Cómo la subvención de la Liga a las federaciones se hizo patrocinio

En octubre, Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, lo anunció como una generosa subvención: seis millones de euros (el 1% del contrato televisivo con Telefónica, que los clubes ceden para promocionar la Liga) que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) repartía entre las 64 federaciones deportivas españolas, olímpicas y no olímpicas. A su lado, Javier Tebas, presidente de la Liga sonreía complacido y a su alrededor, todos los presidentes federativos, salvo el del fútbol, aplaudían hambrientos mientras mentalmente hacían cálculos sobre cuánto les correspondería y qué harían con ello.

Hasta finales de diciembre las federaciones no tuvieron más noticias, y las que recibieron les sorprendieron: un imperativo correo electrónico, con la petición de que firmaran inmediatamente, antes del 31, el contrato adjunto en la comunicación para poder cargar la subvención en el ejercicio de 2015. Abierto el contrato, descubrieron en su comienzo que lo que debían firmar no era la aceptación de un dinero, sino un contrato por el que la Liga adquiría la condición de patrocinador de la federación, con sus correspondientes contraprestaciones publicitarias: exhibición del logo de la Liga en competiciones y competidores, colaboración de los deportistas para hacer publicidad de la liga del fútbol y cesión de imágenes para una plataforma digital que la Liga está creando.

En caso de discrepancias entre lo exigido y lo dado, arbitrará el Consejo Superior de Deportes (CSD), el organismo que ha urdido el enlace y que ha fijado tanto el monto de lo percibido por cada federación como decidido el destino final del dinero, como si fuera una subvención pública. De hecho, el cálculo para decidir lo que le correspondería a cada federación se hizo partiendo de lo que recibe como subvención del CSD.

Un asunto público-privado

El CSD explica que es lógico y necesario que una empresa privada deba exigir contraprestaciones para justificar cualquier gasto. Varios expertos en derecho deportivo consultados aceptan la justificación, pero no acaban de entender cómo se concilia la participación en un acuerdo privado del CSD, un organismo público. También mostraron su preocupación por que la Liga centralizara en una plataforma digital las imágenes de las competiciones de los demás deportes.

A las federaciones, que firmaron el contrato y discuten estos días con el exciclista Pipe Gómez, el hombre de la Liga en el acuerdo, las modalidades de colaboración, les preocupa sobre todo la continuidad de los ingresos. En octubre, Miguel Cardenal les anunció a las federaciones que en años sucesivos se mantendría el convenio de colaboración con la Liga, que sus ingresos se doblarían conforme aumenten los ingresos televisivos y que un Real Decreto lo regularía. En enero, el Real Decreto de desarrollo de la norma que consagra la venta centralizada de los derechos televisivos (la fuente legal del maná que recibe la Liga) aún no se ha aprobado, sin embargo, y parece difícil que pueda serlo próximamente, pues no se consideraría elegante políticamente que lo hiciera un Gobierno en funciones.