El incumplimiento del ROA, causa de las tensiones aribtrales

El Reglamento de la Organización Arbitral (ROA), al que un directivo de la federación española, abogado de profesión, consideró como la pieza jurídica más avanzada del arbitraje mundial, es la causa principal de las disidencias, enfrentamientos y problemas que actualmente aquejan al estamento de los árbitros españoles. Su incumplimiento originó la Asociación Nacional de Arbitros de Fútbol Españoles (ANAFE). La existencia de la ANAFE motivó el nacimiento de los árbitros «hijos de la asociación» e «hijos de Plaza», división debida al vicepresidente del Barcelona, Nicolás Casaus, y que de hecho se ha convertido en una realidad palpable. Esta división originó enfrentamientos y polémicas como los que viven actualmente los colegios de Andalucía y Cataluña.

La organización arbitral española adolece de una reglamentación seria. Este vacío reglamentario se intentó suplir con el ROA. Pero resulta ineficaz hasta ahora, porque no ha sido asimilado, principalmente, por los directivos, y porque no se ha cumplido en la casi totalidad de los colegios regionales. El propio Comité Nacional de Arbitros, que mostró una excelente predisposición sobre él, acabó por dormirse en su cumplimiento. La solución que se quiere dar al tema no puede ser más significativa: se ha elaborado un texto refundido del ROA que se presentará para su aprobación en la próxima asamblea extraordinaria que celebre el arbitraje español y que se fijó para el próximo 31. Este texto refundido supone, de hecho, la supresión de los artículos del ROA que ahora no se cumplen. El ROA puede sufrir un lavado que represente, prácticamente, su eliminación.El arbitraje español, a nivel directivo y, sobre todo, en los colegios regionales, no ha sufrido modificación alguna respecto a los últimos años. Existe, por tanto, un desfase temporal de directivos a nivel regional. Las primeras elecciones para elegir los presidentes de los colegios regionales se celebraron hace un par de temporadas. No existió auténtica libertad de elección, porque, en el 50% de los colegios regionales no hubo elecciones, al presentarse un único candidato, que, además, fue el que venía desempeñando ese cargo por el dedo designador de Plaza. En los colegios en que se realizaron las votaciones, en el 80% de ellos resultó elegido quien anteriormente ocupaba ese cargo. El poder establecido gozó de cierta ventaja para resultar vencedor.

Hay presidentes de colegios regionales que llegaron a ejercer ese cargo aun antes de que estos se constituyesen, como sucede con José Fombona, en el Colegio Asturiano. Otros presidentes de colegios regionales, como Eladio Naya, en el gallego, apenas entienden el ROA, porque llevan diez años en el cargo y creen que deben actuar como antes. En bastantes casos todavía está en vigor el «ordeno y mando» del cargo, del poder establecido. El arbitraje no ha cambiado, porque apenas ha existido renovación alguna de cargos, sobre todo a nivel regional.

Esta situación autoritaria ignora el ROA, porque lo contrario supone la eliminación del poder de decisión de quien lo ostenta. El incumplimiento sistemático del ROA o su aplicación discriminatoria e interesada siembra la disconformidad de quienes se sienten perjudicados. Al surgir los colegiados polémicos, inconformistas y contrarios al poder establecido se establecen las represalias.

Dos árbitros que llegaron a militar en Primera División, Gallardo Fernández y López Cuadrado, se han convertido en cabecillas de las insurrecciones surgidas estos últimos meses en Andalucía y Cataluña, respectivamente. Gallardo Fernández fue sancionado con dos meses de suspensión al cometer un fallo técnico en el partido Burgos-Atlético de Madrid de la pasada temporada. Después se afilió a la ANAFE. La asociación eligió presidente de la misma al ex árbitro navarro Orrantía, que anteriormente también lo fue por los colegiados en activo como vocal de la Comisión Nacional de Calificación y, Clasificación del Comité Nacional. Gallardo se negó a firmar un escrito que le presentó el secretario de su colegio por el que pedía el cese de Orrantía como vocal de la comisión para la que fue elegido, por ser este cargo incompatible con la presidencia de la ANAFE.

