“El PSOE se repartió el 46,60%; el PP, el 39,27%; IU, el 6,15%”

La adjudicación de terrenos para construir vivienda era el mecanismo con el que se lucraban “todos los partidos (PP, PSOE, IU…); los sindicatos; los constructores…”, relata David Marjaliza en su declaración, el pasado 12 de julio, ante el juez que investiga el caso Púnica y a cuyos audios ha tenido acceso EL PAÍS. En este proceso, participaban varios actores: la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos donde se iba a hacer el desarrollo urbanístico, las grandes constructoras y los propios empresarios, como Marjaliza, que cita un mail “muy clarificador”. Este correo ilustra el mecanismo de la corrupción hablando sobre una “actuación” para construir 1.372 viviendas en Aranjuez.

—“Hay un consorcio y un número de viviendas. Están los grupos políticos y, para que nadie se queje, se reparten las viviendas proporcionalmente, en función del poder político que representa”, explica Marjalica. "El PSOE, que estaba gobernando, se repartió el 46,60%; el PP, el 39,27%; IU, el 6,15%; y los compromisos, el 7,92% (incluido CC OO y UGT). Estos porcentajes salen del acuerdo, cerrado con el alcalde de Aranjuez [el socialista Dionisio Ballesteros]”.

- “¿Qué quiere decir con reparto?”, pregunta el juez.

- “Cada uno sacaba los concursos de las viviendas que le habían correspondido. Había [otras] empresas con las que yo hablaba (los grupos constructores), que pagaban a los [políticos] que se las adjudicaban. Este mail [del que hablo] es de un año antes de que saliera el concurso; se reparte la tarta antes del concurso y en el reparto de comisiones no había distinción; era general”.

En esa actuación concreta, en base a su relato, Marjaliza se hizo con 78 viviendas. “Me adjudicaron de la parte del PSOE y pagué [de comisión] 200.000 pesetas por vivienda (unos 1.200 euros)”. “¿A quién pagó?”, cuestiona el juez. “A José Antonio Alonso Conesa [ex alcalde socialista de Cartagena e imputado en la causa como presunto conseguidor de la trama]”, responde Marjaliza. El ex político se encargaba, supuestamente, de cerrar el trato con el partido correspondiente.

El constructor relata que no había una tarifa estipulada, sino que cada grupo negociaba la mordida. “Le hablo de las comisiones que yo he pagado, no de lo que han hecho los demás. Pero supongo que todos lo han pagado”, explica el constructor. “¿Cómo sabe que el resto ha pagado?”, le interroga el juez. “Porque era vox populi”, responde, ”te decían lo que habían pagado, las comisiones que habían pagado en un pueblo o en otro. Era general”.