El Murcia, a Segunda B

El Murcia jugará en Segunda División B, y su sitio en Segunda lo ocupará el Mirandés. Así lo decidió el juez Javier Vaquer, del Juzgado Mercantil número siete de Madrid, en un auto firmado a menos de 48 horas del comienzo del campeonato, que arranca el sábado. Sin embargo, las consecuencias del escrito, contra el que cabe recurso en el plazo de 20 días, podrían ir más allá de lo que ocurra con el equipo pimentonero y afectar a las medidas de control económico impulsadas por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) con el objetivo de reducir los 3.600 millones de euros en deudas que arrastran los clubes profesionales, 482 de ellos con Hacienda.

Vaquer admitió el derecho del Juez único de la Liga a castigar con el descenso a Segunda B y multa de 180.303,83 euros al Murcia por incumplir “reiteradamente” con Hacienda (12,5 millones de euros). Al mismo tiempo abrió la puerta para que los clubes puedan pensar en la posibilidad de saltarse los ratios de deuda e ingresos aprobados por la LFP al explicitar que el organismo presidido por Javier Tebas “carece de expresa cobertura de Ley para restringir el acceso a la competición por razón del incumplimiento de ratios financieros de los clubes”. La decisión de no inscribir al Murcia en Segunda, abundó el juez, “por razón de incumplir aquellos parámetros financieros resulta injustificada objetivamente”. “Dichos parámetros y exigencias financieras aparecen regulados en norma interna (...), sin rango legal alguno, por más que la apruebe el Consejo Superior de Deportes”.

“Pero el control económico es mucho más que los ratios, y el análisis que hace el juez está ceñido al Murcia, no está cuestionando de manera completa el sistema”, opinaron fuentes jurídicas del CSD. “Lo que viene a decir es que si una ley autorizara los ratios, él no se podría meter. Los equipos están a favor del control económico. Cuando aprobamos el primer reglamento, casi la mitad lo impugnaron. El segundo, que es todavía más duro, se aprobó por unanimidad. Y si uno habla con los presidentes, no hay ni uno que no esté a favor, porque es el único mecanismo que les permite no gastar más de lo que ingresan y justificarlo ante sus aficiones. No concebimos una insurrección [a raíz del auto]”.

Fue un día largo en la sede de los juzgados de lo mercantil de la madrileña Gran Vía, hasta donde acudieron las partes interesadas, representantes del departamento jurídico de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que abogaba por una Liga de 23; y de otros equipos, como el Mirandés o el Las Palmas, cuya personación en la causa no fue aceptada, o el Betis, por quien acudió como un espectador más Manuel Domínguez Platas, su presidente. El magistrado presenció un ejercicio de esgrima dialéctica. Mientras Juan Antonio Samper, el abogado del equipo pimentonero, argumentó que el control económico afecta a la ley de competencia, el de la Liga planteó un conflicto de competencias, al entender que la cuestión debía dirimirse en un tribunal de lo contencioso-administrativo.

 “El Murcia es más viable en Segunda B que en Segunda”, dijo Miguel García Cava, el letrado de la LFP, que tendrá que depositar cuatro millones de euros como caución por si futuras instancias judiciales le dan la razón al club. “El Zaragoza, el Racing y muchísimos otros clubes supieron hace tres meses que estaban en esta situación [de incumplir los ratios de deudas e ingresos] y cumplieron”, subrayó. “Es kafkiano premiar ahora al incumplidor frente al cumplidor”, siguió. “Se pretende que se aplique la ley de la competencia. Si tengo dos equipos con el mismo dinero y uno no paga impuestos y el otro sí… ¿no es eso anticompetitivo? Quien vulnera la ley es el Murcia, que no paga a sus futbolistas [fuentes de la AFE confirmaron que han recibido puntualmente sus salarios hasta julio], que no paga a Hacienda, y que así obtiene ventaja”, cerró, asegurando que el club tiene el récord de incumplimientos económicos, con cinco.

“Pero el Murcia está a favor del control económico”, le contestó Samper, que muy probablemente liderará al equipo legal que interponga el recurso contra el descenso ante la Audiencia Provincial. “Lo que no queremos son los controles económicos de la Liga, que están manipulados para excluir competidores”. “Los daños de que el Murcia descienda a Segunda B son irreparables”.

Por la tarde, con la decisión aún sin tomar, las peñas del Murcia se reunieron en el estadio de La Nueva Condomina bajo el lema Unión, murcianismo y justicia. Acudieron muchos de los aficionados que habían llenado a principios de agosto varios autobuses para manifestarse a las puertas de la sede madrileña de la LFP. Les pasó lo que entonces: pese a las protestas y los sentimientos, el Murcia descendió a Segunda B.