Gallardo, después, al finalizar la temporada, fue descendido a Segunda División. Lo que parece una represalia motivó que Gallardo creyera necesario enfrentarse a los directivos de su colegio, sobre todo a su máximo responsable decisorio, su secretario, Vicente Primo. La primera medida fue el intento de presentación de una moción de censura, cuya posibilidad regula el ROA, contra los directivos de su colegio. La moción fue rechazada por defecto de forma, por la falta de tres firmas para conseguir el número necesario de ellas para su presentación. Como respuesta surgieron las coacciones para quienes firmaron esa moción de censura.

Al no poder llevar a cabo esa moción de censura a los directivos, dieciséis de esos árbitros disidentes presentaron una denuncia contra Vicente Primo ante el Comité Jurisdiccional de la Federación Andaluza. La denuncia fue trasladada al Comité Nacional de Arbitros, que no se ha pronunciado, pese a que llegó a dicho organismo a primeros de julio. Los dieciséis árbitros que firmaron esta denuncia fueron descendidos de categoría.

Vicente Primo, según estos árbitros, fue sancionado con ocho meses de suspensión en sus funciones por agredir -le dio un cabezazo- a un árbitro, herrera Misa, hace unos cuatro años. La denuncia presentada asegura que no llegó a cumplir esa sanción más que en un par de días, porque, según se afirma, Vicente Primo indicó que su caso había sido sobreseído. Pero el expediente no aparece por ningún lado en la federación y colegio arbitral de Andalucía.

Gallardo Fernández decidió hace unos días presentar su candidatura para la representación colegial nacional. Se la han rechazado y además le han negado el derecho al voto por encontrarse sancionado. El Comité Nacional de Arbitros se dirigió al Colegio Andaluz para solicitar los datos necesarios con el fin de abrir un nuevo expediente a Gallardo Fernández, con la inten ción de llegar a su expulsión. Gallardo Fernández tiene ya redactada su carta de dimisión, que presentará inmediatamente después de que se resuelva, de la forma que sea, el problema

La situación creada en el Colegio Andaluz es difícil de solucionar. Lo que se ha conseguido es dividir a los árbitros y una huelga de unos 120 colegiados que ya supera las cuatro jornadas inactivos y que cada domingo no se disputen unos cincuenta encuentros de categoría regional por falta de jueces.

En el Colegio Catalán la historia se repite con variantes distintas. López Cuadrado es en esta ocasión el árbitro protagonista. Hace dos temporadas fue descendido a Segunda División. La pasada tempo rada, en Santander, después de finalizar el partido que dirigió, sufrió un infarto. Fue en el mes de enero. López Cuadrado aún no tiene en su poder el alta médica. El Comité Nacional le ha colocado en una situación especial por ese motivo; pero, al mismo tiempo, se le indicó que estaba descendido a tercera. Se afilió a la ANAFE hace mes y medio, aproximadamente.

El conflicto en el Colegio Catalán surgió desde el mismo momento en que López Cuadrado se preocupó de conseguir las firmas necesarias de árbitros para presentar una moción de censura a Gaspar Pintado, su presidente. Inmediatamente surgieron las coacciones y la división entre los colegiados, y también las acusaciones. Cincuenta y seis árbitros de la delegación de Mataró aseguraron que Pintado les expulsó por no retirar su firma del escrito por el que se solicitaba su moción de censura. La expulsión no se produjo por escrito, por lo que difícilmente podía tener efectividad. Los árbitros considerados expulsados anunciaron la posibilidad de una huelga, que compartirían los cerca de trescientos compañeros del colegio que firmaron el escrito de solicitud de la moción de censura.

Las consecuencias de estas situaciones son claras. La mayoría de los colegios regionales están divididos. Algunos árbitros aseguraron que este clima les afecta en el nomal desarrollo de los partidos que dirigen, porque están más preocupados y, en cierto sentido, condicionados. Pero no se atreven a decirlo de forma pública, porque Pes Pérez lo insinuó la pasada temporada y se le envió una carta por la que se le pidió que explicara qué condicionamientos le afectaban, para tenerlos en cuenta, y se le advirtió que no arbitraría mientras no respondiese. Por eso, no es extraño que muchos árbitros eviten los problemas y se conviertan en contemporizadores.