Bases para un nuevo mercado de valores

Director del Servicio de Estudios e Información del Bolsín de Valencia

La práctica desaparición del mercado de valores en España tiene su origen en un doble conjunto de circunstancias. Unas son exógenas, procedentes del medio económico y político en el que el mercado desarrolla su función. Son elementos externos al funcionamiento del mercado, pero que en ningún caso cabe considerarlos como ajenos al mismo. Entre ellos, la crisis económica en sus múltiples facetas, las políticas fiscal y monetaria desarrolladas en los últimos años, y las incertidumbres resultantes de un proceso de transición, política, son las más sobresalientes.

Junto a esas razones «externas» que explican la crisis bursátil española existen otras que proceden del propio marco institucional que configura al mercado. La misma institución bursátil, su estructura y su funcionamiento, ha colaborado de forma decisiva, si no a la inflexión en el ciclo, sí, al menos, a que el descenso de precios y volumen de negocio presentara la profundidad y duración que conocemos y a que no se vislumbre todavía la salida del túnel.

A menudo, los árboles no dejan ver el bosque. Y así, desde el interior del mercado, se olvidan o se menosprecian los efectos de una serie de elementos institucionales y técnico-bursátiles que, si bien no juegan directamente en la formación del precio de los títulos, sí tienen una incidencia sobre las condiciones en que se enfrentan las posiciones de oferta y de demanda y, además, determinan en gran manera el volumen de los flujos financieros canalizados por el mercado de valores.

Un análisis exhaustivo de estos elementos institucionales y técnicos no tiene cabida en un artículo periodístico. Quien desee conocerlos puede encontrarlos, aunque quizá no sistematizados de la forma más correcta posible, en el informe elaborado por la comisión para el estudio del mercado de valores. A él hay que remitirse porque, a pesar de sus imperfecciones, que no permiten determinadas críticas que se le están reiterando últimamente, el informe constituye el único documento que analiza la práctica globalidad de los elementos que se dan cita en la crisis bursátil actual. Y que, al mismo tiempo, marca unas vías posibles para su superación, así como una estrategia global coherente para la reforma del mercado de valores.

La política bursátil

El problema básico del mercado es la falta total de una política bursátil. Esta se intentó establecer con la llegada del profesor Fuentes Quintana al Ministerio de Economía. La constitución de la comisión de estudio y su informe eran los pasos previos preceptivos. Tras la dimisión de Fuentes Quintana, el mercado trata de sobrevivir por pura inercia, mientras los responsables de lle,var adelante la reforma oscilan entre una política de brazos cruzados y las declaraciones de buenas intenciones, y mientras unos y otros procuran echar tierra sobre el contenido del informe de los trece. Se dice, y los hechos confirman el rumor, que el vicepresidente económico considera el tema bursátil como una «cuestión de los ricos», al que, por tanto, no es oportuno prestar mayor atención.

Lo cierto es que la reforma está no ya paralizada, sino por iniciar. Y que, mientras no se arbitre el procedimiento para ponerla en marcha, no han de extrañar sucesos tan insólitos como ese millón de títulos bancarios teóricamente a la venta ni, lo que es mucho más grave, la persistente ausencia de público en los momentos de la contratación y la práctica desaparición del inversor privado en Bolsa. Cada día que pasa sin fijar de forma clara y coherente una política bursátil será más costoso recuperar la confianza, la credibilidad del ahorrador privado, base indispensable para el desarrollo del mercado de valores.

La reforma del mercado, su actualización a las nuevas exigencias planteadas por la realidad económica y social, puede articularse alrededor de tres ejes básicos: la comisión para el mercado de valores, el estatuto del agente mediador y la integración del mercado.

Una de las recomendaciones-clave del informe de los trece es la creación, de una comisión del mercado de valores como órgano básico de supervisión oficial del mismo. Esta comisión «debería constituirse como una entidad de dotada de una derecho público, notable autonomía frente a los poderes ejecutivos y legislativos, aunque responsable ante ellos, y debería disponer de facultades reglamentarias, supervisoras y asesoras en el ámbito de su competencia». La comisión tendría facultades relacionadas con la protección al inversor, con la vigilancia del mercado y con la mejora del mismo. La comisión se caracteriza por su elevada competencia técnica y por su independencia total respecto a intereses económicos y corporativos.

La propuesta de esta comisión del mercado de valores está en línea con organismos similares existentes en los mercados más desarrollados del mundo, tanto en el sistema anglosajón como en el latino o francés y en el germánico. Su utilidad está fuera de duda. Calificar la propuesta como una medida intervencionista es una pura falacia que parte de una. actitud totalmente interesada. La comisión del mercado de valores, tal y como ha sido recomendada, no es un órgano en manos del poder ejecutivo para intervenir en el mercado. Por el contrario, desde una posición de autonomía plena, su objetivo es conseguir un mercado cada vez más transparente, dinámico y competitivo.

El estatuto de los mediadores

El estatuto del agente mediador nos remite automáticamente a una doble problemática: por un lado, la ausencia de vías diferenciadas para la canalización de los recursos financieros hacia el mercado de valores, y, por otro, la existencia en ese mismo mercado de dos cuerpos profesionales oficiales, los agentes de cambio y bolsa y los corredores colegiados de comercio, con unas funciones substancialmente idénticas.

En el transcurso de los años, los agentes mediadores oficiales han decantado su actividad hacia la función notarial, más que hacia la actividad comercial o de intermedición financiera. La gran mayoría de las órdenes de Bolsa no tienen su origen en los despachos de los agentes mediadores oficiales, sino en las oficinas de las entidades de crédito. Y es evidente que la potenciación del mercado exige diversificar y ampliar esas vías de canalización de recursos. En primer lugar, permitiendo a los agentes mediadores oficiales su dedicación a la auténtica «industria de valores», lo que supone eliminar las trabas existentes para que puedan prestar con eficacia ese servicio profesional.

El estatuto del agente mediador, a modo de ley-marco o de ley de bases, debe ser el documento en el que quede plasmada la necesaria renovación y potenciación del agente mediador oficial, de acuerdo con las nuevas exigencias planteadas por el mercado, y en el que queden establecidas las fórmulas para una colaboración eficaz entre agentes y corredores, del todo punto indispensable si Se pretende conseguir la existencia de vías de canalización de recursos alternativos al sistema crediticio.

La necesidad de un mercado integrado

Finalmente, la integración del mercado de valores, constituye la pieza fundamental de la reforma, el objetivo básico y, quizá, el de mayor complejidad para su plasmación. En la actualidad, el mercado de valores se desarrolla alrededor de cuatro centros organizados de contratación (las Bolsas de Barcelona, Bilbao y Madrid y el Bolsín de Valencia) y de la negociación realizada por los corredores colegiados de comercio esparcidos por toda la geografía española. En teoría, esa pluralidad de instituciones bursátiles constituye un mercado único. Pero esto es sólo en teoría o, si se prefiere, en la letra de los textos legales vigentes. En la práctica, no se puede hablar de un mercado, ni de valores ni de cualquier otro bien, cuando una mercancia en él negociada está. obteniendo, en un momento dado, precios diferentes.

La fuga de una parte de ese millón de títulos bancarios de un parqué a otro en busca de colocación se explica no por la existencia de un mercado integrado y perfectamente interrelacionado, sino precisamente por su troceamiento en compartimentos estancos.

Superar esta situación hoy exige mayores dosis de imaginación y de eficacia, ya que a la situación de hecho heredada se une la nueva estructura autonómica del Estado, en la que se confieren importantes competencias en la materia a los órganos de autogobierno de las comunidades autónomas.