Canales de TDT en el limbo

El Gobierno busca fórmulas para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que declara nula la adjudicación de canales de televisión digital terrestre en 2010, durante del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo aún no ha hecho ningún movimiento, pero la entidad Infraestructuras y Gestión 2002, que interpuso el recurso contra aquella decisión, ha solicitado al Supremo la ejecución de la sentencia y que ordene el cierre de las estaciones que se otorgaron sin la convocatoria de un concurso público.

Lo que no parece claro es cuántos canales se ven afectados por el fallo del tribunal. El acuerdo del Consejo de Ministros de Zapatero ampliaba el número de televisiones para que cada uno de los seis de los operadores privados de cobertura nacional pudiera explotar un canal múltiple (con capacidad para cuatro emisiones diferentes) justo en el momento en el que se produjera el apagón analógico de 2010. A tenor de ese reparto, el grupo Atresmedia (del que forman parte Antena 3 y La Sexta) tendría actualmente en el limbo tres canales, y Mediaset (configurado por Telecinco y Cuatro), dos, al igual que Veo TV (el operador que gestiona Unidad Editorial) y Net TV (encabezado por Vocento).

Según este criterio serían nueve canales en el ojo del huracán, pero Infraestructuras y Gestión 2002 apunta en el escrito remitido al Supremo que solo siete canales han sido adjudicados por concurso, lo que dejaría a los otros 17 en una situación incierta. “Los seis concesionarios originales, antes de las dos recientes fusiones, licitaron y obtuvieron originariamente un canal, menos La Sexta, que obtuvo sendos canales de televisión”, expone. Y son esas 17 señales las que deben cesar las emisiones, según reclama la entidad que recurrió las adjudicaciones.

Para los canales privados, la decisión que adoptó el Gobierno de Rajoy el pasado marzo, al anular la asignación de canales de TDT, ha puesto el sistema audiovisual en una dedicada situación, de la que podrían derivarse “indeseables consecuencias” ya que coloca a los operadores y, por extensión, a todo el sector audiovisual “en una situación de inseguridad jurídica sin precedentes”.

Las televisiones demandan insistentemente al Ministerio de Industria que aclare el panorama, pero de momento lo único que ha adelantado es su intención de hacer un nuevo plan técnico para recolocar el espectro radioléctrico, que obligará a las televisiones a emigrar a otras frecuencias, ya que las suyas serán ocupadas por la telefonía 4G.