Quién puede ser periodista y otras seis preguntas sobre la prensa en la era de las noticias falsas

En estos tiempos atropellados que engullen acontecimientos, la carta de Pedro Sánchez anunciando que había decidido parar y reflexionar durante cinco días sobre su continuidad como presidente del Gobierno por “la máquina del fango” y las informaciones publicadas sobre su esposa, Begoña Gómez, parece ya la prehistoria de la prehistoria. Pero sus palabras, compartidas por algunos y criticadas por otros, y su discurso posterior -en la entrevista que concedió a la directora de EL PAÍS, Pepa Bueno, habló de una posible colegiación obligatoria de los periodistas “para evitar el intrusismo”-, volvieron a poner sobre la mesa un debate eterno: ¿es posible o deseable controlar la calidad de lo que se publica? ¿Puede ser fiscalizable el periodismo sin poner en riesgo la libertad de expresión? ¿Por quién? ¿Y cómo? ¿Los periodistas deben estar autorizados para ejercer, como si fueran médicos, arquitectos o abogados?

Sánchez insistió el viernes, en una entrevista concedida a La Sexta, en la necesidad de tomar medidas. Podemos registró recientemente una proposición de ley en el Congreso sobre accionistas, directivos y presentadores de medios y ha anunciado otra para, entre otras cosas, crear un “Consejo del Derecho a la Información” elegido por la ciudadanía que podría imponer sanciones a quienes difundan información falsa.

Empecemos por el principio: ¿hay realmente un problema? Parece que sí. Más de la mitad de los españoles no se fían de los medios de comunicación. El 53% no concede ni un cinco raspado cuando responde sobre su confianza en ellos, y el 19% no pasa del 1 sobre 10, según la última Encuesta sobre Tendencias Sociales del CIS, de octubre de 2023. Es el mínimo posible: no se podía poner un cero.

Las conclusiones de otros informes son similares: el 40% de los españoles desconfía de las noticias según el Digital News Report de 2023 para España del Instituto Reuters (Universidad de Oxford), un estudio sobre consumo de noticias que se elabora cada año desde hace una década. La desconfianza se solapa, además, con un aumento del desinterés por lo que pasa en el mundo. Ocho de cada 10 españoles decían estar muy interesados en la información en 2015; ahora son cinco de cada 10. Y, según este mismo estudio, la percepción social del periodismo es mala: el 57% afirma que escucha críticas negativas de la profesión.

¿Por qué los ciudadanos no se fían de los medios?

“Los males del periodismo están bastante claros”, opina Eduardo Suárez, del Instituto Reuters. “La confianza y el interés en las noticias han bajado. Y solo el 13% de los españoles piensa que los medios son independientes de las presiones del poder político, y el 15%, que lo son de las del poder económico. Además, se perciben como partidistas. Y es importante resaltar que esto no ocurre en todos los países. En España, los políticos y los periodistas se ven como parte de un todo, salen juntos en televisiones y radios, forman parte del mismo ecosistema. No nos distinguen de ellos”. Y “ellos” generan aún menos confianza: España es uno de los países del mundo que menos se fía de sus políticos. El 72% no lo hace, según el informe de Ipsos Global Trustworthiness Index 2023. En Europa, este porcentaje solo se supera en Polonia, Rumanía y Hungría.

Por otro lado, en un contexto de polarización partidista tan fuerte como el español, los ciudadanos sí confían en los medios que leen, ven o escuchan. Pero solo en ellos -el 82% de los españoles dice confiar mucho o bastante en los medios que ha elegido, según el CIS-. Y poco o nada en lo que dicen los demás.

“De todas formas, yo diría que tampoco hay que exagerar el problema”, opina Suárez. “La situación no es tan apocalíptica. La caída de confianza en los medios tiene una parte positiva. Está bien que la gente sea un poco escéptica. No tengo claro que todo fuera mejor en los años 80 con cuatro o cinco periódicos nacionales y dos canales de tele. Internet ha traído también el pluralismo y un ecosistema mucho más variado”.

“Pero algo hay que hacer con la desinformación”, opina Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía. “Sí hay un problema grave. El periodismo tiene unas reglas que deben cumplirse: contar hechos veraces y contrastados, y esto no siempre sucede. Yo no quiero estar en el mismo lugar que una persona que hace una noticia sin hablar con nadie. Los ciudadanos deberían poder confiar en que lo que se publica no es un invento”.

