El Gobierno reducirá las licencias de armas

A raíz de la semana de violencia sufrida en Madrid a final del pasado enero, que arrojó como balance los asesinatos de cinco miembros de un despacho laboralista de Comisiones Obreras y del estudiante Arturo Ruiz, el anterior Gobierno tomó la decisión de revisar el tema de la tenencia legal de armas en España.En aquellos momentos se anunció que serían ocupadas todas las, armas no amparadas por licencia, e incluso revisadas con criterios sumamente restrictivos las que sí lo estuvieran. Las medidas eran parte del plan gubernamental para evitar el recrudecimiento de la violencia y perseguir a los culpables, «sin acepción de personas, grupos o ideologías».

Después de esto, que no se sabe bien los frutos que dio, la nueva Administración se propone volver sobre el tema. Aunque en el departamento del Interior se advierte que la mayor parte de las armas utilizadas en actos delictivos no han pasado absolutamente por ningún control, se considera necesaria -sin embargo- una reforma de la vigilancia oficial sobre las armas legalmente poseídas por los particulares.

El reglamento de Armas y Explosivos de 27 de diciembre de 1944, en vigor cuando aún era casi plena posguerra, ha quedado no viejo, sino viejísimo, según fuentes oficiosas. Por ello, desde hace algún tiempo se venía trabajando sobre un proyecto de decreto, que será finalmente presentado al próximo Consejo de Ministros, y que revisará profundamente la actual reglamentación, según un criterio fuertemente restrictivo. Además, aun con la reglamentación vieja, las licencias se vienen concediendo ya con carácter restrictivo.

El reglamento de Armas

Todas estas medidas no son sino las mínimas necesarias, a la vista de que hasta hoy, y en un tema tan delicado, se ha mantenido una norma que el Boletín Oficial del Estado publicó el 19 de enero de 1945. Lo más relevante de esta disposición es la distinción entre dos tipos principales de licencias, uno que podríamos calificar de normales y otro basado en razones políticas.Entre las normales están las licencias que concede el Ministerio de Asuntos Exteriores (tipo A) a diplomáticos extranjeros acreditados en España y a los españoles, o las de particulares que lo soliciten a la Dirección General de Seguridad (tipo B), haciendo constar detalladamente los motivos por los que necesitan usar armas. Aun así, el reglamento establece que «la razón de defensa de su persona y bienes por sí solo no justificará la concesión de la licencia».

Es el tipo de licencia D el que comprende las armas poseídas en razón de cargos políticos. Estas licencias, que reglamentariamente concede el director general de Seguridad, pueden obtenerlas los procuradores en Cortes; autoridades judiciales, civiles y administrativas; personal de cuerpos y organismos considerados por el director general de Seguridad como auxiliares para el mantenimiento de orden público y persecución de la criminalidad (por ejemplo, los somatenes), y mandos y jerarquías de Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

Entre los miembros del partido único, que luego se llamaría Movimiento Nacional, que pueden obtener este tipo de licencia está comprendida prácticamente toda una escala jerárquica, que oficialmente dejó de existir con la disolución del Movimiento, y que va desde el secretario general (antes ministro del Gobierno) hasta los jefes, secretarios y delegados locales o los «asesores políticos de milicias».

Según el reglamento, estas licencias caducan al cesar en el cargo la jerarquía en cuestión. En este caso, la licencia debe ser devuelta a la DGS y el arma depositada en el cuartel de la Guardia Civil. Si el Movimiento no existe, ni sus jerarcas lo son ya por tanto, es de suponer que tras el decreto de disolución se produjo una entrega masiva de armas al Estado.

No tiene sentido

«No tiene sentido», comentaban fuentes del Departamento del Interior respecto a la posibilidad legal de poseer armas en razón de cargos políticos absolutamente periclitados. Curiosamente, tiempo antes de que el Gobierno manifestara su intención de desarmar al país, el vespertino madrileño El Alcázar anunciaba la existencia de un plan de la franc-masonería para desarmar, precisamente, a quienes combatieron a los órdenes de Franco en la guerra civil, miembros de la Guardia de Franco y organizaciones del Movimiento, guardas forestales, rurales o de ferrocarriles seleccionados entre personas de confianza del régimen anterior y franquistas en general.Por otra parte, una gran cantidad de armas posiblemente mortales son disfrutadas legalmente por motivos deportivos. Una parte de éstas son controladas por la Federación Nacional de Tiro. Los aproximadamente 25.000 socios de la Federación pueden tener cada uno cinco armas cortas y otras cinco largas rayadas.

Después están las armas bajo control de la Federación Española de Caza, que tiene un cuarto de millón de licencias registradas. Además, la mayor parte de los cazadores no están federados, con lo que el total de armas legalmente usadas, aunque todas ellas registradas en la Dirección General de Seguridad, puede cifrarse en un millón aproximadamente.

Por último, entran en el capítulo de armas deportivas las que, según el artículo dieciséis del Reglamento de 1944 podían adquirir el partido único, la organización sindical de Educación y Descanso y el Frente de Juventudes, este último sucedido por la Organización Juvenil Española (OJE). El Frente de Juventudes podía adquirir armas a través de sus mandos, solicitándolo al director general de Seguridad.

Es esta situación, sorprendentemente intocada a pesar de los cambios políticos ocurridos en España, la que pretende revisar el proyecto de reforma del Reglamento que estudiará el Consejo de Ministros. El espíritu de la reforma tiende a adaptar la reglamentación a una situación en la que dejó de preponderar una ideología determinada, y especialmente el carácter militarista infundido al antiguo partido único.

Así, una de las medidas que contempla el proyecto es la de rogación de lo relativo a armas para tiro deportivo de FET y de las JONS, Frente de Juventudes y Educación y Descanso. Nada se sabe sobre las no deportivas del partido único, pero se supone que no hay que liquidar lo que oficialmente no existe. Si se pretende, por otra parte, retirar las armas a los cargos políticos del régimen anterior autorizados para llevarlas en razón del cargo que ostentaban.

Al mismo tiempo, se hará que en las guías de pertenencia figure obligatoriamente el documento nacional de identidad, y se establecerá que la Guardia Civil sepa en todo momento dónde están las armas de caza de los socios del Tiro Nacional. También se elevarán las multas por infracciones en fabricación, circulación o tenencia de armas, y las sanciones por infracción de normas sobre explosivos, hasta cinco millones de pesetas, o más, cuando las imponga el Consejo de Ministros.