Cifras de paro y paro real

Economistas y estadísticos

Las frecuentes declaraciones y opiniones oficiales u oficiosas emitidas en los últimos días en torno a las cifras de parados y a las discrepancias existentes entre las diferentes fuentes estadísticas -en concreto, las procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y las del Ministerio de Trabajo nos proporcionan la oportunidad de precisar algunos aspectos que pueden ser esclarecedores, en particular en relación con el artículo publicado por J. A. Sagardoy en EL PAIS el 12 de diciembre y en el que se alude al documento del que somos autores: «Estadísticas del paro en España», presentado al Seminario Franco-Español sobre «El empleo», celebrado en el mes de noviembre en Madrid.

El citado artículo apunta, por una parte, a cuestionar la validez de las cifras de paro del Instituto Nacional de Estadística para lo cual entresaca algunos párrafos de la comunicación, obviamente los más críticos, para la encuesta del INE, y, por otra, defiende la adopción de un nuevo concepto de paro mucho más restrictivo que llevaría a la subvaloración del problema. Dicho concepto trata de justificar las últimas medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo, en cuanto a la contabilización estadística de los parados, que llevarán sin duda a la disminución del. volumen de desempleo registrado.

El procedimiento más idóneo para medir el paro y seguir su evolución en el tiempo lo constituyen las encuestas por muestreo dirigidas a los hogares. Este hecho viene siendo ampliamente admitido a nivel internacional. La comunicación presentada por el representante de la OIT, E. Denti, en el seminario citado, y a la cual también hace referencia, sin citarla, el artículo de Sagardoy destaca el hecho de que en Europa occidental (ámbito al que se refiere su estudio) catorce países elaboran encuestas por muestreo de manera regular para tener conocimiento del mercado de trabajo, y concluye el autor diciendo que «no hay ninguna duda que las encuestas por muestreo dirigidas a los hogares son actualmente, y serán aún más en el futuro, la fuente más completa y la más inmediata de información diversa acerca de la población, concretamente, sobre la mano de obra y sus componentes, el empleo y el paro».

En España la única encuesta periódica sobre la mano de obra es la encuesta de población activa (EPA), que elabora el INE trimestralmente y que, entre otras variables relativas al mercado de trabajo, proporciona cifras de parados a distintos niveles de desagregación.

Partiendo de la idoneidad del método de encuesta, que ya casi nadie puede poner en duda, es preciso situar en su verdadera dimensión la estadística de paro registrado que elabora el Ministerio de Trabajo. En primer lugar, hay que afirmar rotundamente que dicha estadística no es un censo de parados, sino solamente un censo de los q ue se registran como tales en las oficinas de colocación. Ello quiere decir que los que no acuden a dichas oficinas no están incluidos en las cifras de paro registrado del Ministerio de Trabajo, pero sí deben de ser contabilizados por la EPA que, de acuerdo con las recomendaciones internacionales sobre la definición de parado, no exige para ser tal la búsqueda de empleo a través de las oficinas de colocación, sino simplemente la búsqueda.

La no inscripción en las oficinas de empleo no es, en general, como insistentemente se repite en esferas oficiales y en el propio artículo de Sagardoy, síntoma de falta de voluntad de trabajar, sino consecuencia lógica del desánimo que provoca las dificultades de encontrar empleo propias de la crisis y la constatación por parte del trabajador de la escasa utilidad del procedimiento y de la existencia de métodos más adecuados (como son las recomendaciones, anuncios en prensa, etcétera), para conseguir un puesto de trabajo. Hay que tener en cuenta el hecho bien conocido de que el requisito de inscripción en las oficinas para la contratación no se cumple en muchos casos, sin que la Administración adopte medidas coercitivas ni sancionadoras en las empresas. A este respecto, es significativo el hecho de que alrededor del 80% de las colocaciones registradas no son gestionadas por las oficinas, sino por las propias empresas, que registran simultáneanlente la oferta y la colocación.

La inscripción en las oficinas obedece básicamente a su obligatoriedad para la percepción del seguro de desempleo y para acogerse a las ayudas de trabajo comunitario. Al existir importantes colectivos, como los que buscan empleo por primera vez que no tienen de recho a acogerse a dichos beneficios, se producirá, evidentemente, una diferencia sustancial entre el paro registrado y el real. Esto se hace particularmente evidente al contrastar la cifra de parados que buscan primer empleo según la EPA (416.000 en el tercer trimestre de 1978) con las que proporciona el registro (114.000 en el mismo período). Es claro que las personas que no tienen derecho al subsidio, cual es el caso de los que no han trabajado anteriormente, carecen del incentivo principal para registrarse, lo cual explica las discrepancias. Quedaría por explicar el hecho de que las cifras de parados registrados en industria, construcción y servicios sean superiores a las estimadas por la EPA; ahora bien, ello apuntaría a posibles fraudes en los registros, a subvaloración en la EPA o a ambos factores.

