"Estamos en pleno período constituyente para establecer las bases de una monarquía democrática"

-Se dice que usted esperaba ser jefe de Gobierno y que en su negativa a colaborar en el nuevo Gabinete habrían influido razones de molestia personal por no haber sido incluido en la terna del Consejo del Reino.

-La suposición de que en esa actitud mía pudiera haber algo de resentimiento o despecho seria ofensiva, si no fuera enteramente ridícula. Mi actuación pública siempre se ha inspirado en el deseo de servir a España, en mi lealtad a la Monarquía y, desde el 20 de noviembre, en mi estricta fidelidad a la persona del Rey. Esas han sido y siguen siendo las líneas inspiradoras de mi actividad política.

- Entonces, si su decisión se basó en otros motivos, motivos de fondo por ejemplo, parece que usted debería dar una explicación a la opinión pública.

-Pienso que el factor tiempo es esencial en política. Y que desgraciadamente en estos siete primeros meses de Monarquía se ha perdido un tiempo precioso, debido a los frenos y obstáculos con que tropezó desde un principio la operación de la reforma. Mientras la opinión pública y los grupos políticos y sociales del país iban avanzando, a zancadas, hacia la libertad, el programa reformista progresaba, a pulgadas, en la misma dirección, quedando siempre rezagado ante la realidad. Aún así, lo conseguido en esos siete meses del Gobierno Arias fue considerable en relación con el nivel de partida y, además, representó un logro irreversible en orden al futuro.

Ahora bien; en las circunstancias actuales y no hace falta que me extienda en describirlas, la urgencia se ha vuelto apremiante. No hay margen razonable que permita tomase a estas alturas un período de espera. Las decisiones han de ser tajantes y el recobro de la iniciativa debe ser total. El bloqueo institucional que ha embarrancado en sus arrecifes el proceso de la reforma de las leyes fundamentales no puede resolverse con paliativos. Se ha perdido otro mes -el de julio- y no se intentará reflotar el navío hasta septiembre u octubre por lo menos. A mi entender, ya es tarde para ello. Estamos, de hecho, en pleno período constituyente. No otra cosa es el intento de reformar una ley fundamental. Pues bien; hay que llamar a las cosas por su nombre y decir que vamos a proponer a la nación la aprobación de una Constitución nueva para España. Una Constitución que establezca en nuestro país, definitivamente, las bases de una Monarquía democrática.

Esa operación de Estado que representa la transición global del franquismo a las instituciones democráticas debe hacerse pacíficamente y dentro de la legalidad. Precisamente por las circunstancias que concurren en la figura del Rey y en los poderes que ejerce y encarna, así como en la fuerte impronta de su personalidad en la opinión pública, puede llevarse a cabo dicha iniciativa con rapidez y eficacia y llegarse a la Asamblea elegida por sufragio universal que elabore, discuta y apruebe la nueva carta constitucional. El referéndum de «arbitraje democrático», como lo ha llamado con acierto don José María Gil-Robles, ha de ser rotundo y convocado en plazo inmediato para allanar el camino por la vía instrumental de los decretos-leyes. Eso supondría el desbloqueo instantáneo y automático de todos los cerrojos existentes, que se van enquistando más y más cada día que perduran.

Al propio tiempo, atraviesa la economía española por un período de crisis importante cuyos efectos sociales perturban gravemente nuestra convivencia. Para salir al encuentro de esa situación es preciso ofrecer, desde ahora, un modelo económico adecuado, de vasta y profunda perspectiva, cuya elaboración preparen personalidades independientes de relieve y prestigio y de talante democrático, procedentes de nuestra brillante pléyade de economistas, sociólogos y urbanistas. Ese modelo nada tiene que ver con los esquemas del desarrollo tecnocrático de los años sesenta, enteramente agotados e inútiles para la realidad actual, pues correspondían a un Estado autoritario sin libertades ni democracia política.

-¿Y no cree usted que precisamente la crisis económica podría retrasar el proceso político?

-Se ha dicho -desde luego- que el planteamiento económico debe adelantarse en prioridad a los problemas políticos y que podría incluso aconsejar el aplazamiento de aquéllos. Opino de distinta manera. Entiendo que una vez aceptado el modelo económico que corresponde a la nueva sociedad, debería ser objeto de un pacto por parte de todos los grupos y sectores democráticos del país, comprometiéndose a respetar sus líneas maestras incluso más allá de los resultados de la primera consulta electoral, para asegurar la continuidad de una política económica con resultados tangibles.

Inmediata convocatoria a la nación

-¿Qué le ha parecido el programa del Gabinete Suárez?

