Las multas a clientes de prostitutas crecen un 43% en el último año

Las multas a clientes que contratan servicios de prostitutas han crecido un 43% en los últimos 12 meses, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid. Si en el primer año de vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, los agentes tramitaron 791 expedientes sancionadores, el número de expedientes en los últimos 12 meses se ha disparado hasta los 1.133. El polígono industrial de Marconi, en el distrito de Villaverde, es el que acapara la práctica totalidad de las infracciones detectadas por los agentes de Extranjería de la Policía Nacional.

Hasta la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, el 1 de julio de 2015, existía un vacío legal que impedía tomar cualquier medida contra los clientes. De hecho, la única medida contra ellos se basaba en pararles, hacerles bajar del vehículo y en pedirle la documentación. La reforma legal de hace dos años, propuesta al Ministerio del Interior por la entonces delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, hizo cambiar el panorama en el que se mueven los agentes.

La simple conversación con una prostituta desde un vehículo puede ser suficiente para tramitar un expediente por infracción grave a la ley mordaza. Esta recoge multas de entre 601 y 30.000 euros a los clientes que contacten con prostitutas en la vía pública. El principal foco de actividad en la capital se da en el polígono de Marconi, donde se calcula que ejercen esta actividad unas 400 mujeres de diversas nacionalidades: desde rumanas y rusas hasta colombianas y nigerianas.

La forma de actuar de la policía siempre es la misma. Utilizan coches camuflados para intentar pasar inadvertidos y pillar in fraganti a los clientes. La práctica totalidad del operativo recae sobre los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, según reconocen fuentes policiales. Uno de sus cometidos es luchar contra las redes de inmigración ilegal y contra la trata de personas. Los funcionarios patrullan por las calles del polígono, en especial en las que están sin naves industriales. Cuando ven que un vehículo se detiene junto a una mujer, le cortan el paso y le hace detenerse en un lateral. Le piden la documentación y tramitan el correspondiente expediente sancionador. Este es remitido a la Delegación del Gobierno en Madrid, que es la encargada de tramitar la sanción. En general, se pone la cuantía más baja (unos 700 euros) salvo que sea reincidente. A veces también se puede sancionar a la mujer, si va desnuda. En este caso tendrán que pagar 100 euros por haber cometido exhibicionismo. La cuantía se reduce a la mitad si pagan en el periodo voluntario.

Los agentes aprovechan muchas veces la sanción al conductor para informar a la mujer de que, si es víctima de una red de prostitución o de trata de personas, puede acudir a ellos para denunciarlo. Siempre se le guardará el anonimato y se le protegerá en el futuro.

Fuentes de la Brigada de Extranjería reconocen que el trabajo sancionador desciende en los meses de verano, mientras que el resto del año la actividad es constante. Las tardes (sobre todo desde el cierre de las empresas) y las noches son los periodos de mayor actividad. Ahí no importa que haga frío. Las mujeres encienden fogatas con palés para ser visibles a sus posibles clientes.

Respecto al tipo de cliente, los agentes reconocen que hay de todos los tipos. A Marconi acuden jóvenes, cuarentones y hombres de más edad. Respecto al poder adquisitivo, ocurre lo mismo. Así, basta con estar cierto tiempo para comprobar coches de lujo con matrículas muy recientes a otros más modestos. Tampoco faltan los trabajadores que van con sus furgonetas de trabajo antes de marcharse a sus domicilios. “Muchos de estos tendrán graves problemas cuando les llegue a casa la notificación de la sanción y tengan que explicar a su mujer que ha sido por estar con prostitutas”, recuerdan fuentes de la Brigada de Extranjería.