“Como si nunca hubiera ocurrido”

Explica el fiscal Gonzalo Camarero que, después de que la Audiencia Provincial de Madrid declarase nula la mayor parte de la Operación Galgo, deberemos hacer como que nunca hemos sabido lo que hemos sabido de las personas investigadas y sus presuntas acciones de dopaje, sus confesiones, las bolsas de sangre, los documentos incriminatorios, las escuchas sorprendentes... “Todo lo descubierto en la investigación anulada es como si nunca hubiera ocurrido”, dice Camarero, un especialista en la lucha antidopaje; “no podrá ser usado ni en un caso penal ni tampoco en un posible expediente administrativo incoado por las federaciones o el CSD para sancionar a los deportistas”.

Para Camarero, la clave en el auto de la Audiencia, también el abecé de cualquier investigación policial, es la diferencia entre “sospechas e indicios”: “No se pueden aceptar medidas que supongan limitaciones a los derechos fundamentales de una persona, como la intervención de sus llamadas telefónicas, basándose solo en sospechas de que se está cometiendo un delito. Es necesario algo más, llamémosle indicios”.

Esto lo dice Camarero y también lo escribe en la Guía de procedimientos y buenas prácticas ante posibles operaciones policiales vinculadas a la protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte, un manual editado por la Agencia Estatal Antidopaje (AEA), bajo la dirección de Javier Martín del Burgo, para, entre otros fines, evitar que se reproduzcan fiascos como el de la Operación Galgo, en el que el juez, sin preocuparse de leer las motivaciones del oficio de la Guardia Civil y fiándose de su palabra, les autorizó a montar el gran dispositivo investigador que después, cuando se comprobó que muchas de las sospechas estaban fundadas, anuló la propia justicia. “La Guía está más dirigida a las fuerzas policiales que a la judicatura”, dice otro de sus redactores, el magistrado Jesús Gavilán; “lo que refleja el auto de la Audiencia es que el de dopaje es un delito nuevo, de apenas cinco años, y que apenas ha habido investigaciones. Y que se trata de ir poco a poco efectuando los ajustes finos necesarios”.

Las últimas operaciones policiales antidopaje culminadas con éxito —la Cursa, la Máster, la Skype— se iniciaron precisamente con denuncias de los propios deportistas, no con sospechas ni indicios.

El auto también refleja, y con ello refuerza indudablemente la necesidad de la ley antidopaje que entró en vigor en noviembre de 2006, que, pese a que por la levedad de las penas con la que lo castiga el Código Penal —de seis meses a dos años de prisión—, el de dopaje es un delito “grave”. “La negativa repercusión que genera el ilícito [dopaje] en la proyección nacional e internacional del deporte y la enorme trascendencia económica que tiene la actividad deportiva en el mundo actual”, dice el auto, “conduce a este tribunal a considerar que estamos en presencia de un delito grave a los efectos de justificar las autorizaciones judiciales de intervenciones telefónicas y telemáticas y de entradas y registros domiciliarios”.

Este párrafo supone un cierto alivio para las autoridades policiales, que, como refleja Luis Peláez, comandante de la Guardia Civil, en su capítulo de la Guía, muchas veces chocan con la incomprensión de los jueces de instrucción a la hora de permitir investigaciones por considerar que el dopaje no es un delito grave.

Desde la entrada en vigor de la ley, la policía española ha efectuado 56 operaciones antidopaje y ha imputado por un presunto delito a 151 personas. Sin embargo, aún no se han podido utilizar los hallazgos policiales para sancionar a deportistas que, gracias a esas investigaciones, se sabe que se han dopado.

En este sentido, los últimos informes de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) indican que, mientras en los laboratorios solo se detecta entre un 1% y un 2% de positivos, la prevalencia del dopaje deportivo es superior al 10%. La diferencia entre lo que hay y lo que se descubre solo se podrá salvar, según la AMA, con las investigaciones policiales.