Pero, hacer… ¿el qué? Esta pregunta lleva a su vez a muchas otras, así que empecemos por la más básica: si cualquiera tiene derecho a ejercer el oficio, con formación específica o sin ella.

¿Quién puede ser periodista?

Morillo y Suárez, al igual que el resto de periodistas consultados, coinciden en un punto: el periodismo es un oficio y se aprende ejerciéndolo. Por eso hay excelentes profesionales que son licenciados en Física, en Medicina, en Derecho, en Historia, en Filología… y también hay extraordinarios y premiadísimos periodistas sin estudios universitarios. No eran ni son licenciados en periodismo Gabriel García Márquez, Ryszard Kapuscinski, Alma Guillermoprieto, Bob Woodward o Carl Bernstein -los conocidos reporteros de The Washington Post que destaparon el caso Watergate-. Y tantos y tantos otros. Y también hay periodistas condenados por mentir con sus títulos en Ciencias de la Información perfectamente enmarcados.

El debate sobre la titulación está abierto dentro de las asociaciones de prensa y en los colegios profesionales que existen en algunas comunidades autónomas, pero no va mucho más allá. Para entrar en el registro de periodistas de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) hay que ser titulado en Ciencias de la Información o haber cursado un máster respaldado por una universidad que tenga grado de Periodismo. “Pero estar o no estar en el registro no supone que no se pueda ejercer la profesión”, señala su presidente, Miguel Ángel Noceda. Y en las redacciones es difícil encontrar periodistas que defiendan que solo puedan serlo los licenciados en Periodismo.

¿Los agitadores y pseudomedios realmente tienen tanta repercusión?

En los últimos años han aparecido canales de agitación política a izquierda y derecha con fines ideológicos, políticos o económicos que no respetan las reglas del periodismo, a pesar de lo cual consiguen muchas veces incluso acreditarse como periodistas en instituciones como el Congreso de los Diputados.

“Pero por sí mismos no son nada”, opina Suárez. “¿Cuándo adquiere relevancia su mensaje? Cuando los políticos hablan de sus informaciones o bien cuando las teles, las radios o los periódicos las amplifican. Este es el problema”.

El modus operandi se repite. Alguien escribe una información sin contrastar en un medio diminuto. Nadie le hace caso. Lo mete en redes sociales. Tampoco recibe mucha atención. Pero, cuando el político de turno lo repite, o algún columnista lo menciona en un medio grande, o alguna tele o radio permite al autor contar su información falsa en una tertulia, ya está: ya ha entrado en el debate público aunque no tenga una sola fuente que acredite su veracidad. Para lograrlo ha necesitado de la complicidad de al menos un político o un periodista.

“Los medios serios deberíamos tener mucho cuidado en no amplificar noticias falsas”, opina la exdirectora de EL PAÍS Soledad Gallego-Díaz. “Ni siquiera para desmentirlas. No deberíamos entrar ahí. Deberíamos centrar nuestros esfuerzos en averiguar quién está detrás de esas historias y por qué se publican, aunque eso es mucho más difícil y exige más recursos”.

“Los periódicos hemos caído en priorizar lo urgente sobre lo importante y muchas veces nos subimos a cualquier debate para no quedarnos atrás del resto”, añade Juan Fernández-Miranda, adjunto al director del diario Abc. “Tenemos que hacer una reflexión sobre la velocidad, de la que muchas veces se aprovechan los poderes y que perjudica a los ciudadanos”.

¿Se debe hacer algo? ¿Quién y cómo?

La respuesta es casi unánime entre los consultados sobre si es deseable una regulación por parte del poder político que pueda entrar en los contenidos: no. “Sería peor el remedio que la enfermedad”, señala Gallego-Díaz. “Un Gobierno regulando estas cuestiones es peligrosísimo. El derecho a la información no se puede poner en riesgo”. “A mí el debate me da mucho miedo porque siempre que he visto a la clase política hablar de esto he visto un tamiz intervencionista”, añade Fernández-Miranda.

