La Fiscalía chilena confirma que testigo clave en el caso de Ronald Ojeda responsabiliza a Diosdado Cabello de ordenar el crimen

El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, ha confirmado este jueves que un testigo en la investigación por el secuestro y homicidio en Santiago del exteniente Ronald Ojeda, refugiado político en Chile, declaró que la orden y el pago del crimen fue realizada por Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior y Justicia de Venezuela y número dos del chavismo, al líder de la organización criminal el Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, apodado el Niño Guerrero.

En una entrevista con T13 Radio, Valencia ha dicho que el fiscal regional Héctor Barros, que indaga el secuestro y homicidio de Ojeda, quien era un activo disidente del régimen de Nicolás Maduro, le ha ratificado que “hay tres personas, que declaran en la investigación, que atribuyen el encargo a autoridades del Gobierno venezolano”, y una de ellas, con identidad reservada en la investigación, manifestó que “el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello”. En tanto, las otras dos personas que testificaron en el caso dijeron que fue ordenado por autoridades venezolanas, pero no especificaron quién lo hizo, según Valencia.

Valencia ha indicado que esta posibilidad se debe esclarecer durante el proceso judicial, al tiempo que ha remarcado que existen “antecedentes muy sólidos” en la carpeta de investigación que apuntan a un secuestro y homicidio por encargo: “Ese es el móvil del crimen del teniente Ojeda”. En un reportaje de Chilevisión, transmitido este miércoles por la noche, se ha conocido parte de la declaración del testigo que acusa al número dos del régimen chavista: “Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él”.

El Gobierno de Gabriel Boric no ha quedado indiferente frente a las nuevas pistas. Carolina Tohá, ministra del Interior, ha asegurado que los “antecedentes son relevantes y reiterados”, y que los acogen con toda su gravedad, por lo que “si esta investigación continúa confirmando esos elementos [que vinculan a autoridades venezolanas con el crimen], ciertamente, habrá muchas definiciones qué tomar”. Según Tohá, “el Estado de Chile no va a dejar pasar este elemento sin tomar actitudes; lo consideramos de una enorme gravedad si termina confirmándose”.

La jefa de Interior ha adelantado que, de constatarse la participación del régimen de Venezuela, recurrirán al Tribunal Penal Internacional, entre otras acciones que serán ponderadas en su momento. “El Estado de Chile ha mostrado en el transcurso de esta investigación lo seriamente que nos tomamos estos temas”.

Ojeda, de 32 años y abiertamente opositor del chavismo, fue secuestrado la madrugada del 21 de febrero en su departamento en un edificio en el piso 14, situado en el municipio de Independencia de Santiago de Chile. Mientras se encontraba con su esposa e hijo, un grupo de hombres encapuchados y con falsos uniformes de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpieron violentamente en su domicilio para llevárselo. Nunca pidieron un rescate y su cuerpo apareció 10 días después dentro de una maleta, sepultado bajo 1,4 metros de profundidad en el asentamiento ilegal Vicente Reyes del municipio de Maipú.

Por este crimen el primer detenido fue un joven de 17 años, ya condenado a cinco años de reclusión en régimen mixto; Maickel Villegas, que fue extraditado desde Costa Rica —donde fue capturado en un paso fronterizo en julio— a Chile hace tres meses; y Julio Iglesias, que fue capturado el miércoles durante un operativo policial masivo en la Región Metropolitana de Santiago que derivó en el desmantelamiento de la facción de Los Piratas del Tren de Aragua.

Iglesias, que se desempeñaba como conserje en Ñuñoa, un municipio de clase media en Santiago, es sindicado por la Fiscalía como el responsable de la inhumación ilegal del cadáver de Ojeda. Junto con él, también han sido detenidos otros miembros de la organización criminal que opera en el país sudamericano, que enfrentarán su audiencia de formalización de cargos el próximo lunes.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha pedido la extradición de los miembros del Tren de Aragua detenidos en otros países para que sean procesados por las autoridades judiciales del país caribeño y “reciban la máxima pena”, que son 30 años de prisión. Pero, al ser consultada si accedería a esta solicitud, la ministra Tohá ha dicho que las autoridades venezolanas están en su competencia de pedir la extradición, pero que harán lo necesario para que los delitos de gravedad, que sucedieron en territorio chileno, sean investigados y sancionados en Chile.