El proyecto de ley para las municipales beneficia a UCD y PSOE

La reducción de los pequeños partidos a minorías muy poco operantes o casi inexistentes, y la conversión de la lucha UCD-PSOE en el dato verdaderamente significativo de la batalla municipal, son algunos de los principales efectos políticos que cabe esperar de las próximas elecciones locales, a la vista del proyecto de ley enviado por el Gobierno a las Cortes, y del mapa electoral diseñado por la consulta del 15 de junio.

El poder en más de 9.000 distritos es lo que se juega en las elecciones locales, dato decisivo para un sistema de partidos políticos en formación como actualmente es el español. Estos comicios van a contribuir a fijar el sistema de partidos, y no es de extrañar que se vean precedidos de numerosos movimientos entre grupos que han de adaptarse a esa realidad. Las negociaciones para la unidad socialista pueden constituir un ejemplo de esta cuestión.Las enmiendas presentadas al proyecto de ley electoral municipal superan el centenar, pero apenas ninguna supone reparos serios, salvo el intento comunista de que prospere su enmienda a la totalidad. Sobre todo, UCD y PSOE están de acuerdo en casi todas las cuestiones importantes, excepto el número de concejales -los socialistas quieren elevarlo-, la duración de la campaña -los socialistas la quieren más corta que el Gobierno-, y temas de menor trascendencia.

Dentro de unos días probablemente vendrá a España uno de los hombres más prestigiosos en el campo de la técnica electoral, el norteamericano Douglas W. Rae, autor de uno de los libros considerados clásicos en la materia (1). Su viaje, que se efectuará a título privado, es con el encargo expreso de analizar técnicamente el proyecto del Gobierno. En espera de sus conclusiones, pueden adelantarse algunas de las impresiones que se desprenden del examen del texto.

Pocos partidos

Los redactores del proyecto de ley han tomado sus medidas para asegurar la reducción del número de partidos que saldrán de estas elecciones con una representación considerable. La fianza de 5.000 pesetas por candidato es un buen dato para desanimar a los pequeños partidos, y desde luego constituye una rémora para los medianos. Ninguno de ellos anda tan sobrado de dinero como para inmovilizar trescientos millones de pesetas, sólo en fianzas, para presentar candidaturas en todo el país, si el debate en las Cortes mantiene dicha cantidad. Cierta gravedad reviste también la obligación de que las coaliciones electorales tengan que hacerse en todos los municipios de una misma provincia, o en ninguno; es decir, que dos partidos han de coaligarse forzosamente en todos los municipios de una misma provincia si quieren hacerlo en alguno de ellos.Para la elección de alcaldes, los partidos parlamentarios se dividen en dos opciones. El Gobierno propone, y UCD y PSOE están de acuerdo, que sea designado alcalde el primer candidato, de la lista ganadora en cada distrito; mientras el PCE y las minorías catalana y vasca prefieren que el alcalde sea elegido a posteriori por los concejales electos. A favor de la primera postura se argumenta que ello refuerza el sentido democrático de la elección, puesto que el elector sabe que el primer candidato de la lista que vote es el candidato a alcalde; pero también existen argumentos en contra, en el sentido de que en muy pocos municipios habrá partidos que logren más del 50% de los votos, y por tanto muy pocos alcaldes estarán respaldados por más de la mitad del cuerpo electoral.

En uno y otro caso, las dificultades se derivan de un mismo problema: los partidos españoles no creen conveniente la elección directa del alcalde por el pueblo. Después de esta decisión política, la fórmula gubernamental-socialista puede representar un intento de transacción entre una elección puramente indirecta, como es la fórmula de designación por los concejales, y otra directa pero forzada, representada por la designación del primero de la lista vencedora. Las posiciones están vinculadas a los intereses concretos de cada partido: si el alcalde es el primero de la lista vencedora, UCD y PSOE van a repartirse la mayor parte de las alcaldías; mientras que con la elección indirecta, los partidos pequeños tendrían, al menos, opción a entrar en las negociaciones para ciertas alcaldías.

Otras cuestiones relacionadas con el sistema electoral tienden a acentuar el aplastamiento de los pequeños. Ya que el tamaño de los distritos (número de concejales a elegir en cada municipio, para entendernos) garantiza bastante bien la proporcionalidad, la fórmula elegida para el reparto de concejalías -la famosa D'Hont- y el límite del 5% de los votos como porcentaje mínimo para tener derecho a entrar en dicho reparto, tienden a perjudicar a los pequeños en beneficio de los grandes.

El sistema previsto de elección perfila, en general, una batalla fuerte entre los dos primeros partidos, que trasciende el ámbito puramente local, para convertirse en un enfrentamiento político de primera magnitud; intentos de los partidos medianos por obtener, al menos, áreas de influencia concretas; y un futuro muy negro para los pequeños partidos, desde el punto de vista electoral.

(1) «Leyes electorales y sistema de partidos políticos». Versión española de Editorial Citep.