Operación Chamartín y el interés general

Desde hace décadas Madrid tiene una asignatura pendiente en el norte de la capital que precisa una nueva estación de Chamartín y las infraestructuras públicas, viviendas públicas, dotaciones sociales y zonas verdes que necesita la zona. Hace falta un proyecto urbanístico, fruto del consenso con la vecindad, desarrollado con transparencia y que atienda al interés público. Adif, la entidad que administra las infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Fomento, es la propietaria mayoritaria del suelo público donde se desarrollará ese proyecto y debe velar por el mejor uso de ese patrimonio común.

Hace pocos días, el ministro de Fomento Ábalos aseguraba en el Congreso de los Diputados que, de no realizarse la Operación Chamartín, la construcción de la nueva estación, con un coste aproximado de 900 millones, recaería en los Presupuestos del Estado.

También nos preocupa mucho el dinero de todas y todos. Por ello alertamos de que el verdadero problema es seguir adelante con una operación tal y como se plantea en estos momentos. Explicamos por qué:

Adif y la sociedad privada Distrito Castellana Norte (DCN), participada por BBVA y Constructora San José, han firmado en los últimos 25 años sucesivos contratos para la enajenación y posterior desarrollo urbanístico de la Operación Chamartín. Las condiciones han ido variando hasta el último firmado el pasado mes de diciembre. Si algo ha quedado claro es que las sucesivas renovaciones han permitido hacer un gran negocio privado a costa de lo público. No lo decimos solo nosotros. También lo denunciaban informes jurídicos de Renfe que aconsejaban, ya en 2001, la resolución de un convenio tan lesivo para los intereses generales.

Pero eso no ocurrió. No solo no se canceló sino que se fueron incrementando las regalías que, con el patrimonio de todas y todos, se han otorgado a DCN.

Fijar la venta de suelo público a DCN en 984 millones de euros, la mitad del valor de mercado, supone que ADIF deja de ganar 1.000 millones de euros. Además, se les concedió un ventajoso plazo de 20 años para pagar con un recargo del 3% anual y eso se traduce en un grave perjuicio económico para el Estado. La información sacada a la luz permite ver que además las Administraciones Públicas (ADIF, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad) asumen la responsabilidad en la construcción de infraestructuras singulares y sus riesgos asociados. Y eso supondrá una nueva factura millonaria a cargo de los presupuestos públicos. Y, por si fuera poco, debe ser también el Estado el que corra con el riesgo del pago de indemnizaciones ante reclamaciones de los propietarios originales de los terrenos expropiados cuando estos pasen a ser urbanizables.

Por ello, alertamos al ministro y al resto de responsables políticos con poder de decisión, de que el verdadero problema es seguir adelante con una Operación Chamartín sin garantías para la gestión eficiente del patrimonio público. Es imprescindible frenarla, dar acceso a la documentación relativa al proyecto y proteger el interés general en beneficio de todas y todos.

Alberto Garzón Espinosa, coordinador Federal IU y portavoz del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. Carlos Sánchez Mato, responsable de Economía IU y concejal del Ayuntamiento de Madrid.