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De un secuestro inusual a un crimen político por encargo de Venezuela: la tesis de la Fiscalía chilena por el asesinato de Ronald Ojeda

Tras 11 meses, la investigación apunta a un homicidio ejecutado por ‘Los Piratas’ del Tren de Aragua y ha identificado a 16 partícipes. El jefe del Ministerio Público ha dicho que un testigo reservado responsabiliza de la orden a Diosdado Cabello

Ronald Leandro Ojeda Moreno
Ronald Leandro Ojeda.
Ana María Sanhueza

Durante los 10 días que pasaron desde que el disidente del régimen de Venezuela Ronald Ojeda (32 años) fue secuestrado por sujetos disfrazados de policías chilenos el 21 de febrero de 2024 desde su departamento en Independencia, al norte de Santiago, hasta que su cuerpo fue hallado enterrado bajo cemento en una barriada informal en Maipú, dos interrogantes crecían entonces en la Fiscalía: cuál era el móvil del crimen y por qué no se pidió dinero por su rescate, como había ocurrido en delitos similares, con extorsión, cometidos por bandas transnacionales. De ahí que uno de los adjetivos que más se escuchó en ese tiempo fue de que era inusual. Sin embargo, a casi un año del homicidio, el fiscal del caso, Héctor Barros, ha dicho este lunes a Radio ADN, por primera vez, que “estimamos que está detrás de este hecho el Gobierno venezolano”, y que “fue una contratación del Tren de Aragua”. Y el jefe nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia, fue más allá y afirmó en T13 Radio: “Hay tres personas, que declaran en la investigación, que atribuyen el encargo a autoridades del Gobierno venezolano”, y una de ellas, con identidad reservada, manifestó que “el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello [hoy ministro del Interior], pero ese antecedente debe esclarecerse” en la indagatoria.

El miércoles, Chilevisión había difundido parte de la declaración del testigo reservado: “Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él”. El Niño es el alias del fundador del Tren de Aragua, el venezolano Héctor Guerrero Flores. Su segundo, Larry Álvarez Núñez, Larry Changa, huyó de Chile en 2022 y fue capturado en Colombia en julio de 2024.

Barros dijo que que Ronald Ojeda, quien era refugiado político en Chile, “no es solo es un exteniente del ejército venezolano, sino un activista en contra de ese Gobierno” y que tras llegar a Chile con su familia “siguió teniendo mucha actividad de ese ámbito”. También recordó que dos meses antes del homicidio, el exteniente viajó a Venezuela “para organizar un acto golpista junto a otros exmilitares”. “La rápida ejecución del crimen, entre 24 y 72 horas después de su secuestro, y su perfil político, nos lleva a la conclusión de que este asesinato tiene un trasfondo político relacionado con su oposición al Gobierno de Venezuela”.

Paso a paso, las señales del fiscal

Antes de plantear directamente esta tesis, Barros dio varias señales. En marzo de 2024, cuando halló el cadáver de Ojeda, quien murió por una asfixia mecánica posicional después de sufrir torturas, y se detuvo a un joven venzolano de 17 años, fue la primera vez que se mencionó al Tren de Aragua. Entonces, el fiscal seguía sigilosamente la pista de dos venezolanos ligados a la megabanda, que habían huido de Chile tras el secuestro de Ojeda: Maickel Villegas (extraditado en noviembre desde Costa Rica) y Walter Rodríguez, quien sigue prófugo: su huella dactilar estaba en el teléfono de Ojeda.

Pero fue el 11 de abril de 2024 que el fiscal marcó un hito en el caso: tras descartar varias hipótesis, dijo que el único móvil posible era el político, y que el crimen de Ojeda fue planificado desde Caracas. Luego pidió los antecedentes de Villegas y Rodríguez a Venezuela, lo que generó otro de los varios choques entre el Gobierno chileno y el régimen chavista. A finales de mayo, dos fiscales de Venezuela viajaron a Chile: pretendían reunirse con Valencia y Barros y acceder a la investigación, que era reservada. Solo lograron una cita de carácter general con el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX), Juan Pablo Glasinovic.

El 6 junio de 2024, tras la palabras de Barros, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que el secuestro y homicidio de Ojeda fue una “operación de falsa bandera” tramada por cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros con “intereses espurios” para “enturbiar las relaciones” entre ambos países. Fueron declaraciones por las que el presidente Boric pidió a la Cancillería enviar una nota de protesta al Gobierno de Maduro. 11 días después, Saab subió el tono y dijo que la de Barros era una investigación de “pobreza extrema” y “débil”. Y sobre Rodríguez y Villegas, señaló: “Esos dos presuntos indiciados, presuntos miembros del Tren de Aragua, que señala la justicia chilena, no viven y no están en Venezuela”, y que de encontrarse “los sancionaríamos con la máxima pena, de comprobarse efectivamente su participación en este hecho abominable”.

‘Los Piratas’ de Aragua al banquillo

A casi un año del crimen de Ronald Ojeda, el caso ha decantado este miércoles en 21 allanamientos policiales para desmantelar a la célula del Tren de Aragua, Los Piratas, dedicada a secuestros extorsivos, principalmente. El colombiano Julio Iglesias, uno de los detenidos, conserje de un edificio de Ñuñoa al oriente de Santiago, “participó en la fase de la inhumación” del cuerpo de Ojeda, dijo a La Tercera Hassel Barrientos, jefe de la la Brigada Antisecuestros de la Policía de Investigaciones.

El megaoperativo incluyó el arresto, a finales de diciembre en Texas, Estados Unidos, de Rafael Gámez Salas, el Turco, líder de Los Piratas en Chile cuando Ojeda fue secuestrado y asesinado. Otro de los jefes, Carlos Gómez, alias Carlos Bobby, fue detenido el mismo mes en Colombia.

Este lunes 27, la Fiscalía formalizará la investigación ante la justicia en contra de Los Piratas y ya ha identificado a 16 implicados, en distintos grados, en el crimen de Ojeda. A la banda también se le vincula con el secuestro de un empresario chileno en 2023 y al asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez, en Santiago, en abril de 2024. En mayo de ese año, el teléfono del venezolano Yolvi González, uno de los detenidos por el homicidio del policía, fue hallada una fotografía de un uniforme similar al que vestían los secuestradores de Ojeda. Fue una de las varias pistas con la que ha ido armando el puzzle.


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Sobre la firma

Ana María Sanhueza
Es periodista de EL PAÍS en Chile, especializada en justicia y derechos humanos. Ha trabajado en los principales medios locales, entre ellos revista 'Qué Pasa', 'La Tercera' y 'The Clinic', donde fue editora. Es coautora del libro 'Spiniak y los demonios de la Plaza de Armas' y de 'Los archivos del cardenal', 1 y 2.
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