Una empresa de Pujol podría enjugar su déficit con fondos públicos

El presidente de la Generalidad interviene personalmente en la búsqueda de una solución al más grave problema urbanístico de Cataluña, el del polígono Montigalà de Badalona, cuyo estancamiento es uno de los motivos más destacados de la crisis por la que atraviesa el grupo bancario del que Jordi Pujol es principal accionista. Altas fuentes políticas catalanas precisaron la intervención e interés de Jordi Pujol en el tema, cuya solución pasa por la inminente transferencia a la Generalidad de las competencias propias del Instituto Nacional de Urbanismo (INUR).

De forma muy discreta, Jordi Pujol recibió en los pasados días a los alcaldes, ambos comunistas, de Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Estos municipios se oponen a los deseos iniciales de los propietarios del polígono de construir en el mismo una nueva ciudad para 50.000 personas, alojadas en unas 13.000 viviendas a edificar. El proyecto liquidaría toda posibilidad de lograr zonas de equipamiento social para dos municipios que ocupan el tercer y cuarto lugar en cuanto a población de entre los de Cataluña.El polígono es de dos millones de metros cuadrados. Perteneció a la sociedad Calpisa (cuyo secretario del consejo, de administración fue Emilio Martín Villa) y pasó a ser controlado por Banca Catalana a través del Banco de Alicante. Actualmente es propiedad de Montigalá, SA, cuyo capital está suscrito en un 46 % por el Banco Industrial de Cataluña (el grupo de Banca Catalana), otro 46% por el Banco Catalán del Desarrollo (hoy intervenido por el Fondo de Garantías de Depósitos) y el 8% restante es propiedad de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares.

Dicha empresa tenía concedidos, en abril de 1979, créditos por valor de 4.011 millones de pesetas, lo cual creaba ya entonces unos gastos financieros de 1.670 millones. Actualmente, los gastos Financieros generales de la sociedad originan un costo adicional de 51 millones de pesetas mensuales. Todo ello afecta de forma muy grave a los (los grupos bancarios mencionados y a la citada Caja de Ahorros, a su vez titular del 7% del capital de Banca Catalana.

La solución del problema representaría un enorme alivio para el grupo bancario del que Pujol es principal accionista. La solución concebida por Pujol, según informaron altas fuentes políticas a este diario, pasaría por la utilización de los fondos públicos del mencionado INUR cuando éste haya sido transferido a la Generalidad. El patrimonio en Cataluña de este instituto del Estado es de 20.000 millones de pesetas, pero su presupuesto, ya programado para Cataluña, es de sólo 750 millones, a gastar en los próximos tres años, por lo que es previsible una realización de parte de los activos del INUR.

Como contrapartida a estas realizaciones, puede darse una participación a fondo perdido en las enormes pérdidas originadas a Montigalà, SA, o simplemente una compra por parte de dicho instituto público de los dos millones de metros cuadrados con el fin de destinar el polígono a equipamiento social.

Políticamente, destaca la posición clave que ocupan los dos municipios afectados, ambos en manos comunistas. Tras un período de fuerte oposición cívica, los dos ayuntamientos guardan un curioso silencio.