La Magistratura de Trabajo
número dieciocho, de Madrid, ha condenado a la Presidencia del Gobierno y al Centro de Investigaciones Sociológicas (Instituto de la Opinión Pública reformado) a readmitir en sus puestos de trabajo y a abonar como indemnización los salarios dejados de percibir desde el día del despido a tres técnicos contratados por ese organismo.
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