El Betis inicia acciones previas para acogerse a la ley concursal

El Consejo de Administración del Betis ha decidido por mayoría, y después de una larga reunión, la celebración de una junta extraordinaria de accionistas el próximo 29 de noviembre. Es solo el primer punto aprobado. El otro supone, nada más y nada menos, el inicio de las acciones previas para el el club se acoja a la ley concursal, es decir, declare concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

Acuciado por Rafael Gordillo y Juan Manuel Gómez Porrúa, los administradores judiciales de la participación del anterior máximo accionista, Manuel Ruiz de Lopera, el órgano de gestión de la entidad verdiblanca se reunió con el objetivo principal de fijar la celebración de esta junta extraordinaria, de la que debe salir un nuevo Consejo, acorde a la nueva mayoría accionarial impuesta por el auto de la juez Mercedes Alaya.

No obstante, el propio órgano admite en una nota difundida en la página web de la entidad que "sin con anterioridad a la fecha fijada se produjese resolución de la Audiencia Provincial en relación con los derechos políticos de las acciones de Farusa (acciones de Lopera, cuyo poder político corresponde a Gordillo y Porrúa), el Consejo procedería, de forma inmediata, a adelantar dicha junta, si legalmente procediese". Y es que la defensa de Lopera, así como la Fiscalía, recurrieron a la Audiencia de Sevilla el auto de Alaya, que inhabilitaba la venta de las acciones de Farusa al señor Oliver y nombraba interventores de las mismas (el 52% del total de las acciones del Betis) a los citados Gordillo y Porrúa.

La fecha de la celebración de la junta no ha gustado a las plataformas opositoras a la gestión del actual Consejo, pues la consideran muy tardía. Sostienen que el órgano de gobierno del Betis sigue ganando tiempo.

En cuanto al inicio de las acciones previas para acogerse a la ley concursal, la propia entidad ha anunciado en el mismo documento que "el consejo iniciará las acciones previstas en la ley sobre la refinanciación de la deuda y obligaciones contraídas y ya vencidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.3 de la ley 22/2003 del 9 de julio".