Tensión laboral en empresas de servicio público

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en un comunicado difundido ayer, llama la atención del Gobierno en torno a una serie de conflictos laborales que estos días se registran en empresas y sectores que, por su carácter de servicio público, podrían tener una repercusión evidente en la vida económica del país, con el consiguiente favorecimiento de un clima de inestabilidad que serviría a intereses ajenos a los trabajadores.

Estos conflictos, o situaciones preconflictivas, afectan de manera inmediata a los trabajadores de Correos y Telégrafos, la Compañía del Metropolitano madrileño, y al personal no funcionario de la Subsecretaría de Aviación Civil. En este último caso, la repercusión del conflicto con el que este colectivo amenaza a la Administración en apoyo de sus reivindicaciones que motivan los bajos salarios, la ausencia de sindicación y el sometimiento a la ordenanza y disciplina militar supondría la práctica paralización del tráfico aéreo en nuestro país.También en el sector aéreo, los controladores arrastran su conflicto desde agosto del pasado año, que podría generalizarse y hacerse total el próximo día 20, si antes no son atendidas sus reivindicaciones, sobre las que, por otra parte, la Administración guarda un mutismo absoluto.

Otro colectivo cuya actividad supone un servicio público, como es la Administración de Justicia Municipal, permanece también en huelga en apoyo de su equiparación con los funcionarios de la Administración de Justicia. El paro entre estos funcionarios afectaba ayer al 90 % de los casi 6.000 con que cuenta la Justicia Municipal en toda España. La incidencia de este conflicto, al margen de las molestias y retrasos que estos días se aprecian en los juzgados municipales, puede alcanzar incluso al proceso electoral, dado que los jueces municipales, en los pueblos, presiden las juntas electorales.

Malestar laboral en el Metro

El conflicto laboral que de forma latente existe en la Compañía del Metropolitano de Madrid (Metro), tiene su origen en las frustradas negociaciones habidas en días pasados -según fuentes de CCOO- entre los trabajadores y la dirección para poder cobrar la paga de beneficios, establecida en el convenio colectivo en vigor.

Tras repetidos contactos entre ambas partes, los trabajadores aún no han percibido la citada paga, para cuyo abono han dado de plazo a la empresa hasta el próximo día 15. De no hacerse efectiva la paga en esa fecha, no se descarta una posible acción de protesta que, por otra parte, y según las citadas fuentes, podría ser bien vista por de terminados sectores empeñados en favorecer una situación conflictiva, en el terreno laboral, con la consiguiente capitalización política de sectores inmovilistas empeñados en la desestabilización del procesó democrático del país.

Correos, pendiente de sus reivindicaciones

En Correos y Telégrafos, donde se viene negociando desde hace va rios meses, los contactos entre la comisión negociadora estatal y la Dirección General llegaron ayer prácticamente a su término con la contestación oficial a una de las reivindicaciones que los trabajadores consideran básica: el incremento lineal de los salarios en 10.000 pesetas mensuales.

El contenido de la respuesta de la Administración, ofrecida a los trabajadores a última hora de ayer, no ha sido hecha pública por la comisión negociadora estatal -cuyos 37 miembros se reunieron inmediatamente de conocida dicha postura para elaborar un comunicado a sus representados- y para informar de la misma, así como de las posibles acciones de presión que su contenido origine, esta mañana celebrarán una rueda de prensa.

La plataforma reivindicativa de los trabajadores de Correos y Telégrafos, muy extensa, se centra en tres puntos fundamentales: la petición económica antes citada, una ampliación de plantillas que permita atender la sobrecarga de trabajo que originará el proceso electoral en marcha, y la concesión de amnistía laboral para los sancionados a raíz del último conflicto. Sobre estos dos últimos puntos, la Dirección General ya ha insinuado algunas ofertas concretas (en relación con el tema de la amnistía, una comisión de representantes se entrevistará, posiblemente, en fechas próximas con el ministro de la Gobernación), si bien el aspecto económico, el único que no admite planteamientos disuasorios por parte de la Administración, no fue concretado hasta anoche.

A la vista de las distintas fases por las que está atravesando la negociación, durante el pasado fin de semana se han celebrado asambleas regionales de representantes (en Madrid y en Barcelona las asambleas contaron con la presencia de las respectivas bases) y en las mismas se ha reafirmado el apoyo a la plataforma reivindicativa y se ha establecido el acuerdo de que el tipo de acción que se decida, como presión, sea unitario.

Juzgados municipales: se extiende la huelga

La huelga de celo de los funcionarios de juzgados municipales se extendió ayer a toda España, salvo Barcelona capital, Navarra y Bilbao, según miembros de la comisión nacional de funcionarios de Justicia Municipal. Fuentes del Ministerio de Justicia, sin embargo, informaron a Europa Press que la huelga «afectaba a un número irrelevante de funcionarios y no afectaba para nada el funcionamiento del servicio».

Las reivindicaciones motivo de la huelga han sido concedidas hace varios meses, según el Ministerio, y simplemente se ha demorado su materialización por una cuestión de puro trámite, que es perfectamente conocida por los funcionarios en conflicto, ya que no en vano trabajan también en la Administración -añaden los citados portavoces- y saben de la lentitud con que se efectúan generalmente los trámites.

La comisión nacional de funcionarios de Justicia Municipal, tras conocer la versión del Ministerio sobre su conflicto a través de Radio Nacional y Televisión Española, hizo pública una nota donde se puntualizan los motivos de la huelga, consolidación de un derecho legal que se les reconoció hace tres años, y se duda de que unas simples cuestiones de trámite produzcan una demora tan grande; la ley Orgánica de Bases de la Justicia se aprobó en 1974, sin tener en cuenta los graves perjuicios que se derivan para los funcionarios. La nota de la comisión, por último, después de recordar que en los contactos mantenidos con el Ministerio de Justicia no se les han ofrecido suficientes garantías de que se resolvería su situación, se compromete a desconvocar la acción de protesta en cuanto estas seguridades les sean otorgadas. Para ello, hoy mismo y con carácter de urgencia, han vuelto a solicitar una entrevista con el director general de Justicia.

Por otra parte, según informaron a EL PAIS miembros de la comisión, no se les ha facilitado, tal como se les había prometido, el borrador elaborado por el Ministerio sobre la equiparación de retribuciones de este personal con el del resto del funcionariado de la Administración Pública.

Ayer, en el segundo día de huelga de celo, aumentaron las colas y aglomeraciones en algunos juzgados, pero no se produjeron incidentes. En Barcelona, que hasta ahora se habían mantenido al margen del conflicto, se celebró ayer tarde una reunión y hoy, según fuentes de la comisión, iniciarán, probablemente, la huelga de celo. El Colegio de Abogados, a través de Pedrol Rius, podría mediar, según se rumoreaba ayer, entre el Ministerio y los funcionarios para encontrar una rápida solución al conflicto.