El Ayuntamiento desconoce el crédito de 150 millones para La Peineta

El Ayuntamiento de Madrid no tiene constancia de que Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) haya solicitado un crédito de 150 millones de euros para seguir adelante con la construcción del estadio de La Peineta ante la posibilidad de que una nueva paralización de las obras retrase otra vez el traslado del Atlético al mismo, previsto para la temporada 2017-18. El crédito será concedido a la constructora por una entidad financiera del magnate mexicano Carlos Slim, a su vez accionista mayoritario de FCC, la empresa encargada de levantar el nuevo coliseo rojiblanco. Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía, ha negado en una rueda de prensa este jueves que el Consistorio haya mantenido contacto alguno con directivos del Atlético de Madrid.

Fuentes del club señalaron que la operación financiera se ha hecho con el convencimiento de que el plan urbanístico de los terrenos Mahou-Calderón se realizará, aunque no parece que vaya a ser en los mismos términos acordados entre el Ayuntamiento, el club y la cervecera. Varios directivos del equipo rojiblanco se reunieron antes de las elecciones del pasado 24 de mayo con las distintas formaciones políticas: todas los partidos mostraron su predisposición para encontrar una solución a la paralización del proyecto, según fuentes del club.

Los impedimentos legales y los problemas coyunturales que han surgido desde que se puso en marcha el proyecto han supuesto un obstáculo que lo han demorado ya seis años. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el pasado abril la operación urbanística diseñada por el Ayuntamiento y por el Atlético de Madrid para derribar el estadio Vicente Calderón, construir 2.000 viviendas sobre la parcela que ocupa junto al río Manzanares, y trasladar al club de fútbol al campo de La Peineta, al otro lado de la ciudad.

El proyecto de la Peineta comenzó en 2004, con el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP). Gallardón presentó el proyecto para convertir La Peineta en estadio olímpico en julio de 2004. Para asegurarse de que la instalación tuviera uso después de los Juegos, Gallardón firmó en diciembre de 2009 un convenio con el Atlético para que abandonara el Vicente Calderón y se mudara al nuevo estadio construido en una parcela municipal del distrito de San Blas. La fecha prevista para el traslado era 2012, aunque fue retrasándose al ritmo de los sucesivos fracasos olímpicos y por la crisis económica hasta la temporada 2017-2018.

Aquel convenio obligaba al Atlético a comprar o alquilar el suelo donde se iba a levantar La Peineta —el antiguo estadio que había ya construido se valoró en cero euros por su “importante estado de deterioro”, y se acordó su derribo—. La parcela municipal, de 88.150 metros cuadrados, fue tasada en 41,2 millones de euros. El club debía además construir el nuevo campo, con 73.000 asientos (20.000 más que el Calderón) y valorado en 195 millones.

Para sufragar todos esos gastos, el club firmó un acuerdo con Fomento de Construcciones y Contrata (FCC) y Mahou (dueña de un terreno junto al Calderón) para construir 2.000 pisos en la parcela del estadio. Pero FCC advirtió el pasado 4 de noviembre de que no le salían las cuentas: la caída del precio de la vivienda impedía costear su parte de la operación con la venta de esos pisos.

Para realizar la venta era necesario además cambiar el planeamiento urbanístico; la parcela en cuestión estaba calificada como de uso público deportivo, y por tanto no podía ser enajenada. La modificación urbanística planeada por el Ayuntamiento la convertiría en suelo deportivo de uso privado, pudiendo ser adquirida así por el Atlético. Pero a la hora de aprobar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del ámbito de La Peineta, el Ayuntamiento se encontró con que el Gobierno regional discrepaba sobre las cargas urbanísticas que debía abonar el club.

Según los cálculos de la Comunidad, el precio se elevaba a 78 millones, casi el doble de lo acordado con el Ayuntamiento. El Atlético decidió entonces paralizar la operación urbanística y dejarla en manos de los nuevos gobiernos municipal y regional salidos de las urnas en mayo. El Ayuntamiento, liderado por Ahora Madrid con el apoyo del PSOE-M, está en contra de la enajenación de suelo público, aunque todavía no se han pronunciado públicamente sobre esta operación.

El convenio firmado en 2017 prevé dos alternativas en caso de que el Atlético no pueda hacerse en propiedad con la parcela. La primera es mudarse a La Peineta en régimen de alquiler: el estadio sería municipal, y el equipo pagaría un canon anual de 1,6 millones durante los próximos 75 años. Esta opción ha sido descartada de plano por el club, según fuentes conocedoras de la negociación.