La reforma administrativa ha venido y nadie sabe cómo ha sido

Mientras el presidente Suárez declara, en relación al tema de la Reforma administrativa, que se trata de una ligera adecuación a las necesidades del nuevo Gobierno, las muchas y variadas fugas sobre el contenido de esa reforma hacen pensar que el «fantasma» del nuevo Gobierno es bastante enredador y entrometido.

Europa Press, los diarios y la propia Radiotelevisión Española se han hecho eco de esas apariciones y de sus exigencias. Naturalmente los principales interesados, administrados y administradores, ni han sido consultados, ni han podido hacer oír sus opiniones. A lo mejor resultaba que algún funcionario, congresista o consumidor tenía alguna idea no muy sensata. ¡Pues no se les ha pedido opinión! Ocurre que el procedimiento de elaboración empieza siendo poco democrático e incluso insolente con los funcionarios, entre los que hay «algunos» con «algún» servicio al Estado, pero Estado con mayúsculas. También quedaría la duda de si no habrá funcionarios y funcionarios: unos pocos consultados y otra inmensa mayoría ignorados. Esta afirmación puede ilustrarse con una pequeña parábola. Hubo un tiempo en que se habló de desdoblar las competencias del Ministerio de Hacienda para dar mayor eficacia a la gestión recaudadora y mayor racionalidad a la organización del gasto público y a la política financiera. Este proyecto, según los más recientes rumores, se ha volatilizado y algún maledicente anda propagando la calumnia de un «entendimiento», entre funcionarios de Hacienda y Presidencia, calumnia que se tiene la desfachatez de fundamentar en que casi todos los reestructuradores pertenecen a los «grandes cuerpos» de funcionarios del Ministerio de Hacienda.

Claro que lo de los funcionarios de la mayoría silenciosa es cosa de broma comparado con lo que se les viene encima a los administrados, es decir, a la mayor mayoría silenciosa. La reestructuración con su trasiego de ventanilla, aparición y reaparición de carteles, etcétera, se realizan en plena crisis económica, lo que puede ser bastante inoportuno, ya que una aceptable adaptación llevaría, sin pecar de pesimismo, todo el año 77. En cualquier caso los administrados, a diferencia de lo que ocurre en algunos países democráticos, ni han dicho esta boca es mía, ni han podido leer un breve «libro blanco» o «azul celeste» sobre el porqué y el para qué de la reestructuración.

El tercero en discordia es el propio Estado. La administración es un mecanismo para su actuación; pero el Estado es algo más que el Gobierno, es también, por lo menos, el poder legislativo. En este sentido las nuevas Cortes entenderán de la reestructuración y analizarán si se ajusta a las características del Estado. Quizá por cortesía una pequeña pauta hubiese supuesto un gesto de deferencia con los representantes del pueblo en el Congreso y en el Senado.

Claro que tampoco es para ponerse así, cuando sólo se trata de una ligerísima adecuación de la estructura de la administración al nuevo Gobierno. ¡Un pespunte y no un remiendo! Porque no puede dudarse que en el nuevo Estado (categoría más amplia que el Gobierno) habrá una administración a su servicio y unos cargos políticos -ministros y secretarios de Estado- de auténtico contenido gubernamental. Esta será su principal preocupación y no la de agudizar el oído sobre el último rumor acerca del nuevo cambio de ministros con todo su equipo. En el mundo de mañana, es decir, en el mundo de hoy, ya no habrá lugar para seguir pagando esos despilfarros.