Ossorio y Victoria defienden que la compra de filiales no pasaba por el consejo del Canal
Los exconsejeros de Ignacio González han recalcado que Extensia se encargaba de los negocios en Latinoamérica
La compra de filiales latinoamericanas por el Canal de Isabel II no pasaba por su consejo de administración. Este es el argumento que han esgrimido este viernes en la comisión de investigación del caso Lezo en la Asamblea Enrique Ossorio y Salvador Victoria. Ambos formaron parte del ente entre 2012 y 2015 como consejeros del Gobierno de Ignacio González, encarcelado por esta supuesta trama de corrupción. Ossorio ha recalcado que Extensia, la empresa responsable de las operaciones en Latinoamérica, tampoco informaba al consejo de Gobierno. Era, ha dicho, una consecuencia de la forma en la que estaba articulado el Canal.
"He repasado las actas y no hubo información sobre Iberoamérica. Deberían haberlo hecho y probablemente no lo hicieron", ha afirmado Ossorio. El actual diputado regional del PP ha revelado que no le extrañó la compra de Emissao en noviembre de 2013 por 31 millones de euros cuando solo valía 5,5. "El Canal había comprado muchas empresas, 20 de las 29 que tenía estaban en Iberoamérica". De su adquisición tiene constancia, ha dicho, por un informe económico en julio de 2015. "Tuve que saberlo antes. Deduzco que fue en diciembre de 2014 porque firmo las cuentas".
Ossorio ha explicado que la dirección del Canal preguntó en julio de 2015 por qué iba mal esa empresa, que acumulaba pérdidas de 2,8 millones. "Se nos contestó que el Gobierno de Brasil no les pagaba por abastecer de agua a Río de Janeiro, se había devaluado un 50% el real (la moneda nacional) y que el gestor no estaba haciendo bien las cosas".
Ossorio, que era consejero de Hacienda con González, ha subrayado que no tuvo nada que ver con la expansión del Canal en América, algo de lo que se encargaba Extensia. Ha reconocido que tampoco el Consejo de Gobierno trataba aspectos relacionados con las compraventas. Además, ha confirmado que en julio de 2015 habló con el actual consejero de Presidencia, Ángel Garrido, para informarle de que la situación de esta empresa pública era "estupenda" y "daba dividendos", aunque le advirtió de que su filial brasileña, Emissao, generaba pérdidas millonarias que se iban a arreglar con el cambio de gestor. El diputado del PP ha restado importancia al papel que tuvo la actual presidenta, Cristina Cifuentes, cuando fue miembro del Canal en su etapa como delegada del Gobierno en Madrid. "Solo estaba por temas de seguridad”, ha reconocido Ossorio.
“Una rana más en la charca”
En su turno, Salvador Victoria, consejero de Presidencia entre 2012 y 2015, ha suscrito "literalmente" la intervención de su compañero en el PP. El que fuese número dos de González ha asegurado que estaba al margen de las operaciones en Latinoamérica porque no eran de su "ámbito competencial". Además, ha reiterado que no tuvo constancia de la compra de Emissao "hasta que salió en los medios de comunicación en julio de 2015". "Se carece de toda responsabilidad en cosas que no se han aprobado", ha insistido Victoria. María Espinosa, parlamentaria de Podemos, le ha acusado de ser "una rana más en la charca (de la corrupción)".
Otro diputado de Podemos, Miguel Ongil, ha valorado que la sesión solo ha servido para que el PP se cubra las espaldas. "Hoy ha quedado claro que toda la estructura societaria no respondía a ningún modelo de gestión, sino a una forma de ingeniería para hacer unas muñecas rusas en las que las responsabilidades políticas nunca llegaran a las capas más altas". Ongil también ha subrayado que la aportación más importante de Ossorio ha sido defender a Cifuentes y evitar "que parezca que hay alguna responsabilidad del consejo del Canal, que era el propietario de todas las sociedades, muchas en paraísos fiscales". Para Juan Lobato, del PSOE, llama la atención que Ossorio y Victoria no supieran nada. "Tenemos un caso de dejadez de funciones y responsabilidad". Y ha añadido: "Los que hablan de que son unos gestores impecables no tenían un modelo de gestión ni serio ni riguroso".
Ausencias y silencios
"El PP ha vuelto a demostrar cómo ha trabajado todos estos años. Parecía que estábamos hablando de otros países, cuando la realidad es que todos han sido compañeros de partido y amigos, pero nadie sabía lo que sucedía en la única empresa pública que daba beneficios", ha exclamado César Zafra, de Ciudadanos. Para el portavoz del PP, Juan Antonio Gómez Angulo, "las operaciones se hacían desde Extensia y no puede saltar ningún tipo de responsabilidad a los miembros del Canal". Sobre cómo este órgano gozaba de una autonomía para no tener que informar de sus movimientos al Canal ni al Gobierno, Gómez Angulo ha afirmado que esta facultad estaba recogida en una ley de 2008 y reformada en 2012.
Además de Ossorio y Victoria, este viernes debían declarar otras dos personas en la comisión Lezo. Ildefonso de Miguel, que fue gerente del Canal hasta 2009, se ha acogido a su derecho a no declarar por "imperativo legal", ya que está imputado por el caso. De Miguel, considerado estrecho colaborador de Ignacio González, fue detenido por la Guardia Civil y puesto en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros. Ha explicado que el carácter “secreto” del sumario le imposibilita hablar. La parlamentaria socialista Mercedes Gallizo le ha replicado que no contestar es "una forma de protegerse". Otro compareciente, José Manuel Serra Peris, vicepresidente del Canal de 2003 a 2013, no ha acudido a la sesión por un "error administrativo". Está previsto que lo haga en octubre, cuando se retome la actividad parlamentaria.
Una veintena de detenciones
La operación Lezo es la supuesta trama de corrupción del Canal de Isabel II. Se centra en el presunto desvío de fondos públicos efectuado con la compra de filiales en Latinoamérica a través de cuentas bancarias no autorizadas y ubicadas en paraísos fiscales. De estas adquisiciones se habrían beneficiado personas vinculadas al anterior Gobierno regional del PP. La investigación está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Hasta el momento ha habido una veintena de detenciones, entre ellas la del expresidente autonómico Ignacio González. Por este caso, además, han sido reprobados en el Congreso el número dos del Ministerio de Interior, José Antonio Nieto, y el antiguo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que impedió una serie de registros que afectaban al expresidente madrileño.
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