UCD y PSOE preparan sus candidatos al primer Consejo General del Poder Judicial
Próximas las elecciones para elegir los doce vocales judiciales del primer Consejo General del Poder Judicial, señaladas para los días 14 y 15 de mayo, el partido en el poder, Unión de Centro Democrático, y el partido mayoritario de la oposición, Partido Socialista Obrero Español, preparan las listas de sus candidatos de origen parlamentario para completar, hasta el número de veinte, la composición del máximo órgano de gobierno de la magistratura española.
Aunque, según parece, todavía no ha habido contactos entre ambos partidos, con el fin de intentar llegar a un posible consenso en la designación de sus candidatos, comienzan ya a filtrarse nombres que cuentan con el respaldo de uno u otro partidos. Sin embargo, la elaboración definitiva de las listas no se efectuará hasta que no se celebre la elección de los doce vocales judiciales, a la que se presentan dos candidaturas, una patrocinada por la Asociación Profesional de la Magistratura -única asociación judicial que existe, hasta el momento, y que agrupa a la mayoría de los jueces y magistrados españoles-, y otra patrocinada por miembros no asociados de la magistratura.Del resultado de esta elección dependerá la posición definitiva de los dos partidos, sobre todo de UCD, que elegirán unos u otros nombres según la significación de los candidatos elegidos en el ámbito judicial.
En los medios parlamentarios judiciales se barajan, como candidatos de UCD, en estos momentos, los siguientes nombres: Genaro Ferrer, actualmente secretario general técnico del Ministerio de Justicia y que viene desempeñando diversos puestos en este departamento desde hace años; Miguel Pastor, director general de Justicia, miembro de la carrera judicial en excedencia, tras presentarse sin éxito como candidato de UCD a la alcaldía de Valencia en las anteriores elecciones municipales; Fernando Cotta, ex director general de Justicia y miembro de la carrera judicial; José María Gil-Albert, abogado, ex director general de Justicia, diputado por Logroño de UCD y ex presidente de la Comisión de Justicia durante la legislatura constituyente de 1977-1978, si bien el nombre de este último se baraja en un posible relevo al frente de la Fiscalía General del Estado; Gonzalo Casado, secretario del Colegio de Abogados de Madrid y miembro de la comisión ejecutiva de UCD hasta su dimisión, en mayo de 1978, y Fortunato Crespo Cendrún, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía y decano del Colegio de Abogados de Valladolid. Estos dos últimos representarían más específicamente los intereses de la abogacía y la función de esta última como colaboradora de la Administración de justicia.
Como candidatos del PSOE se dan en los mismos medios los siguientes nombres: Plácido Fernández Viagas, ex senador socialista por Sevilla, recientemente reingresado en la carrera judicial; Eduardo Jauralde, fiscal general del Tribunal Supremo, y Fernando Ledesma, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
La elección de los candidatos parlamentarios, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado, al Consejo General del Poder Judicial deberá efectuarse por mayoría de tres quintos de los miembros de ambas Cámaras y se efectuará entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio de la profesión.
De las personas arriba reseñadas, tres son abogados en ejercicio, y el resto, miembros de la carrera judicial o juristas con funciones, en la Administración del Estado. La ley establece para los miembros del Consejo General del Poder Judicial, durante su mandato, las mismas incompatibilidades que para los miembros de la carrera judicial.
