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Monasterio trata de implicar a una antigua colaboradora en la falsificación de visados

El Colegio de Aparejadores defiende a su colegiada y no descarta acciones legales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (derecha), y la portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, participan este viernes en la celebración del Día de Madrid en Fitur.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (derecha), y la portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, participan este viernes en la celebración del Día de Madrid en Fitur. EFE

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha tratado este viernes de implicar a una aparejadora que colaboró en el despacho de arquitectos que lleva su nombre en el caso de la falsificación de visados, dos días después de que el Ayuntamiento de Madrid ratificara que la documentación presentada por la política de Vox era irregular. "Si se fijan ustedes, el visado del proyecto del que hablan pone un nombre que es Esther Navarro, no Rocío Monasterio. Pero a esa parte los periodistas parece que no le están prestando atención", dijo la política durante una visita a Fitur, la feria de turismo que se celebra en Madrid. Sin embargo, el Colegio de Aparejadores, horas después, defendió la legalidad del procedimiento de Navarro y ratificó la falsificación en la que incurrió Monasterio. La institución no descarta presentar acciones legales.

En efecto, el visado manipulado lleva el nombre de Esther Navarro, una excompañera de universidad, pero no porque ella quisiera. Monasterio le pidió a Navarro que colaborara con ella en la reforma de un loft que había comprado el presentador Arturo Valls, en 2005. La aparejadora visó uno de los planos de ese proyecto con apego al procedimiento. No hizo nada ilegal. Después dejó de trabajar para Monasterio. Sin embargo, como ha ratificado el Ayuntamiento, el Colegio de Aparejadores y se explica con detalle en la demanda que Más Madrid presentó la semana pasada en la Fiscalía, ese visado después fue reutilizado por Monasterio en 2011 y 2016 en otros planos. En las fechas en las que necesitó de la ayuda de Navarro para visar el primer plano, Monasterio no había acabado la carrera de arquitectura, pese a lo que ella decía en público, a sus clientes y a los medios que la entrevistaban. No podía visar planos, una herramienta indispensable para hacer una obra de ese calado.

Cuando este periódico reveló la falsificación de visados hace dos meses contactó con la aparejadora, que no quiso hacer declaraciones. Por respeto a su privacidad no se publicó su nombre. No es la primera vez que Monasterio o su marido, Iván Espinosa de los Monteros, revelan el nombre de alguien afectado colateralmente por el caso que los persigue. Cuando EL PAÍS descubrió un caso de obras ilegales en una antigua fábrica en el barrio de Ventas, Espinosa mostró en Twitter un pantallazo con el nombre de uno de los clientes afectados. La semana pasada, Monasterio divulgó el DNI de Arturo Valls, también en Twitter. Este viernes, hizo público por primera vez el nombre de la aparejadora que en su día la ayudó en los comienzos de una obra.   

El Colegio de Aparejadores, la primera institución que reveló la mala praxis de Monasterio, ha salido a defender a Navarro tras las alusiones de la política en un comunicado que ha mandado a este periódico: "El Colegio de Aparejadores de Madrid se ratifica en el reciente comunicado que dejaba constancia de la alteración del documento presentado. La institución está siguiendo el desarrollo del caso con todo detenimiento, incluida la posibilidad de ejercer las acciones legales que le puedan corresponder en defensa del visado, un instrumento básico para el funcionamiento profesional de nuestro colectivo".

Siete cuestiones pendientes en el ‘caso Monasterio’

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Los casos de irregularidades urbanísticas de la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, y su marido, el promotor inmobiliario Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de la formación en el Congreso, revelan un mismo modus operandi. En los casos descubiertos por este periódico, obras realizadas entre 2003 y 2007, en pleno boom del ladrillo, transformaban suelo industrial en viviendas bajo la ambigua denominación de loft, cuando en realidad no admitían uso residencial. En el contrato nunca ponían “vivienda”, sino “local”, que es lo que era. Pero tenían cocina, baños y lo vendían a precio de vivienda. De ese modo ahorraban tiempo (el que requiere el cambio de uso, que de todos modos en muchos casos era inviable) y, sobre todo, ganaban más dinero. LEER MÁS. 

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