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La gran batalla por dominar el negocio de la natación mundial

La FINA amenaza con dejar sin Juegos a los participantes en una prueba en diciembre en Turín montada por un organismo privado que quiere promover una competición propia

Adam Peaty gana el oro europeo en 100m braza el pasado agosto.
Adam Peaty gana el oro europeo en 100m braza el pasado agosto. AFP/Getty Images

El nadador británico Adam Peaty, 23 años, oro olímpico en Río en 100m braza y récord del mundo, hizo el sábado pasado un movimiento inusualmente arriesgado: firmó un contrato para participar en un mitin de natación el 20 y el 21 de diciembre en Turín. En sus redes sociales dijo estar “feliz”, pese a que tres días antes la federación internacional de natación (FINA) había amenazado a los participantes con suspensiones de hasta dos años, lo que les dejaría fuera de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, según reveló la web especializada SwimSwam.

El evento de Turín es el último escenario de una gran batalla por el control de la natación mundial entre la FINA y una organización recién creada, la International Swimming League (ISL), comandada por un antiguo banquero de inversión (Ali Khan), financiada por un multimillonario ucranio (Konstantin Grigorishin) y asesorada por Wasserman, la empresa del presidente del comité organizador de Los Ángeles 2028, Casey Wasserman.

La ISL echó a andar en 2017 impulsada por una idea que se prometía jugosa: pese a ser uno de los deportes más practicados del mundo, la natación apenas obtiene atención fuera del periodo olímpico, y se lleva menos del 0,03% de la tarta global de los ingresos deportivos. “Me preguntaba por qué el exitoso modelo de negocio de los deportes de equipo no se había intentado en la natación”, dice Grigorishin en la web oficial de la ISL. En ella se explica también que pretenden organizar un nuevo formato de competición, por equipos, con ocho grupos de 24 nadadores (12 hombres y 12 mujeres) que, sin estar divididos por países, compiten durante cuatro días en diversas pruebas y distancias en piscina corta. El show circularía de ciudad en ciudad a lo largo de todo el año. “Traerá beneficios considerables a quien elija formar parte de este increíble proyecto”, dice Grigorishin, que promete más ingresos para nadadores y entrenadores, y que cree que pueden llegar a 100 millones de espectadores en cinco años.

Desde que recibió los primeros indicios sólidos de los planes de la ISL, que pretendía organizar su primer evento de prueba en diciembre de este año, la FINA ha maniobrado para tratar de bloquearlos. El 5 de junio pasado envió una carta a las 209 federaciones nacionales en la que les cuenta que se había enterado de la existencia de “una competición que se hace llamar Liga Internacional de Natación, que la FINA no reconoce”, y les recuerda, con profusas referencias a artículos de su regulación, que las competiciones internacionales deben organizarse bajo su manto. Además, denegó a la ISL la bendición para ese evento de test que planeaba en diciembre.

Pero la ISL encontró una alternativa. El 2 de noviembre la federación italiana de natación anunció el mitin de Turín del 20 y el 21 de diciembre. El camino no parece casual. El presidente de la federación italiana es Paolo Barelli, que el año pasado perdió las elecciones a la presidencia de la FINA contra Julio Maglione. Sobre el papel, la competición no la monta la ISL, sino la federación de Barelli, pero está patrocinada por Energy Standard Group. Se trata de una empresa con varias fábricas de equipamiento eléctrico en Ucrania y cuyo máximo accionista es Grigorishin, que además de tener una colección de arte valorada, según Forbes, en 300 millones de dólares, es fundador y presidente del Club Internacional de Natación Energy Standard. El mitin de Turín también es de la familia: se llama Energy for Swim.

Castigos y dinero

Dos días antes de que la federación italiana realizara el anuncio oficial, la FINA distribuyó otra carta entre sus asociados. Les decía que ese Energy for Swim que se anunciaría dos días después era una competición internacional, que ese tipo de pruebas requería de la autorización de la FINA, y que esa autorización debía pedirse con seis meses de antelación, algo ya irremediable. Además, recordaba el régimen sancionador aplicable: una suspensión mínima de un año (que dejaría a los nadadores sin el Mundial de Corea del Sur de 2019) que podría llegar a dos (sin Juegos de Tokio).

Poco después anunció que duplicaba el dinero destinado a premios en el próximo Mundial de piscina corta de diciembre en Hangzhou (China), que pasaba de 1,2 millones de dólares a 2,1. Rectificaba lo que había dicho una semana antes: 1,2 millones.

Mientras se desplegaba una batalla institucional con ecos de la que mantienen la federación internacional de baloncesto (FIBA) y la Euroliga (competición privada de clubes), la ISL fue reuniendo una vistosa colección de cerca de 40 nadadores del más alto nivel, que podrían verse atrapados en mitad de la batalla. Se han alistado, entre otros, Katinka Hosszu (dos oros olímpicos), Chad Le Clos (un oro, dos platas), Ranomi Kromowidjojo (tres oros) y Sarah Sjostrom (uno). Después incluso de la amenaza de la FINA, la lista ha seguido aumentando: el jueves se apuntó Michael Andrew, campeón del mundo en piscina corta de 100m estilos en 2016.

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