San Sebastián: insisten en celebrar el congreso de la amnistía

«Nos proponemos realizar el congreso de amnistía él próximo 30 de enero, bien en Euzkadi o en cualquier otro lugar, e invitamos a los ayuntamientos, partidos políticos, organizaciones, entidades, y a todos aquellos que antes se pronunciaron por la amnistía a que hagan suya la lucha por la amnistía total y sin exclusiones.» En estos términos se manifestaban el domingo los organizadores de este fallido congreso, en el transcurso de una rueda de prensa que se celebró en San Sebastián a la misma hora que debía de haber comenzado el acto del congreso, suspendido por segunda, vez, consecutiva por la autoridad civil de Guipúzcoa (véase EL PAIS, del domingo 19 de diciembre).Las entidades organizadoras de este congreso -las cuatro gestoras de Euzkadi y los comités que luchan por la amnistía en Cataluña, Madrid, Galicia, Valencia, Alicante y Castellón- hicieron público un comunicado en el que denunciaban la represión que hoy todavía provoca el tema de la amnistía. A pesar de ello, manifestaban su empeño en proseguir por la lucha de una amnistía total, «empeño que no cejaremos en tanto quede un solo preso político».

Para los firmantes, estas decisiones de prohibir actos pro amnistía violan los derechos humanos más elementales, y contrastan con la actitud tolerante de las autoridades respecto a otros actos públicos de índole política, incluso con los grupos llamados no legalizados. Afirman, asimismo, que la violación de los derechos democráticos en la persona «puede llegar a crear, a nuestrojuicio, una situación de todavía más violencia, viendo que se cierran iodos los cauces legales».

Por su parte, el secretario general de la Liga de los Derechos Humanos, Denis Payot, ha enviado desde Ginebra una carta al gobernador civil de Guipúzcoa en la que expresa su protesta por la decisión gubernamental de suspender las actividades de la gestora pro amnistía de Guipúzcoa desde el pasado día 17 de noviembre. Mister Payot afirma en su larga misiva que, su federación no puede comprender esta decisión contra una gestora a la que sólo preocupan cuestiones humanitarias, pues entiende que «sólo una decisión en lo que concierne a los presos políticos podrá contribuir al pleno restablecimiento de la democracia en España»

Ante estas afirmaciones, el secretario general de los Derechos Humanos, hace saber al gobernador civil de Guipúzcoa que su federación «se levantará contra las condenas o sanciones pecuniarias que usted pudiera tomar contra las personas que se manifiestan únicamente por el restablecimiento de los derechos del hombre y de las libertades de su país».