La diputación va a catalogar y microfilmar los archivos municipales

La comisión de Cultura de la diputación provincial ha acometido la tarea de revisar, catalogar, inventariar y microfilmar todos los archivos municipales de la provincia. Esta iniciativa ha originado una fuerte polémica entre José Gacía Díaz, presidente de la comisión, y Enrique Castellanos, portavoz del grupo de diputados ucedistas, quien acusó a los comunistas de querer expoliar a los pueblos de su riqueza histórica y de justificar con estos trabajos la contratación de seis personas afines a su ideología.El presidente de la comisión convocó ayer una rueda de prensa, en la que afirmó que el señor Castellanos «hace una política extorsionista y emplea en sus acusaciones una rabia propia sólo de un político fracasado». A continuación, el señor García Ruiz expuso que la provincia de Madrid guarda todavía en los archivos de sus pueblos un rico legado de documentos con valor histórico, que están a punto de perderse por mala o nula conservación.

El plan de la diputación, a través de la comisión presidida por él, consiste en ir recogiendo los legajos de los diferentes archivos de cada localidad y trasladarlos a Madrid, a centros especializados donde puedan limpiarse, catalogarse, inventariarse y después ser microfilmados. La diputación se quedaría los documentos sólo en concepto de depósito, mientras los pueblos no tuvieran personal cualificado y salas adecuadas.

En el momento en que un pueblo decida recuperar sus documentos, la diputación los devolvería, puesto que así se estipula en la cesión. En cualquier caso, la diputación dispondría ya de copias microfilmadas de todos ellos.

En cuanto a la acusación de querer favorecer a las seis personas en cuestión, el señor García Ruiz explicó que llevan ya seis años trabajando en la labor de la recuperación de los archivos, en condiciones laborales totalmente anómalas, puesto que cobran por hora trabajada. Dado que su tarea es a muy largo plazo, pues restaurar los archivos llevará muchos años, se ha pensado hacerles un contrato.

El señor García Ruiz expuso también sus convicciones de que los pueblos son propietarios del archivo, pero que la utilización de éste trasciende al concepto simple de propiedad privada y que deben estar a disposición de los investigadores que los necesiten.