Estudio realizado por Inacap arrojó que el 100% de cobertura costaría 2,6 millones de millones de pesos

Si las instituciones de educación superior actualmente adscritas a la gratuidad tuviesen un 100% de cobertura (es decir, a todos los estudiantes), se tendría que aumentar las transferencias de recursos a esas entidades a 2.619 miles de millones de pesos, lo que significa un 57% más que el presupuesto gastado en 2023 (que cubre los seis deciles con menores ingresos). Además, el número de estudiantes beneficiados aumentaría a 797.013, un 66% más de los que en el escenario base.

Esa es una de las conclusiones del Policy Paper “Financiamiento público de la Educación Superior en Chile: tendencias, prioridades y desafíos”, estudio realizado por Inacap que tuvo como objetivo examinar la evolución del financiamiento público a la Educación Superior chilena, con especial énfasis en el gasto realizado para financiar la gratuidad. El informe también identificó los desafíos que presenta el sistema en las actuales condiciones sociales y políticas. “Con base en los antecedentes generados, se espera entregar este insumo que oriente la discusión pública actual para que la educación superior pueda contar con un sistema de financiamiento con objetivos claros y sostenible en el tiempo”, advirtió el documento.

Según el estudio, el presupuesto de la política de gratuidad -que en 2023 fue de 1.672 miles de millones de pesos-, ha ido aumentando con los años desde su instauración y ello “pudo haberse financiado por una disminución de otras líneas presupuestarias”. Es decir, cubierto en parte con una merma en los recursos destinados a otras asignaciones de la educación superior. “La gratuidad y las subvenciones explican el 63% de todo el presupuesto del Ministerio de Educación, porcentaje que aumentaría hasta un 76% en un escenario con 100% de cobertura”, advierte el trabajo realizado por Inacap, que puntualiza también que, con la cobertura a todos los deciles de ingresos, el gasto en Educación de Chile se ubicaría entre los puestos 6 y 2 de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), más que duplicando el gasto de 2023.

Más deciles cubiertos

El estudio señala que el aumento de la cobertura de la gratuidad a mayores deciles de ingresos generaría un mayor impacto en el presupuesto necesario, aún más que la entrada de nuevas instituciones de educación superior. “Por ejemplo, una cobertura hasta el séptimo decil de ingresos con las actuales instituciones adscritas implicaría un aumento del 24% en el número de beneficiarios”, manifiesta a la vez que ejemplifica que, si el Instituto Profesional AIEP, Universidad Nacional Andrés Bello, Universidad de las Américas y Universidad San Sebastián entraran al sistema, el número de estudiantes que recibe el beneficio aumentaría en 89.918 personas, lo que significa un incremento del 18,8%. A su vez, las transferencias del Estado aumentarían a 285.000 millones de pesos aproximadamente. Es decir, un incremento aproximadamente del 17%.

En cada decil extra al que se amplía la política de gratuidad, el gasto por alumno es menor en el subsistema técnico profesional. “El gasto por alumno extra en esa formación se mantiene estable a partir del 8° decil de ingresos, mientras que en el universitario aumenta con cada decil nuevo”, dice Policy Paper. Por lo mismo, los investigadores plantean que existirían argumentos para defender un aumento en vías separadas para la cobertura de la gratuidad, ya que el gasto por alumno extra a partir del octavo decil en la educación técnico profesional es menor.

A partir de la incorporación del noveno decil, se observó una diferencia clara, pues se disparó el presupuesto para cubrir a los nuevos estudiantes provenientes de universidades. Así, en un escenario de 100% de gratuidad, se requeriría aumentar en un 66% las transferencias realizadas a universidades, con respecto a las realizadas actualmente, mientras las asignaciones presupuestarias para financiar la gratuidad del subsistema técnico profesional aumentarían solo en un 37%.

“Hemos realizado estudios con datos públicos, que han demostrado que la educación superior técnico profesional tiene un mayor impacto en movilidad social y tiene un retorno promedio mayor y más rápido de la inversión que la educación universitaria, mostrando un beneficio económico equivalente o superior al de los tres quintiles de las universidades que registran menores puntajes en la prueba de acceso. Por eso, la asignación de recursos destinados a la gratuidad debe estudiarse detenidamente, pues implica un gasto significativo para el Estado y para el país, el que a su vez debe tener un impacto efectivo en una mejor calidad de vida de las personas, en la descentralización de Chile y en la productividad de las empresas”, concluye el rector de Inacap, Lucas Palacios.