Presidentes de diputación cuestionan la distribución de las provincias

Treinta y tres presidentes de diputacionés Provinciales de toda España (veinticinco de UCD, cinco del PSOE, dos de la Minoría Catalana y uno del PNV) han participado durante los últimos dos días, en Granada, en las primeras jornadas de estudios de la mancomunidad general de diputaciones de régimen común, en las que han quedado patentes las grarides diferencias entre los partidos mayoritarios, UCD y PSOE, respecto al papel que les corresponde jugar a las provincias en el Estado de las autonomías.Mientras el partido gubernamental considera la provincia como «algo totalmente necesario e indispensable», según una de las conclusiones aprobadas durante la reunión, para los socialistas, sin embargo, cada nacionalidad o comunidad autónoma «puede organizar su territorio de acuerdo a sus propios esquemas o necesidades, y esa oroanización puede ser diferente a la distribución por provincias».

Según el presidente de la mancomunidad general y de la Diputación granadina, el centrista José Sánchez Faba, el reto actual para el desarrollo de tina política provincial dentro del marco de las autonomías estriba en «determinar claramente cuáles son las competencias de las diputaciones en el paso de un, Estado centralista a un Estado autonómico».

Para el presidente de la Diputación de Valencia, Mantiel Girona, del PSOE, la organización del territorio corresponde exclusivamente a la comunidad autónoma. «Nosotros sabemos que la figura de la provincia está recogida en la Constitución, pero también en ella se contemplan por encima a las comunidades autónomas, y lo que hay que potenciar y robustecer en estos momentos son las autonomías y no las diputaciones».

Los ponentes de las jornadas, todos ellos profesores y catedráticos de Derecho Administrativo y miembros de la Administración pública, defendieron, por su parte, desde puntos de vista científicos y constitucionalistas, las tesis centristas sobre el papel.

«Lo ideal», según Sánchez Faba, «sería que los entes autonómicos reciban competencias de la Administración central y las diputaciones conserven las que ahora tienen, más otras nuevas».