“Es cierto que hay agitadores que no son periodistas y que cuentan noticias a veces ciertas, a veces falsas”, opina Suárez. “En muchos casos estamos hablando de territorios grises que entran dentro de la exageración o de la opinión. A veces es territorio gris claro; a veces, gris oscuro. Pero es muy complicado que se planteen soluciones desde el poder. La crítica del presidente Sánchez, por ejemplo, es un poco de brocha gorda. Hablaba de digitales cuando todos los grandes periódicos son digitales. Y no distinguía información falsa de periodismo de investigación. La información de El Confidencial sobre su esposa, Begoña Gómez, origen de su carta y de sus cinco días de reflexión, era veraz. Cuestión distinta es la valoración que cada uno haga sobre esos hechos, o la jerarquía que debería tener esa noticia. Pero un gobernante no puede plantear que no se puedan publicar hechos ciertos”.

Si la intervención de los poderes políticos es peligrosa, ¿qué hacemos entonces? “Deberíamos abrir un debate periodístico serio dentro de los propios medios”, opina Morillo. “Sentarnos y empezar a hablar”. La FAPE coincide. “La prensa debería encabezar la lucha contra la desinformación y la polarización para proteger a la ciudadanía”, señala Noceda, su presidente.

¿Tendría sentido pedir una colegiación obligatoria?

“No”, defiende rotundo el exdirector de EL PAÍS y actual director del máster del periodismo del periódico, Javier Moreno. “¿Qué aportaría? ¿Quién decide que te puede quitar el carné si no haces las cosas bien? ¿Cómo se forma ese colegio profesional? ¿Quién lo elige? ¿Cómo nos aseguramos de que no se politice? Cualquier medida así choca con la libertad de expresión”. “Tal y como está redactada la Constitución española, la colegiación obligatoria sería imposible”, coincide Noceda desde la FAPE. “Entra en conflicto con el artículo 20 que garantiza el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz”.

“La colegiación obligatoria para poder ejercer no tiene sentido”, añade Fernández-Miranda. “Pero los periodistas y los medios sí deberíamos organizarnos mejor para ser más fuertes, para defender la profesión y no devaluarla. Hay que defender el buen periodismo, más allá de las líneas editoriales de cada cual, y hacer todos un esfuerzo por distanciarnos del poder político. Esto es fundamental, y la autocrítica que nos podemos hacer, para poder luego apelar a los ciudadanos para que hagan un esfuerzo en estar bien informados”.

“Para trabajar en los grandes medios en Italia hace falta estar colegiado en un organismo privado con un código deontológico al que se puede acceder con un título en periodismo o si se ha trabajado más de un año y medio en una Redacción”, explica el corresponsal de EL PAÍS en Roma, Daniel Verdú. “Pero la gente que propaga los grandes bulos y que escribe en cualquier web creada para ello no se colegia ni se somete a este control, de forma que de hecho no funciona para controlar este tipo de desinformación”.

¿Bastan las leyes actuales y los jueces para luchar contra las noticias falsas?

“En el derecho civil y penal ya hay suficientes herramientas como para que se garantice que las noticias que se publican sean veraces y que, cuando no lo sean, esto tenga consecuencias”, opina Moreno. “En un Estado de derecho quienes deciden son los jueces, aplicando la ley. Que se pretenda sancionar de otra forma a los periodistas solo plantea riesgos inasumibles en una democracia”.

Pero el problema, en estos tiempos que corren, es que los tribunales son muy lentos (estamos hablando de que pueden pasar años para que haya una condena firme por injurias o calumnias, por ejemplo) y las redes sociales muy rápidas. “Pero eso es un problema del Estado, no del periodismo”, responde Moreno. “Que arreglen la justicia y sus tiempos en vez de inventar herramientas que van a generar más problemas que soluciones”.

“Hay cosas concretas que sí se pueden hacer”, argumenta Gallego-Díaz. Ella plantea, por ejemplo, la posibilidad de imponer judicialmente multas más fuertes en el ámbito del derecho civil. Multas que sean realmente disuasorias, que mentir cueste. Y, para que sea efectivo, que los tribunales actúen con mayor celeridad cuando se trate de informaciones que afecten a la reputación de las personas, a la salud pública, que puedan incitar a la violencia…

Un ‘sello de calidad’ voluntario para los medios

Más allá de las leyes, está la posible autorregulación de los medios. En Reino Unido existe una Comisión de Quejas de la Prensa con un código ético al que los medios se acogen voluntariamente. Cuando alguno es objeto de reproche, tiene la obligación de publicarlo. Hay muchos medios que no se apuntan, pero esto también aporta información a la ciudadanía, que conoce quién se ha sometido a estos estándares de calidad y quién no.