Por otra parte, basando su argumentación en «su» sutil distinción entre desempleo y paro, Sagardoy trata de justificar las nuevas medidas tendentes a reducir las cifras de, paro registrado que, evidentemente, no suponen ninguna solución ni reducción del problema como tal. Dichas medidas son las no contabilización de los trabajadores jubilados que busquen empleo, ni de aquellos trabajadores beneficiarios de subsidio de desempleo afectados de suspensión temporal debida a expediente de regulación de empleo, junto a la obligatoriedad de renovar la demanda de empleo mensualmente, en vez de cada dos meses como hasta ahora. En este sentido, a los que corresponde renovar la inscripción en diciembre se les está enviando una carta en la que se les pide: «Nos comunique usted si desea seguir figurando como demandante.» El que no expresa su deseo desaparece del registro de parados. Todo ello tendrá indudablemente el efecto ya percibido en la segunda quincena de noviembre de bajar la cifra oficial de paro registrado, ensanchando la brecha entre dicha cifra y el paro real, además de romper las series estadísticas de movimiento laboral y paro registrado, con las consiguientes consecuencias en cuanto al análisis de la evolución del mercado de trabajo. Por su parte, la renovación mensual de la demanda por los trabajadores que no perciben subsidio servirá, sin duda, para que parte de los alrededor de 450.000 parados registrados no beneficiarios de ayuda alguna desistan de seguir registrándose en las oficinas ante la inutilidad de dicha inscripción para conseguir un empleo y las crecientes molestias y trámites establecidos.

La distinción entre desempleo y paro le lleva a afirmar asimismo a Sagardoy que no es parado, sino sólo desempleado, el que rechaza un puesto de trabajo aun cuando sea de inferior categoría a la que corresponde a sus aptitudes y capacidad profesional. Al no establecer límite a la inadecuación entre el puesto de trabajo y la categoría profesional, cabe deducir que en opinión de Sagardoy un titulado superior que no acepte ser vigilante nocturno no es parado, sino simplemente desempleado. Para apoyar la idea que subyace en el artículo que comentamos, de que muchos parados no deberían ser considerados como tales por no tener voluntad de trabajar, se utiliza la cifra de 16.194 ofertas de empleo pendientes el 30 de septiembre. Hay que destacar que dicha cifra, además de ser ínfima en relación a los 858.000 parados registrados en esa fecha y al millón de ofertas registradas en el transcurso del año, no refleja un rechazo del puesto por el trabajador, sino un desajuste cualitativo entre oferta y demanda . Por tanto serviría a lo sumo como aproximación a la cifra de paro friccional, caso de que no se deba simplemente a la lentitud de la gestión burocrática de las oficinas.

Por lo que respecta a las cifras de paro que proporciona la Encuesta de Población Activa, el que afirmemos, de acuerdo con la opinión general, que el método de encuesta es el idóneo, no implica el no reconocer las insuficiencias o deficiencias que afectan a dichas cifras. Ahora bien, es conveniente destacar, como se expuso en nuestro trabajo citado por Sagardoy, que la mayoría de aquéllas inciden en una subvalóración del volumen de paro, y no en lo contrario. Por dos razones: primero, porque la definición de la OIT que la EPA adopta es muy restrictiva, y segundo, porque su aplicación en la propia encuesta a través de las diferentes fases de elaboración tiende a ser asimismo restrictiva.

Como consecuencia de ello quedan excluidos de las cifras de parados de la encuesta algunos colectivos importantes, como, por ejemplo, los llamados activos marginales o personas que han trabajado aunque sea una hora en la semana anterior a la entrevista a pesar de que busquen activamente empleo, y también a todos aquellos que estando disponibles para el trabajo no lo buscan activamente por conocer la inutilidad de tal búsqueda. En este último caso se encuentran los llamados temporeros sin trabajo -cuyo número ascendía a 129.400 en el segundo semestre de 1976, último período para el que se dispone de datos, ya que posteriormente, y de forma inexplicable, el INE dejó de recoger cifras relativas a este colectivo-, y el resto de los llamados trabajadores «desarárnados», cuya entrada y/o salida está en función de la coyuntura del empleo.

Otra posible subvaloración del paro en la encuesta creemos que se origaina en la recogida de la información y en concreto en el hecho de que en gran número de casos la entrevista no es cumplimentada por el interesado, sino por la persona presente en la vivienda -generalmente el ama de casa-, lo cual incide en la ambigüedad de numerosas situaciones que hacen difícil la clasificación de la persona. Piénsese, por ejemplo, en el joven clasificado por su madre como estudiante en una primera aproximación pero que al mismo tiempo busca empleo. Esta se detecta en parte mediante los resultados obtenidos en la Encuesta de Evaluación de Calidad, que proporciona sistemáticamente cifras de paro más altas en la encuesta repetida que en la encuesta, original; el sesgo relativo de respuestas se sitúa en torno al 20 %. Todo ello sin entrar en el tema del diseño de la muestra de la EPA que pudiera permitir estimaciones más desagregadas con menores errores de muestreo.

Para concluir, queremos destacar los siguientes aspectos importantes en torno al tema que debatimos:

- El método de encuesta por muestreo es el más adecuado para el conocimiento de la realidad del paro, tanto en su cuantía como en su composición. El paro registrado nunca puede, por lo tanto, ser utilizado en sustitución de la EPA, para pretender medir el paro real; cumple, sin embargo, funciones necesarias e importantes, fundamentalmente la de instrumentar la política de protección al desempleo.

- Los responsables de la política económica tienen que conocer la verdadera dirricrisión del problema en sus diferentes aspectos. Ello pasa por una mejora de la EPA en el sentido de que, al margen de las definiciones internacionales, proporcione información sobre colectivos tales como el de «desanimados» que, sin entrar en la definición formal, pueden agravar el problema al incorporarse al mercado de trabajo ante una coyuntura más favorable.

- Por último, nos parece conveniente señalar que la vía más adecuada para resolver el problema del desempleo no es la de restríngir el concepto de parado de forma que cada vez cumplan menos «desempleados» los requisitos.