Anticorrupción se opone a la ampliación de capital del Atlético

El fiscal Anticorrupción Carlos Castresana se ha opuesto hoy a la ampliación de capital del Atlético de Madrid propuesta por el director general y consejero delegado del club rojiblanco, Miguel Angel Gil Marín. El fiscal entiende que no pueden venderse nuevas acciones mientras no se aclare el origen de las acciones de Jesús Gil.

La negativa, que tendrá que ser confirmada por la Audiencia, supone un duro golpe para el club ya que, según declaró ayer Gil Marín en el programa EL larguero de la Cadena SER, la ampliación es una de las pocas salidas que tiene la entidad para poder sobrevivir.

Castresana considera que la propuesta es contraria a derecho, dado que la sentencia del caso Atletico dictada por la Audiencia Nacional señala que Jesús Gil no desembolsó el capital social de las acciones anteriormente emitidas. "No puede ser autorizada la venta de acciones nuevas mientras estén sin vender las antiguas, y tampoco la compensación de acciones por créditos mientras se ignore quién debe a quién y cuánto", señala el informe del fiscal.

Tras recibir el informe del fiscal, la Sala de la Audiencia deberá decidir si accede a la propuesta de los administradores del club o sí, por el contrario, deniega la ampliación de capital, tal y como pide la Acusación Pública.

Gil no desembolsó sus acciones

En un escrito remitido a la Sección Primera de lo Penal de la AN, encargada de juzgar el caso Atlético, Castresana recuerda que la ampliación no puede realizarse sin el permiso de la Audiencia. El fiscal se basa en el artículo 154 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece como requisito a una ampliación de capital el total desembolso de las acciones anteriormente emitidas. En este sentido, Castresana señala que, según la sentencia del caso Atlético, recurrida ante el Supremo, Jesús Gil y Enrique Cerezo "no desembolsaron el 95% del capital social" de la entidad, por lo que se violenta el artículo 154. Tras recibir el informe del fiscal, la Sala deberá decidir si accede a la propuesta de los administradores del club o sí, por el contrario, deniega la ampliación de capital del Atlético, tal y como pide la Acusación Pública.

Sigue el escrito del fiscal que la ampliación de capital mediante compensación de créditos tampoco puede realizarse porque la Ley de Sociedades exige la certificación, por parte de un auditor, de la exactitud de los créditos a compensar, y este requisito tampoco se cumple. "El auditor ha certificado la concordancia entre los datos facilitados por los administradores del Club y la contabilidad del mismo, pero, como han señalado los interventores, la contabilidad del Atlético no refleja la imagen fiel de la situación de la entidad".

Además, Castresana recuerda que Jesús Gil está aún imputado en otro procedimiento que instruye el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo "por haber desviado en su provecho otros 53,6 millones de euros del club hacia paraísos fiscales", que en contabilidad figuran como "gastos necesarios".

Finalmente, el fiscal señala que el tribunal "ya declaró en la sentencia que los actuales administradores del Club habían maquillado la contabilidad del Atlético".