trámites pueden durar un mes y medio.

Como última salida, Mangada había ofrecido que los encausados continuasen en su actual situación, con el compromiso de no volverse a presentar candidatos en las próximas elecciones locales, en 1983. El propio Mangada calificó la reunión como «aparentemente cordial, pero durísima en cuanto al contenido», mientras Larroque tachó de «vergonzosa» la actuación del comité provincial.

Más información en página 23