Dos multas más que dudosas por un botellón

Octubre de 2014. Pablo y Alba tenían 20 y 18 años. Naturales de Aranjuez, un sábado por la noche fueron a Madrid para ir a la Sala Marco Aldany, en la calle de la Princesa. Sostienen que estaban a punto de entrar cuando dos policías les pidieron el DNI y les tomaron los datos, pero les dijeron que no iban a ser sancionados ni les entregaron ninguna multa. Tres meses después, les llegó a cada uno en su domicilio una multa de 600 euros por ingerir alcohol en la vía pública. Este es el testimonio que han mantenido los dos afectados y los siete amigos que les acompañaban en el juicio que el miércoles se celebró en la Audiencia Provincial. La pregunta del letrado de la acusación fue la misma para todos los testigos:

- Los policías, después de pedirles el DNI, ¿entregaron el boletín de multa a Pablo y a Alba?

- No.

“Estoy seguro de que no”, añadió uno de los siete jóvenes. Un juicio anterior les había dado la razón: en junio de 2017 ganaron por la vía administrativa, por lo que se les retiró la multa. El juez argumentó que no quedaba demostrado que estuvieran bebiendo alcohol. El abogado de los dos jóvenes, en su argumentación, añadió un informe de la Defensora del Pueblo de 2015, en el que se apuntaba que en ese año habían tenido lugar 73 casos en los que los policías habían multado sin entregar la copia a los sancionados.

Los dos policías acusados, que acudieron a la vista en uniforme, alegaron que no recuerdan aquella noche porque a lo largo del día hacen ese tipo de intervención muchas veces. En 2019, las multas por botellón en Madrid ascendieron a 39.736, 10.000 más que el año anterior. Aseguraron que no consiguen ningún beneficio por trabajar por la noche ni comisión según el número de multas que tramitan. Aseguraron que llevaron a cabo el protocolo. De lo que se les acusa es de saltárselo: declarar que el afectado no ha querido recoger la multa si en realidad no se le ha entregado es delito de falsedad documental, penado con prisión de tres a seis años.

El abogado de la defensa y la fiscal condujeron sus preguntas a las bolsas con alcohol, quién las llevaba, por qué no las habían tirado antes de llegar a la calle de la Princesa si ya no iban a beber o si preguntaron a los policías si iban a ser multados. “Si la policía te pide el DNI, creo que es una pregunta que surge”, contestó el testigo Alberto Aguilera. Ningún testigo recordaba ser él quien llevaba la bolsa, ni la razón por la que no las tiraron antes. Solo una pregunta del abogado de los policías a Aguilera se salió del interrogatorio automático:

- ¿Hubo algún tipo de enfrentamiento aunque fuera verbal entre los agentes y ustedes?

- No.

- Entonces, ¿por qué en la foto que subió a Instagram escribió “Fuck the police” (“Que le jodan a la policía”)?

La foto de la red social a la que se refiere corresponde al día de los hechos, el 26 de octubre de 2014, en la que aparecen los nueve amigos tras el cumpleaños de este testigo.

- Usted comprenderá que no es agradable que la policía te pida la documentación. Nos cortó el rollo - contestó Aguilera.

- Si le llegan a poner la multa, ¿qué hubiese escrito usted?

“Ese comentario es impertinente, señor letrado”, zanjó el juez, quien añadió que el joven hacía uso de su libertad de expresión. El Ministerio fiscal pide la absolución de los policías. El juez deja el caso visto para sentencia.