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La Guardia Civil detiene a cuatro personas en el desalojo de una alquería en la huerta de Valencia para ampliar una autovía

Ocho personas permanecían dentro para retrasar la demolición de la construcción de Alboraia, expropiada para agrandar la V-21. Han sido puestos en libertad con cargos

Ferran Bono
Los dos jóvenes encaramados en la alquería Forn Barraca, este viernes.
Los dos jóvenes encaramados en la alquería Forn Barraca, este viernes.EFE

Un fuerte dispositivo de la Guardia Civil, que incluía un helicóptero, ha irrumpido poco antes de las seis de esta mañana en la Alquería del Forn de Barraca, situada en la localidad de Alboraia, colindante con Valencia, para desalojar a ocho personas que pasaban la noche dentro para evitar la demolición del edificio, afectado por la ampliación de la autovía V-21, el acceso a la capital por el norte.

Dos jóvenes permanecían a primera hora de esta mañana encaramados en el techo y una chica, en uno de los balcones, encadenados y asegurados con arneses. Lanzaban desde alli proclamas en defensa de la huerta, mientras los coches circulaban con normalidad por la autovía y un amplio cordón policial impedía el acceso al inmueble. Sobre las nueve han sido finalmente desalojados y los tres han sido detenidos. Previamente, se ha detenido a una mujer durante el desalojo inicial por propinar una patada a la Guardia Civil, según fuentes de la Delegación de Gobierno. Según los acampados, lo único que hizo fue proteger con su cuerpo a una compañera. Los activistas querían convertir la alquería en un símbolo de la defensa de la huerta. 

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Por la tarde, las cuatro personas detenidas han quedado en libertad con cargos tras las labores de instrucción realizadas en la Guardia Civil.

Una vez sin moradores, ha entrado una máquina excavadora y ha empezado a demoler el inmueble. La ampliación de este acceso norte viario a Valencia destruirá más de 60.000 metros cuadrados de terrenos agrícolas de especial valor. La alquería está vacía desde hace tiempo porque los propietarios se marcharon al núcleo de Alboraia, aunque los familiares siguían yendo de vez en cuando y cuidaban de un huerto.

A mediados de septiembre, un grupo de vecinos acampó en la alquería , situada junto a la vía que se va a ampliar, con la intención de retrasar la demolición de esta construcción, prevista por las obras de la vía, un proyecto, a su juicio, "innecesario" que provocará la "destrucción de huerta productiva".

Joel y Xisco estaban dentro de la casa cuando han llegado los guardias civiles: “Nos hemos quedado flipados con el despliegue, cuando nosotros somos pacíficos y solo queremos defender la huerta. Además han venido justo en el día de la huelga del cambio climático”, decía el primero. Ambos se quejaban de haber recibido empujones. Eloísa se había ido a dormir al coche, a las puertas de la alquería expropiada: “Me han sacado a rastras”, cuenta.

Lluís Fontelles está casado con una miembro de la familia de Alboraia propietaria del inmueble. Él tampoco ha podido acceder: “Yo les apoyo y he venido a ver si se respeta la parte de la alquería que no está expropiada. La pala no podrá entrar en seguida, porque primero se tienen que quitar el amianto", aseguraba.

Algunos conductores pitaban en solidaridad con la docena de activistas que se han reunido frente a la alquería para respaldar a los dos jóvenes aún subidos en el tejado, secundando los gritos de "horta viva, sense autovía".

Por la tarde, la plataforma Per l'Horta ha denunciado en redes sociales una "actuación desproporcionada" de la Guardia Civil en el desalojo de quienes trataban de impedir el derribo del Forn de la Barraca, así como una "voluntad clara de bloquear el trabajo periodístico".

Uno de sus integrantes, Marc Ferri, ha explicado a EFE que la protesta ha surgido de "forma espontánea y a nivel personal" por este grupo de personas que lleva varios días de protesta para evitar que se derribara esta alquería, pero que tienen "el apoyo y la simpatía" de Per L'Horta.

"Hemos denunciado una actuación bastante desproporcionada sobre todo por los cuatro detenidos y ha habido seis personas contusionadas por la actuación de la Guardia Civil", ha indicado para añadir que "se han llevado porrazos sin necesidad".

Por su parte, desde la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana se ha indicado que el desalojo del Forn de Barraca "se ha producido sin incidentes de relevancia" y ha lamentado "que se utilicen acciones como ésta para la dialéctica pre-electoral".

Según ha indicado la delegación en un comunicado, "de las ocho personas que se encontraban en el edificio, cuatro han salido voluntariamente y otras cuatro han sido detenidas por resistencia a la autoridad".

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha manifestado "que las actuaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado durante la jornada de hoy se enmarcan dentro del desarrollo de la ampliación de la V-21".

El Forn de Barraca fue expropiado "por la Administración General del Estado el pasado 16 de julio y, efectivamente licitado el importe de la finca a sus anteriores propietarios en la misma fecha". "Por tanto, queda escriturada en el Registro de la Propiedad y demás registros públicos como propiedad del Estado desde la fecha citada. Esta propiedad pasa a formar parte de la zona de afectación de la ampliación de la V-21", ha indicado. La vivienda no cumplía con "las condiciones de habitabilidad ni accesibilidad requeridas". "Cualquier afectación de las personas que estaban ocupándola de manera irregular podría suponer que el Estado, al ser su propietario, fuera responsable civil subsidiario", han agregado. 

La Generalitat "no tenía conocimiento del derribo"

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La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha asegurado que la Generalitat "no tenía conocimiento" de la demolición de la histórica alquería del Forn de la Barraca, en Alboraia (Valencia), por la ampliación de la V-21, unas obras dependientes del Ministerio de Fomento.

En cualquier caso, ha garantizado que el Consell trata de ejercer de mediador y "minimizar las consecuencias" y que el titular de Obras Públicas, Arcadi España, "se ha puesto en contacto, o al menos está intentándolo", con el ministro de Fomento en funciones, el valenciano José Luis Abalos.

Oltra ha hecho hincapié en que la ampliación de la V-21 es competencia de la administración del Estado, "no de la Generalitat ni de los ayuntamientos de L'Horta (Valencia)". También pero ha insistido en que las obras fueron adjudicadas durante el anterior gobierno central del PP presidido por Mariano Rajoy, que "no se caracterizaba mucho por tener en cuenta la sostenibilidad", tras lo que ha recordado que la Generalitat presentó alegaciones para minimizar el impacto medioambiental.

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, también de Compromís, ha lamentado el derribo este viernes de la histórica alquería del Forn de Barraca para ampliar la V-21, tras desalojar a las personas que trataban de impedirlo, y ha reiterado que esta acción "no era necesaria", ya que, a su juicio, "con ampliar la entrada y no la salida era suficiente".

"No entiendo cómo en un día como hoy, que es el día del medio ambiente --en referencia a las manifestaciones mundiales por el clima convocadas para esta tarde-- se dedican a hacer estas cosas. Yo creo que no lo han pensado bien, tiene un simbolismo fatal", ha aseverado.

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Sobre la firma

Ferran Bono
Redactor de EL PAÍS en la Comunidad Valenciana. Con anterioridad, ha ejercido como jefe de sección de Cultura. Licenciado en Lengua Española y Filología Catalana por la Universitat de València y máster UAM-EL PAÍS, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria periodística en el campo de la cultura.

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