Multas de 150.000 pesetas a los vecinos de Orcasur por manifestarse sin autorización

El Gobierno Civil ha sancionado a dos de los responsables de la manifestación ocurrida en Orcasur el pasado día 7 con multas de 100.000 y 50.000 pesetas. Según una nota oficial, la manifestación fue denegada en su día y, sin embargo, se mantuvo la convocatoria, lo que luego originó enfrentamientos duros con la policía antidisturbios, que ocasionaron varios heridos leves.

Por su parte, la coordinadora de asociaciones de la zona sur ha denunciado «la conducta antidemocrática» del Gobierno Civil, al no permitir un acto de motivaciones puramente sociales, como es la petición de que las industrias de desguaces de la carretera de Villaverde sean trasladadas de lugar y se emplee el terreno libre en la construcción de una escuela de Formación Profesional. En cuanto a la manifestación en sí, miembros de la comisión explicaron que el mismo día siete por la mañana acudieron en una última gestión al Gobierno Civil, dondeles confirmaron la negativa hacia las tres de la tarde. Como ya no había tiempo para hacer pública la desconvocatoria, se pidió a la policía que vigilaba la plaza, ya a la hora fijada para su celebración, que les permitiera leer un comunicado, tras de lo cual el acto se daría por terminado. La policía estuvo de acuerdo en un primer momento, pero cuando los vecinos congregados gritaron desguaces no, queremos una escuela de formación profesional, comenzaron las cargas y, a continuación, los enfrentamientos.Asimismo, el Gobierno Civil ha impuesto tres multas de 25.000 pesetas cada una a tres sacerdotes que fueron detenidos por la Guardia Civil en Coslada a mediados de marzo, con motivo del boicot declarado por la asociación a la empresa concesionaria del trasporte de viajeros Días Ferrán. Los tres sacerdotes se encontraban en una de las paradas de la línea informando al público de la situación del boicot, cuando fueron detenidos durante una hora por números de la Guardia Civil que vigilaban la marcha de los acontecimientos.

Por último, el Tribuna Supremo ha ratificado la sanción impuesta por el Ministerio de Comercio en octubre de 1974 a la empresa Simago, por diversas infracciones en materia de abastecimientos. Simago recurrió en la vía contencioso administrativo y el Tribunal Supremo ha ratificado la sanción, que asciende a 550.000 pesetas.