-La declaración programática, cuyo lenguaje aplaudo, obliga a convertirla en hechos y a sacar las consecuencias. Si la soberanía reside en la nación, hay que convocarla de modo inmediato para que elabore -soberanamente- su código de convivencia política. Todos los grupos democráticos del país deben unirse en la tarea de traer las libertades civiles y el sistema democrático a España. Esa alianza debe establecerse con fines inmediatos para ayudar a que el tránsito final hacia la Monarquía democrática se convierta rápidamente en una realidad. Yo he dicho alguna vez que el Rey es el motor del cambio. Ahora quiero añadir que debe pasar a la historia como el Monarca que devolvió la soberanía al pueblo y autolimitó después sus poderes, para convertirse en Rey constitucional. Sería la legitimación democrática plenaria de la Corona capaz de ingresar en la órbita de las Monarquías de la Europa Occidental. No hay que tener miedo. Ningún Rey que pacta con su pueblo corre riesgos de naturaleza política.

-Parece que condición primera para todo ello es la amnistía. Ahora muchos temen que ésta se quede corta. ¿Participa usted de esos temores?

- La amnistía, como la debatida cuestión del Partido Comunista, son, a mi juicio, falsos planteamientos que los inmovilistas tienden como trampas en el camino, destinadas a retrasar el proceso verdadero que es el de la inmediata democratización de nuestra vida pública. Pienso que la amnistía debe ser lo más completa posible, abarcando las diversas vertientes jurisdiccionales y administrativas pendientes y liquidando todas las secuelas del pasado. El haber transferido al Rey la decisión última, como corresponde a la esfera suprema de la gracia, hace concebir las máximas esperanzas en el alcance generoso de la medida.

Reforma de la estructura del Estado

-Ha citado usted al Partido Comunista. ¿Cuál es su opinión respecto a la existencia legal del mismo?

-La legalización del Partido Comunista, que resulta posible -dentro del texto aprobado por las Cortes, es un tema que carece, a mi juicio, de interés, por ser algo que inevitablemente acabará por imponerse, como se imponen las realidades sociales en un país libre. Otra cosa es que la derecha sepa arrebatar las banderas que hábilmente enarbola aquél. ¿Qué piden los manifestantes multitudinarios de las barriadas y de las ciudades a las que llegó la turbulenta expansión del urbanismo apresurado? Escuelas; aceras; agua; transportes; educación gratuita; hospitales... Se nos dice que todo eso es una sutil maniobra comunista. ¡Tremendo programa subversivo! Que la población urbana española pida mejor y más eficaz infraestructura social a cargo del erario público, ¿no es la prueba mejor de que el clima general no es revolucionario, ni violento, sino democrático y pacífico?

-Hay otros dos puntos del programa, y de la actualidad política española, que nos gustaría comentara, siquiera brevemente. Nos referimos al problema de las regiones y las autonomías solicitadas, y a la proclamada libertad sindical.

-Es urgente no olvidarse del carácter prioritario de los grandes planteamientos regionales, sin mengua de que en su día la nueva Constitución aborde el problema con carácter general como reforma de la estructura del Estado. En Cataluña y en el País Vasco alguña forma de decisión política será necesaria para evitar la absoluta desconexión actual entre la realidad que allí existe y la utópica versión oficial. La Monarquía democrática puede ofrecer fórmulas audaces que reviertan esa situación antes de la convocatoria electoral.

Parecido es el ámbito sindical al que hay que dar inmediata solución de libertad, dejando para las Cortes Constituyentes el definitivo perfil de las organizaciones laborales del futuro.

-Como ministro de Asuntos Exteriores saliente, ¿qué le ha parecido la actitud de don Juan Carlos al renunciar al privilegio de presentación de obispos?

-Me produjo gran satisfacción la noticia de que el Rey había enviado la carta al Sumo Pontífice comunicándole el propósito de renunciar al derecho de presentación. Es otro ejemplo de limitación voluntaria de poderes como el que antes mencionaba. La negociación con la Santa Sede, que se encuentra prácticamente ultimada, puede convertirse ahora en fecunda realidad.

Una Iglesia libre y un Estado libre que pactan una mútua concordia de intereses mirando hacia el futuro. El Estado es un poder; la Iglesia una fuerza espiritual. En España esa concordia es muy importante y necesaria. Entre otras cosas, ha de servir para que no haya ingerencia alguna de la Iglesia en la política civil, ni directamente, ni a través de grupos, Institutos o asociaciones que traten de servir equívocamente sus propios intereses envolviéndolos en el velo de la religión.

El Ejército pertenece a la colectividad

-¿Cuál cree usted que ha sido el papel del Ejército en estos meses? ¿Cuál cree que puede ser?

-Las FFAA han mantenido hasta la fecha y durante la difícil etapa de transición una actitud verdaderamente ejemplar, de fidelidad a su misión constitucional y de neutralidad estricta, ante las opciones políticas diversas que se van manifestando. No veo razón alguna para que esa posición cambie. Antes al contrario, pienso que no verán con buenos ojos cualquier intento o tentación de comprometerlas en una dirección determinada.

La era de las intervenciones militares en la política se ha terminado en nuestra historia como consecuencia de nuestra mayoría de edad económica, social y cultural. A una nación que es la no-