La Comunidad será acusación particular en el ‘caso Lezo’

La Audiencia Nacional ha aceptado que la Comunidad de Madrid y la empresa pública Canal de Isabel II se personen como acusación particular en el caso Lezo, que investiga una presunta trama corrupta encabezada por el expresidente regional Ignacio González. El auto, firmado el pasado 18 de agosto por el juez Fernando Andreu (de guardia en el Juzgado Central de Instrucción número 6), acepta que el Gobierno autónomo y el ente regional estén presentes como acusación en tres de las seis piezas separadas en las que se ha dividido la investigación, la 1, la 2 y la 5, es decir, las que les afectan directamente.

En la primera, se trata de aclarar si durante el proceso de expansión del Canal en Latinoamérica se produjo desvío de dinero público al comprar empresas por precios que estaban muy por encima de su valor real. La segunda pieza investiga la adjudicación en 2006 de la gestión del campo de golf del Canal en el barrio madrileño de Chamberí. Esta se entregó a un consorcio en el que participaban indirectamente familiares de González —su hermano y su cuñado— y los investigadores sospechan que el expresidente madrileño pudo llevarse comisiones.

Lavado de capitales

La última de las piezas en la que el Canal será acusación particular es la que se refiere a un presunto blanqueo de capitales e implica a numerosos miembros de la familia González. Este habría consistido en aflorar dinero de procedencia ilícita (las supuestas comisiones por comprar desde el Canal empresas a un precio muy superior al del mercado) y repatriarlo luego a través de trabajos ficticios de las sociedades que regenta el hermano de Ignacio González.

El caso Lezo saltó a la luz pública el pasado 20 de abril con la detención del expresidente Ignacio González (que hoy sigue preso en la prisión de Soto del Real) y otras 11 personas. Desde entonces, se han ido conociendo numerosos documentos y grabaciones (varios acusados tuvieron intervenidos los teléfonos) que apuntan a una gran trama de corrupción que salpica a más de medio centenar de personas, entre políticos, empresarios y trabajadores públicos. Las piezas de la causa que no afectan al Canal investigan presuntas irregularidades en la adjudicación a OHL del tren de Cercanías a Navalcarnero y en la gestión de la empresa pública Mercasa, así como una posible financiación ilegal del Partido Popular.