Los rectores se oponen a la reforma de Cifuentes

Primero fue la oposición en la Asamblea (PSOE, Podemos y Ciudadanos) quien mostró su rechazo a la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (Lemes) y ahora son los rectores de las seis universidades públicas quienes terminan de hundir el anteproyecto, que la presidenta regional Cristina Cifuentes está dispuesta a modificar. Lamentan en un documento conjunto, presentado el lunes a la Consejería de Educación, que no asegure por ley unas tasas universitarias bajas o las laxas condiciones para la apertura de campus privados.

Los rectores de las universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Carlos III, Alcalá, Politécnica y Rey Juan Carlos), agrupados en la Cruma, creen que es “pertinente” una reforma que “regule” los campus, pero rechazan de plano el anteproyecto de ley. En un documento de 38 páginas afirman que “el texto presenta carencias e insuficiencias, por lo que requiere cambios sustanciales”.

Cifuentes mantienen una buena relación personal con los rectores, a diferencia de sus antecesores Esperanza Aguirre e Ignacio González, que amagó incluso con bloquear las elecciones de la Complutense. Pero no ha sido impedimento para que estos le hagan llegar un texto contundente, aunque con su habitual tono medido y consensuado.

Un portavoz de Educación explica que estudiarán “con calma el contenido” de este documento, para “mejorar el anteproyecto de ley con las propuestas hechas, no solo de la Cruma, sino por sindicatos, partidos políticos, universidades privadas...”. Y destaca como positivo que la Cruma coincida en la necesidad de tener una ley universitaria regional como disponen en otras autonomías (Cataluña, Galicia, Andalucía o Comunidad Valenciana).

Lo primero que los rectores critican es que “no quedan claramente definidas” las tres misiones de la Universidad —docencia, investigación e innovación— y ello, a su juicio, deja espacio al “riesgo de un modelo de academia o college” basado en la enseñanza. Ya ahondó en esta idea el documento que un grupo de expertos elaboró para el ministro José Ignacio Wert, que planteaba la convivencia de campus punteros con otros solo dedicados a impartir clase. Una variante considerada anatema por todos los rectores.

Las universidades públicas, que suman 205.000 alumnos, lamentan también que la redacción del texto “está planteada más como regulación de las universidades públicas que del servicio público universitario”. Y les disgusta que, aunque se cita en repetidas ocasiones la palabra investigación, cuando se trata de una universidad privada —a las 10 madrileñas también se aplicará la ley— “apenas se incluye como requisito”.

Su carga contra los campus en manos privadas no termina ahí. Sostienen que para crear nuevos campus un “requisito imprescindible” debería de ser que ofertasen doctorados, “mientras que el texto lo deja en un simple nivel de promesa, sin aclarar que ocurrirá en caso de incumplimiento”. Además, les parece “claramente insuficiente” que tengan en su catálogo un mínimo de 10 grados. En los últimos años el Ministerio de Educación ha redactado informes desfavorables a nuevas instituciones que contaban con la aprobación del Gobierno regional.

Los rectores reclaman, asimismo, que se “explicite con claridad” que la Comunidad de Madrid “únicamente” va a financiar a los campus públicos, no a los privados o extranjeros. Además, aspiran a que la ley “haga referencia a la recuperación” de los presupuestos que manejaban las universidades antes de la crisis económica y exigen un capítulo específico de inversiones.

Los rectores quieren ahora que haya una “obligación” de convenios de financiación plurianuales porque “el texto actual, por el contrario, deja la puerta abierta a la Comunidad de Madrid para incumplir los compromisos”. En 2016 Cifuentes pagó 259 millones de euros en sentencias tras perder la Administración todas las demandas de los campus. Aguirre, siendo presidenta regional, pasó por alto lo firmado y no entregó a los centros el dinero acordado para inversiones y fueron hasta el Tribunal Supremo.

Las universidades públicas no se oponen a que se incentive la competencia para conseguir contratos-programas, pero pretenden que la financiación básica incluya el desarrollo de la carrera profesional de la plantilla

Desean, asimismo, saber de quién dependerán los centros de alto rendimiento y exigen “más claridad” con la figura de profesor visitante doctor. Además, les preocupa, que el anteproyecto, no se refiere ni al dinero destinado a becas ni a unas tasas y precios públicos “accesibles para el acceso y la continuación de la formación superior”.

En el meollo de la crisis, las tasas subieron un 62% en títulos de grado y un 124% en posgrado y aunque Cifuentes los ha bajado —un 15% y un 20% respectivamente— la diferencia en el bolsillo de los alumnos sigue siendo notable.