La larga marcha española hacia la CEE

La historia de las relaciones de España con la Comunidad Económica Europea tiene sus inicios en la carta que el fallecido ministro de Asuntos Exteriores español Fernando María Castiella dirigió en febrero de 1962 al presidente del Consejo de Ministros de la CEE, Couve de Mourville, para pedir la apertura de negociaciones que posibilitaran la vinculación de España al organismo europeo. Antes, en diciembre de 1960, España había nombrado su primer embajador ante los países de la CEE. Aunque las pretensiones se basaban en la firma de un acuerdo de asociación -necesario por la inviabilidad de la política autárquica y la realidad de los intercambios económicos-, se establecía el deseo de una futura y plena integración, una vez salvadas las etapas de acoplamiento que nuestra economía exigía.Los impedimentos institucionales, auténtica clave del problema hasta la actualidad, dejaban reducida la aspiración española al plano de simple acuerdo comercial, único posible, que la CEE no calificó de-oportuno, al corresponder a la petición con un lacónico acuse de recibo. El primer paso estaba dado. Y así, cuando en junio e 1964 España ingresa en el GATT y recuerda su petición a la Comunidad, el Consejo de Ministros de la CEE autoriza a la comisión ejecutiva para el inicio de las conversaciones. El 9 de diciembre del mismo año comenzarían formalmente, para prolongarse por más de cinco anos, y sin adquirir verdadero carácter de negociaciones hasta casi dos años después.

Etapa Ullastres

En 1965, el embajador ante la Comisión Ejecutiva de la Comunidad, Alberto Ullastres, presenta un memorándum con las razones que argumentan la base de la negociación. La Comunidad responde con un cuestionario sobre los temas del memorándum. El 19 de julio de 1966 comienzan las negociaciones, estableciéndose en noviembre un primer balance con las posibles soluciones a adoptar. Esta primera fase se cierra en febrero de 1967, cuando la Comisión estima imposible, por el momento, la aceptación íntegra de las demandas españolas de crear una unión aduanera y económica.

No obstante, el 11 de julio, el Consejo decide abrir de nuevo las negociaciones con la delegación española. En noviembre de 1967 y febrero de 1968 se llevan a cabo nuevas conversaciones, que habrán de continuarse hasta la materialización del acuerdo.

El acuerdo del 70

La firma, en Luxemburgo, del acuerdo comercial preferencial, que entró en vigor en septiembre de 1970, supone la realización de las primeras aspiraciones españolas. Un mes después de la firma, el embajador Ullastres definía la Comunidad como «la unión económica de seis países (actualmente nueve) que han decidido poner en común toda su economía. Toda su economía quiere decir no sólo el mercado, no sólo que se van a vender unos a otros lo que quieran sin trabas, sino que para ello van a tener que unificar su legislación económica, su legislación laboyal, su legislación de sociedades, su legislación industrial ... ».

El acuerdo establecía dos etapas. La primera, de seis años de duración, determinaba un calendario de rebajas arancelarias y de reducción de contingentes. Su término estaba fijado para el primero de enero de 1977, fecha en la que, de no haberse llegado al acuerdo de pasar a una segunda etapa, continuarían vigentes las disposiciones de la primera. El ámbito del acuerdo en el plano industrial favorecía el desarrollo de nuestro comercio. (Las exportaciones españolas a los seis países, entonces, de la CEE, que en 1969 suponían un 34% del total, pasaron a convertirse en un 40% en 1971) La escasez de concesiones agrícolas, que defraudó ya en el momento de la firma, se ha visto confirmada por los hechos: estancamiento relativo de las ventas al Mercado Común, acompañado de incidentes desagradables. Además, el tema pesquero, y otros aspectos, se habrían de mostrar problemáticos eri el futuro.

La CEE de los nueve

La entrada en la CEE, a partir de enero de 1973, de tres nuevos miembros (Dinamarca, Gran Bretaña e Irlanda) planteó la necesidad técnica de la ampliación del acuerdo preferencial. De momento, una simple prórroga permitiría mantener las mismas circunstanciasjurídicas, como se hizo cuando el señor López Bravo acudió el 29 de enero de 1973 a Bruselas para firmar el protocolo adicional. El protocolo mantenía el statu quo -las disposiciones del acuerdo no se extienden a los tres nuevos miembros-, con la salvedad de que si no se llegaba a un acuerdo con la Comunidad de los nueve que sustituyese al de 1970, se fijarían medidas transitorias. Esta transitoriedad, entremezclada y acentuada por declaraciones políticas de doble signo, es la que se ha mantenido vigente hasta la actualidad. La postura prevaleciente en nuestro país en los tres últimos años de negociaciones se inclinó más a acogerse a la zona de libre cambio propuesta por la CEE, pero consiguiendo mejorar las condiciones iniciales. Se trataría de ceder lo menos posible en el terreno industrial, alargando el calendario de desarme, y de obtener más ventajas para nuestros productos agrícolas. Constituye, en definitiva, un intento de hacer evolucionar la base modesta, pero operativa, del acuerdo de 1970, acercándose paso a paso a la plena integración a medida que el cambio político lo fuese permitiendo.

Durante 1974 continúan las conversaciones sin acuerdos sustanciales. Es en noviembre cuando se inician conversaciones para un nuevo acuerdo de libre cambio, exponiendo la imposibilidad,de aceptar el acelerado desarme industrial que pedía la CEE. (Conviene tener presente que las mercancías de la CEE están gravadas en su entrada en nuestro país con un arancel medio del 13 %,frente al 3% que recae sobre las españolas.) En 1975, después de laboriosas conversaciones Ullastres-Kergorlay, con la difícil negociación de los productos agrarios, parece llegarse a la base de un nuevo acuerdo, pero las negociaciones se interrumpen a raíz de las ejecuciones de septiembre. El 12 de noviembre se produce el relevo de Alberto Ullastres por el nuevo embajador, Raimundo Bassols.

La llegada de la Monarquía supuso la reanudación de las conversaciones, después del periplo europeo del ministro Areilza por las cancillerías europeas, exponiendo el alcance y sentido de la reforma política iniciada en España. Las declaraciones de los principales líderes de los países de la Comunidad, en el sentido de una próxima y ya posible integración de España, se han multiplicado, sin que falten aquéllas, más prudentes, expresando la necesidad de esperar a la total implantación de la demociracia formal. El Consejo de Ministros de 23 de abril del presente año informaba sobre las próximas entrevistas -que se han venido realizando- del ministro de Comercio con las autoridades de la Comunidad. Estas entrevistas y las de carácter técnico entre funcionarios españoles y la Comisión dela CEE estaban encaminadas a la formafización del protocolo adicional del acuerdo comercial preferente de 1970, adaptado ya a la realidad de la Comunidad ampliada. Este protocolo regulará nuestras relaciones con el Mercado Común hasta que se inicien las negociaciones para la futura adhesión de España a la Comunidad Económica Europea.