La Sagrada Familia, una piedra en el zapato del Ayuntamiento

La Sagrada Familia no ha sido un agente cómodo con el que tratar para el Ayuntamiento de Barcelona. No solo por la anormalidad de su construcción, sin licencia, sino porque planteaba la necesidad de afrontar el ordenamiento urbano y decidir qué pasaría con la manzana de la calle de Mallorca. Para que se cumplan los planes del templo, la construcción de una Rambla de acceso, que culminaría con una gran escalinata y un túnel sobre la calle Mallorca, sería necesario expropiar 150 viviendas. El edificio más importante es el de Núñez y Navarro que consiguió la licencia de una forma anómala en 1976, cuando se aprobó el Plan General Metropolitano.

Una de las primeras ocasiones en la que se vislumbró la posibilidad de expropiar fue en el primer mandato de Joan Clos (1999-2003) cuando desde el área de urbanismo se encargó a ProEixample que hiciera una propuesta de ordenamiento urbano y buscar un emplazamiento para reubicar a los vecinos afectados. Ese solar<CS8.7>, en la esquina de Lepanto con Mallorca,</CS> fue adquirido por el consistorio. El espacio, casi 20 años después, sigue libre. Aquel informe se quedó en un cajón municipal y no tuvo efecto. Entre otras cosas porque Ayuntamiento y Sagrada Familia se enfrascaron en un enfrentamiento mayor, el trazado del AVE por Barcelona.

La junta constructora del templo recurrió a los tribunales el túnel del tren por la calle de Mallorca alegando que pondría en riesgo al templo. La postura contó con el apoyo de una plataforma vecinal y, de forma especial, del grupo municipal de CiU que presidía Xavier Trias. La posición del templo fue considerada por el gobierno socialista como una resistencia al progreso de la ciudad. La decisión final la tuvieron los tribunales, que dieron el visto bueno al túnel como también lo hicieron dos especialistas de la UNESCO que intervinieron dado que la fachada del Nacimiento es Patrimonio de la Humanidad.

</CS>Esa batalla duró años en los que el Ayuntamiento llegó a formular algunas propuestas al templo como una que se llegó a discutir al más alto nivel. Fue en un encuentro en el restaurante La Camarga entre el entonces alcalde Jordi Hereu, el jefe de la oposición, Xavier Trias, el regidor de urbanismo, Ramón García Bragado, y el presidente del Patronato de la Sagrada Familia, Joan Rigol. A cambio de la paz y de que desistieran de las acciones en los tribunales, el consistorio propuso desviar el túnel ligeramente para que pasara por debajo del edificio de Núñez (más alejado de la fachada del templo), algo que implicaría el derribo del inmueble y la reubicación de sus residentes. Lo que planteaba el Ayuntamiento era facultar a la Sagrada Familia para que expropiara la finca y se hiciera cargo de recolocar en otros pisos a los vecinos previo cálculo económico de la operación. Un coste que estaba dispuesto a asumir el Ayuntamiento. De esa forma, el templo lograría tener libre y expedita la manzana de Mallorca para sus futuros planes. “No hubo acuerdo porque la Sagrada Familia no quiso”, resumen personas que conocieron aquel intento.

Con el túnel del AVE ya construido y los trenes circulando con normalidad, el consistorio volvió a dejar de lado el futuro del templo que crecía al ritmo que aumentaban los ingresos por sus visitantes. El último gobierno tripartito (2007 - 2011) de la ciudad no quiso hacer un planeamiento urbano para la manzana del templo y las obras siguieron como siempre, sin control de la administración. La inacción ha facilitado a la junta constructora saltarse la alineación de la acera en la calle de Mallorca y volverlo a hacer en la calle de Provença.

Durante el mandato de Xavier Trias (2011- 2015) consistorio y templo mantuvieron una comisión abierta en la se empezó a vislumbrar, también, como enfocar la operación de la calle de Mallorca, cuando la Sagrada Familia ya preveía que el conjunto de las torres y las edificaciones estarían concluidas en la segunda década de este siglo. Una vez más, no hubo ninguna a resolución. Y la Sagrada Familia continuó a lo suyo.