La ACB, entre el colapso y la reestructuración

El pasado viernes, el Gipuzkoa Basket selló su regreso a la ACB tras garantizarse matemáticamente el primer puesto de la LEB Oro al derrotar al Coruña en el pabellón José Antonio Gaska pero, consumado el ascenso deportivo, queda por definir el marco económico administrativo que dará o quitará sustento a la conquista sobre el parqué. El 11 de abril, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionaba a la Asociación de Clubes con una multa de 400.000 euros por entender que el canon de acceso al torneo y el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos (la cantidad que pone el club que sube y que recibe el que baja para amortiguar la caída) son mecanismos “desproporcionados, inequitativos y discriminatorios”. La resolución explicitaba que la primera competición del baloncesto español es, hoy por hoy, un torneo en riesgo de colapso, “fosilizado” —según la definición del organismo público—, y abocado a una completa reestructuración.

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La próxima temporada, en la que las ventanas de la FIBA destartalarán y asfixiarán el calendario interrumpiendo la Liga —del 20 al 28 de noviembre, del 19 al 27 de febrero y del 26 de junio al 3 de julio—, podría darse la paradoja de que la ACB creciera hasta la inabarcable cifra de 20 equipos. Además del Gipuzkoa, un segundo equipo obtendrá el ascenso como vencedor del playoff de la LEB y, a los dos clubes, se les suman Palencia y Melilla. Ambos equipos comunicaron el curso pasado su “imposibilidad de cumplimiento de los requisitos” para afiliarse a la ACB de cara la presente temporada, pero, siguiendo el modelo que se inventó con el Ourense, garantizaron mantener sus derechos deportivos para la temporada 2017-18, confiando en cumplir con los requisitos económico-financieros y de instalaciones deportivas, y pendiente de un acuerdo con la Federación Española respecto a la normativa de la LEB Oro.

A estas horas se desconoce cómo quedará dicha normativa, pero los ayuntamientos de Melilla y Palencia tienen presupuestadas las reformas de sus pabellones y las obras en el Marta Domínguez empiezan esta misma semana. El conjunto castellano leonés, que se trasladará al Pabellón Provincial Adolfo Nicolás de Villamuriel de Cerrato para disputar el playoff, cuenta además desde el verano pasado con la mediación declarada del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo —diputado del PP por Palencia— para consumar un ascenso que también reclama el Burgos.

Fue precisamente el Tizona Burgos el que, después de tres ascensos deportivos frustrados en los despachos, interpuso en 2015 la denuncia ante la CNMC y ante la Audiencia Nacional para cambiar el modelo de acceso a la ACB. Conocida la resolución de Competencia, el club burgalés anunció la semana pasada su disposición de volver a reclamar su espacio en la élite.

“Los clubes están defraudados y alarmados por la resolución de la CNMC, que no tiene en cuenta que la ACB ha cumplido estrictamente con la legislación deportiva de nuestro país, donde tienen perfecto encaje las figuras de la cuota de entrada y del Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos (FRAD)”, explicó el presidente de los clubes, Francisco Roca, tras la reunión de trabajo del pasado martes en Madrid, la primera de una serie que se prevé larga y en la que deberán converger la propia ACB, la Federación Española de Baloncesto —organizadora de la LEB— y el CSD. “La resolución atenta contra el autogobierno de la liga. La existencia de la cuota de entrada para el ascenso se remonta a hace 26 años y ha sido refrendada por la Federación en todos los convenios, además de tener la aprobación explícita del Consejo Superior de Deportes”, proseguía la nota de los clubes, en la que anunciaban la intención de ejercer “la más contundente defensa” de sus intereses sin descartar ninguna a corto y medio plazo.

En los últimos seis años, tan solo el Andorra, en 2014, logró completar el proceso de ascenso a la ACB —el CB Canarias lo consiguió en 2012 comprando a menor precio la plaza del Lucentum Alicante—. La crisis evidenció el bloque y la obsolescencia de un formato que ha eliminado la credibilidad deportiva de la competición con descensos sin drama y ascensos sin premio. La resolución de la CNMC contra el canon —3,126 millones más IVA— y la aportación al Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos —1,563 millones más IVA— obliga ahora a la ACB y la Federación a alcanzar un nuevo acuerdo que resuelva herencias pendientes de los últimos veranos, ordene y haga viable la competición y garantice la supervivencia de la Liga frente a la expansión de la FIBA y la Euroliga. Todos los actores apuestan por la rebaja del canon, pero la eliminación del FRAD situaría a varios equipos y a la propia organización en una situación crítica. Con el expediente Endesa-Movistar, por la renovación del Title Sponsor de la competición, aún por resolver, a la ACB le toca reinventarse.