La acción pública pide nuevas pruebas para esclarecer el asesinato de Yolanda González

El abogado José María Mohedano, en representación de la acción pública ejercida por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en el proceso por el asesinato de la estudiante y militante de este partido, Yolanda González, ha solicitado ante el Juzgado Central de Instrucción de Madrid la práctica de una serie de pruebas -catorce en total- «necesarias», a su juicio, «para poder conocer más claramente los hechos sumariales». Las diligencias pedidas se refieren, fundamentalmente, a la procedencia de las armas y a la intervención del representante del PST en los interrogatorios a los presuntos implicados.

En primer lugar se demanda que se amplíen las declaraciones de los procesados Emilio Hellín e Ignacio Abad y que se tome declaración al jefe provincial de seguridad de Fuerza Nueva, José María Otegui. Asimismo, se solicita de la Federación Provincial de Tiro que certifique si son socios de esa entidad los dos procesados, si han realizado prácticas de tiro recientemente y si existe alguna condición reglamentaria para trasladar las armas cortas que los socios introducen en el polígono de tiro de Canto Blanco.Respecto a las agendas, listas de teléfonos y casetes que fueron intervenidas a los procesados, el representante del PST solicita tener acceso a ellas para examinarlas, así como la certificación de Tráfico sobre la pertenencia del vehículo M-0823-AV -fue la matrícula cambiada por Hellín el día de los hechos- y para que las casas fabricantes de los dos aparatos receptores VHF Scanner remitan al juzgado la posible utilización de estos aparatos, así como las del ordenador Pet 2001, propiedad de la empresa Mercantil Ortrat, SA.

En cuanto a la procedencia de las armas presumiblemente utilizadas en el asesinato, el letrado Mohedano pide que la Dirección General de Seguridad (DGS) remita el expediente de concesión de licencia de armas de Emilio Hellín e Ignacio Abad y que la Dirección General de la Guardia Civil dé cuenta detallada de las personas propietarias de las armas intervenidas en el sumario.

Dentro de este mismo apartado se solicita también que se especifique si sobre alguna de estas armas hay constancia en la DGS de que hayan sido robadas con anterioridad, la fecha en que fueron vendidas, si han sido utilizadas las dos pistolas Walther y Star en otros hechos anteriores conocidos por la sección balística forense, y, finalmente, se pide que por conducto de la Capitanía General se oficie a los gobiernos militares provinciales si las armas, tanto las legalizadas como las que no lo están, que han sido ocupadas a los procesados y a David Martínez Loza (jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva) y a su hijo David Martínez González, figuran o han figurado legalizadas a nombre de algún jefe u oficial del Ejército o de algún miembro de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, y a las jefaturas de Artillería de las nueve regiones militares, si hubieran pertenecido a las dotaciones reglamentarias de los cuerpos armados del Estado.

Por último, se solicita que informen asimismo sobre la nacionalidad y fábrica de dos fusiles incluidos en el sumario, entre otras cosas.