“Yo solo sería partidario de una alianza de medios que pudiera funcionar como una especie de sello de calidad al que se adscribe cada medio de forma voluntaria y que estuviera centrado sobre todo en mejorar la transparencia en cuanto a la financiación”, propone Moreno. “Por ejemplo, que todos tuvieran que aportar semestralmente información sobre sus ingresos, sobre sus gastos y sobre la publicidad institucional que reciben. Que las cuentas estén claras. Esto sería sin duda un primer paso que dejaría en evidencia muchas cosas. ¿Arreglaría el problema mañana? No. Pero mandaría el mensaje de que colectivamente los periodistas tenemos interés en aportar soluciones. Eso sí, poco a poco, como se hacen las cosas en una democracia. Porque meterse en los contenidos, más allá del control judicial que ya existe, es muy problemático”.

El nuevo reglamento europeo de medios de comunicación incide precisamente en este punto: en la necesaria transparencia en torno a los medios. A partir de agosto de 2025 serán obligatorias dos cosas: aclarar quiénes son los titulares directos o indirectos de los medios, con paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégica, y declarar la publicidad institucional que se perciba. “La transparencia es fundamental para que los ciudadanos sepan a qué atenerse, quiénes son los que le están informando y qué intereses pueden tener detrás”, añade Gallego-Díaz.

La mayoría de las instituciones no hacen público el desglose de cómo reparten su publicidad. Un exdirector de un periódico nacional cuenta que, a comienzos de los 2000, se reunió con el presidente de una comunidad autónoma. Le preguntó por qué un medio que vendía menos ejemplares recibía sin embargo siete veces más dinero en publicidad institucional. El presidente lo negó primero, se escandalizó después -un poco al modo del “¡Qué escándalo, aquí se juega!” que decía el capitán Renault en Casablanca mientras recogía sus ganancias del casino-, y acabó diciendo que lo cambiaría… algo que jamás sucedió.

¿Qué es un medio de comunicación?

“Creo que es necesaria alguna regulación”, opina Ignacio Escolar, director de El diario.es. “La ley de prensa es de 1966, es una ley franquista, y lo que aún sigue en vigor de la misma es totalmente anacrónico y no se cumple”. El reglamento de la Unión Europea obliga también a que exista un censo de medios a través de un organismo independiente. “Esto tiene todo el sentido: un censo que deje claro qué es un medio, porque cumple con una serie de obligaciones, y qué no lo es”, defiende Escolar. “Desde mi punto de vista, habría dos requisitos esenciales: que el medio haga público cómo se financia y quiénes son sus dueños y que se someta a un código ético independiente como el de la FAPE, por ejemplo. En ese caso, eres prensa. Si no, serás otra cosa, pero no prensa. Y esto deberíamos hacerlo los medios a través de la autorregulación antes de que nos obligue la ley en 2025, porque nos jugamos mucho”.

“La transparencia debería alcanzar a todo, también a las redacciones”, defiende Morillo. “A veces no se sabe siquiera ni quién escribe en un medio porque usan seudónimos para parecer grandes cuando tienen a cuatro personas escribiendo. Esa opacidad va en contra de las buenas praxis y de los derechos de los ciudadanos”. “Es importante también que cada medio refuerce sus estándares de calidad y que además los explique públicamente, como hace por ejemplo el New York Times en su página web”, opina Suárez. “Que quede claro quién hace bien las cosas”.

Hay pocas respuestas claras. Quizá, que hay que tener mucho cuidado con cualquier intervención, del tipo que sea, por los riesgos que supone; que hace falta más transparencia en torno a los medios, sus dueños y a sus relaciones con el poder político y económico a través de la publicidad; y que hay que defender colectivamente de alguna forma el buen periodismo, el rigor y las buenas praxis para que el oficio vuelva a tener un prestigio social que ha ido perdiendo, pero que tuvo. Cuando no estaba ejerciendo de superheróe, Superman era periodista.